Un millón de uruguayos están en el Clearing de Informes y 290.000 tienen la peor calificación crediticia de la Central de Riesgos Crediticios.

Esto significa que buena parte de los uruguayos -muchos de ellos, entre los más vulnerables desde el punto de vista socioecónómico- viven una especie de “muerte financiera”, ya que no pueden acceder al crédito, se les dificultan trámites que deberían ser casi rutinarios -por ejemplo, alquilar una vivienda- y no tienen posibilidades de acceder al sistema crediticio.

El país está lleno de personas que por muchas razones se atrasaron en algún momento en pagar cuotas de créditos asumidos y esa situación se transforma en una bola de nieve, porque al dejar de pagar se acumulan cuotas, intereses por mora y multas que terminan generando deudas imposibles de pagar, a menudo mucho mayores que el monto inicial recibido como préstamo.

Esto ocurre en el sistema bancario, tanto estatal como privado, y ocurre sobre todo con empresas financieras privadas especializadas en otorgar créditos al consumo “a sola firma” o con requisitos extremadamente simplificados, de manera que casi cualquier persona puede acceder a ellos. Estas suelen ser las empresas con intereses por mora y multas más altos de todo el sistema, generando deudas impagables y el registro de los deudores en el Clearing de Informes, de manera que esas personas suelen quedar por fuera del sistema financiero.

Actualmente se discute en el Parlamento un proyecto de ley para deudores de todo tipo. Se trata de un proyecto del Frente Amplio (FA) que busca coincidir con otro presentado anteriormente con Cabildo Abierto.

Hay esperanza de poder comenzar a discutir este proyecto a inicios de mayo. Al parecer hay consonancia y acuerdo en los partidos de la oposición en discutir el tema rápidamente, llegar a acuerdos y votar una ley que, para empezar, termine con prácticas usurarias de intereses abusivos. Aunque se han alzado voces de algunos legisladores advirtiendo que las empresas crediticias utilizan esas altas tasas “para poder cubrir los costos y financiar esos créditos”. Esperamos que no sea ése el espíritu que prime entre los legisladores, porque ya sabemos que las empresas financieras crediticias harán todo lo que esté a su alcance para mantener un sistema de créditos para el consumo que sin duda alguna condena a buena parte de la población a pagar intereses desproporcionados, abusivos y usurarios y, en última instancia, a la muerte financiera de cientos de miles de uruguayos.

Nos merecemos un sistema de créditos al consumo al servicio de la población, y no preferentemente -como parece ser ahora- al servicio de empresas que maximizan su lucro dejando por el camino a buena parte de los uruguayos.