En conferencia de prensa realizada ayer en la sede de la Departamental Nacionalista, Mario García, presidente y Adriana Peña, vicepresidenta de esa institución expresaron su disconformidad respecto de la gestión del Ejecutivo Departamental liderado por el intendente Daniel Ximénez. Los temas centrales planteados fueron la reducción en el número de funcionarios, lo que consideran paralización de obras y servicios y deterioro de los derechos laborales, cierre de instalaciones como piscinas, y otros aspectos. Ambos aseguraron que la Intendencia Departamental de Lavalleja (IDL) fue entregada “saneada” y con recursos para obras por parte de Mario García.

FUTURAS TRES CONSECUENCIAS

Mario García manifestó su preocupación “fundamentalmente por la situación de la IDL, que como todos sabemos es el buque insignia en el que vamos todos. Hoy vemos una Intendencia que está parada sin obras y sin servicios. Realmente nos preocupa y la primera conclusión es que en derechos laborales se ha retrocedido más de 20 años. Los despidos que se han venido realizando, el prescindir, primero de funcionarios zafrales, y ahora en los próximos días de funcionarios contratados, marca a las claras que no se pueden cumplir las funciones que debe asumir una Intendencia. Históricamente, el número de funcionarios y de zafrales de la Intendencia ha sido prácticamente el mismo, entre 900 y 1.000 funcionarios, entre contratados y presupuestados y entre 450 y 550, zafrales, dependiendo de la época del año y de las tareas. Creo que hay que tener en cuenta que hay nuevos servicios que comienza a prestar una Intendencia, caso por ejemplo, que hay funcionando en el departamento cinco piscinas techadas que no existían hace cinco años, lo que requiere una carga adicional y nuevos recursos humanos. Ahí sí se contrata personal porque se necesita para un nuevo servicio que disfrutan todos los lavallejinos. Hoy tenemos hace ya más de un mes una de las principales piscinas cerrada (Parque Rodó) y todo esto está pasando porque no hay recursos humanos. Como en cualquier empresa, si se disminuye el número de funcionarios disminuyen las funciones que puede cumplir y es lo que está pasando en la IDL. Al respecto avizoramos, en un futuro no muy lejano, tres consecuencias que podemos calificar de muy preocupantes. La primera, que ya se está viendo, es la privatización de la obra y de los servicios, entre otros, recogiendo las hojas y limpiando el parque, que si no los realiza la Intendencia la debe hacer una empresa privada con un costo superior”. “Pasó en Solis, donde obviamente nuestros funcionarios perdieron ahí su viático, sus salarios y fueron desplazados de la obra que ya estaba planificada y en ejecución”, indicó.

RECURSOS ECONÓMICOS

Según García el Ejecutivo ya ha anunciado la solicitud de un crédito en el Banco República (BROU). “Nosotros tenemos la tranquilidad y el tiempo nos dio la razón, de que la IDL fue entregada saneada desde el punto de vista económico, con US$ 8.500 000 en caja y con una planificación de obras para los próximos dos años. Hoy ya se anuncia que se van a solicitar créditos en el BROU”.

Dijo que en esa línea parece inevitable “el aumento de impuestos, que también se ha anunciado y viene en esta rendición de cuentas; el aumento de la contribución inmobiliaria urbana, en donde, lamentablemente, le tenemos que decir a 9.000 vecinos que van a ver aumentada considerablemente su contribución”.

BLANCO SOBRE NEGRO

Según García, desde su administración hubo un compromiso con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM), “a terminar nuestro período con 950 funcionarios entre contratados y presupuestados. Llenamos las vacantes y terminamos con 958. No entiendo cómo se pretende terminar contratos de 140 funcionarios, que aclaro, que no es como se dice de que ingresaron en año electoral. Son funcionarios que tienen una antigüedad reconocida en la mayoría de los casos por la propia Intendencia, de muchos años que lograron su contratación cuando se generaron las vacantes y pudieron regularizar su situación pasando de ser funcionarios zafrales a funcionarios contratados. Es imposible cumplir las tareas de la Intendencia con 140 funcionarios menos. Incluso hoy se toma como un logro que no sean 300 y sean 140 los zafrales, las familias que quedaron sin su fuente de ingreso al principio del invierno. Todas estas cosas nosotros sentíamos la necesidad de aclararlas, de poner blanco sobre negro, que la ciudadanía sepa que estamos muy preocupados por la situación del departamento y por la situación de la Intendencia”.

Solicitó aclarar también “que hemos ofrecido el diálogo, reunirnos, buscar acuerdos y buscar caminos de entendimiento que nos permitan proteger las fuentes laborales de nuestros vecinos , y que la Intendencia se encamine al cumplimiento de las obras, muchas de las cuales estaban planificadas del período anterior”.

PROBLEMA DE TODOS

Para Peña, la Intendencia es “la empresa más grande que tiene el departamento, que le da oportunidades a todos aquellos que no tienen otro lugar donde tenerla, ya sea personas discapacitadas, madres de familia, pero que a su vez trabajan, hacen las obras y brindan los servicios. Creo que no es un problema hoy de las 130 familias que están siendo amenazados su contrato y que hace muchos años trabajan en la Intendencia. Es un problema en la sociedad de Lavalleja, porque esa gente que queda sin trabajo deja de volcar en nuestra sociedad, en nuestro comercio, el dinero que se les paga. Esto a cambio de tener que contratar empresas que por lo general ni siquiera son de Lavalleja. Entonces, este es un problema comercial, de las personas, de las familias y de algo que estamos trabajando desde hace un tiempo de salud mental. Hay que escuchar a la gente que hace 14 años trabaja como zafral, que recién tuvo la oportunidad de ser contratado porque hubo vacante, por ejemplo, por jubilación”.

DESAZÓN Y DESESPERACIÓN

Peña se dirigió al Ejecutivo, pero especialmente al intendente Ximénez. “Hay una increíble desazón y desesperación en la sociedad. Es una irresponsabilidad lo que se le está haciendo a la gente. Dura y francamente, no están tratando a los funcionarios municipales como personas, los están tratando como números, pero es gente con necesidades y es un pueblo el que está detrás de esta gente. Le hablo a la sociedad, si usted no tiene ningún familiar que esté o que haya trabajado en la Intendencia, no importa porque le va a golpear a usted también. También le hablo al Frente Amplio (FA), al partido. Le hablamos desde el Partido Nacional (PN), a la coalición de gobierno departamental, al Ejecutivo y también al partido. Cada vez que pasaba cualquier cosa, se oponían, siempre al firme, atrás de los funcionarios, ¿pero dónde están hoy? Hoy tendrían que estar presionando al intendente para que esos contratos de dos meses vuelvan a ser de un año y para que eche atrás esas resoluciones”.