A veces, a la inocencia la hacen trizas. Como un fino cristal, es destrozada. Imposible hacerla volver a su estado original. Sucede en el mundo y también ocurre aquí, a la vuelta de la esquina. Niñas, niños y adolescentes están expuestos a la explotación sexual. La crueldad de algunos adultos no tiene límites, valiéndose de vulnerabilidades ajenas y de asimetrías de poder, propias de sociedades con patologías indisimulables y códigos decadentes. Joaquín Barceló y Maite García, a quienes entrevistamos, son dos jóvenes y comprometidos profesionales que forman parte de la organización Gurises Unidos, la cual, en conjunto con el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU), detectó una decena de casos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el departamento de Lavalleja.

GURISES UNIDOS

Desde 1989, Gurises Unidos es una organización de la sociedad civil comprometida en la defensa de los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes, tanto a nivel nacional como internacional, desarrollando acciones de atención directa, monitoreo, incidencia y vigilancia de derechos para y con los niños, niñas y adolescentes, sus familias y las comunidades pertenecientes a los sectores más vulnerables.

Su misión es la de fortalecer los procesos democráticos que posibiliten el desarrollo integral de la niñez y adolescencia en tanto sujetos de derechos, en el marco de la defensa y promoción de los Derechos Humanos y especialmente de los derechos del niño/a y adolescente, establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Su visión es la ser una organización referente en niñez y adolescencia, coordinando con organismos públicos y con la sociedad civil en la generación y ejecución de programas y propuestas integrales para el abordaje de diversas situaciones que vulneran el ejercicio de los derechos y la integración social de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias, a nivel nacional y regional.

Joaquín Barceló es licenciado en Psicología y Maite García es licenciada en Trabajo Social e integran la organización. Hace un tiempo estuvieron presentes en una sesión de la Junta Departamental de Lavalleja (JDL). Es la dupla de profesionales asignada al departamento de Lavalleja como integrantes de Gurises Unidos, organización que hace más de 35 años que trabaja en relación a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Desde 2014 funciona un programa en comunión con INAU (Gurises Unidos en Ruta), dedicado a temáticas de explotación sexual. La organización se encarga de hacer el asesoramiento y el acompañamiento de las situaciones de explotación sexual que se detectan por parte de los equipos en el territorio, en este caso en el departamento de Lavalleja.

EL PROYECTO

«El proyecto cubre 10 departamentos del país, sobre el eje de la ruta 5 hacia el este -hasta Rivera-. Desde hace un tiempo trabajamos en Lavalleja. Cuando los equipos detectan situaciones de explotación sexual, nos convocan y nosotros participamos en el diseño de la estrategia de intervención, hacemos seguimiento y articulamos con las instituciones para dar respuesta a la situación», explicó Barceló.

FACILITADORES Y PERPETRADORES

Analizó que «cada departamento tiene sus características» relacionadas a esta temática, algunas de ellas «compartidas a nivel del territorio nacional», mientras que otras «son muy particulares de cada departamento, incluso hasta de las regiones». A modo de ejemplo, todo lo que tiene que ver con la frontera seca, «implica otra complejidad al momento de identificar y de abordar las situaciones de explotación sexual, o de presunción de explotación sexual, justamente por esa línea divisoria entre un país y otro, por la idiosincrasia de esas zonas, por ejemplo, donde hay un ir y venir de forma diaria, y está como bien mezclada o mestizada la identidad. Por ello la realidad es bien diferente», definió.

García, por su parte, expresó que las situaciones de explotación sexual «existen a nivel global». Por eso es tan importante precisar los términos y los conceptos. La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes «implica todo acto de naturaleza sexual que involucra a un adulto y a un niño, niña o adolescente, donde se configura una situación abusiva y donde, además, existe una retribución, ya sea en dinero o en especies. Esa retribución puede ser para la propia víctima o para terceros».

En el caso de menores no podemos hablar de prostitución sino de explotación sexual, «en la medida que entendemos que la responsabilidad de ese acto abusivo es del mundo adulto, no son niños, niñas y adolescentes que se prostituyen, sino que son explotados sexualmente y abusados».

En la explotación sexual hay diferentes roles. «Tenemos quien perpetra la situación, o sea, quien comete ese abuso directo», así como también a quienes la facilitan, «en la medida en que, por ejemplo, presentan al niño, niña o adolescente con el adulto, o que muestran su consentimiento para que suceda», explicó Barceló y agregó que generalmente los facilitadores reciben una retribución por la explotación sexual perpetrada contra niños, niñas y adolescentes. A ello deben sumarse las situaciones que ocurren en el ámbito intrafamiliar. Según datos del sistema de trabajo interdisciplinario e intersectorial, «hay una diferencia bien clara en las situaciones de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes que comúnmente tienen su engranaje, su raíz en el vínculo familiar, con el sistema familiar», prosiguió García.

Por lo general, «los perpetradores o los abusadores, están vinculados directamente a los niños», es decir que hay un conocimiento previo entre víctima y victimario, aunque en las situaciones de explotación sexual, «esto no es necesariamente así». Es decir, hay un montón de situaciones, casi la mayoría de ellas, «donde la adolescente o el adolescente, o el niño o la niña, no conocen previamente al explotador», generándose vínculos «mucho más complejos y donde sí puede ingresar quizás la figura de un familiar o de parte de ese sistema ampliado de familiar en la facilitación o en el conocimiento y la naturalización de la situación», complejizando las situaciones porque, «si bien hay una responsabilidad penal en el acto de la facilitación, existe una naturalización sobre el tema», lamentó Joaquín Barceló.

Cuando se habla de explotación sexual en un adolescente de 17, por ejemplo, «se empieza a ver de un modo diferente», interviniendo en ello las creencias sociales y la idiosincrasia predominantes. También hay que tener en cuenta la influencia de la sociedad de consumo para que algunas situaciones de esta naturaleza puedan concretarse. «Influye un montón y tiene que ver más que nada con el derecho de todos los adolescentes a poder hacer uso material de lo que hay a disposición a nivel de la sociedad y eso es usufructuado por los adultos», explicó la entrevistada, porque es el adulto quien lo utiliza para «perpetrar ese abuso sexual. Hay un universo de potenciales víctimas, un porcentaje de víctimas y no todas las personas caen en esas situaciones». La vulnerabilidad queda muy marcada en esos casos a partir de «factores predisponentes o contextuales que hacen que ciertos niños, niñas y adolescentes estén en una situación de mayor desprotección y vulneración. Todos quieren acceder a eso, pero no todos terminan siendo víctimas», complementó Barceló, ampliando: «No necesariamente por tener ciertas necesidades insatisfechas, los niños y adolescentes van a ser víctimas de explotación sexual».

Los entrevistados aclararon que no hay patrones, por cuanto «hemos visualizado que las víctimas son heterogéneas», más allá de que hay coincidencias en las edades y en el género de las víctimas. «La mayoría de las situaciones que se detectan son de adolescentes mujeres que tienen entre 14 y 17 años. Es la mayoría de las víctimas a las que se está pudiendo visualizar. No significa que no existan adolescentes o niños varones que sean víctimas de explotación sexual. Por el contrario, nosotros creemos que se trata de un problema de detección de esas situaciones».

La experiencia y el trabajo realizado demuestran que ha habido un crecimiento en la detección de casos, lo cual indica que anteriormente había un subregistro. Desde el equipo de trabajo se insiste en la importancia de la capacitación en el territorio porque, «en la medida en que podamos capacitar, sensibilizar a todos los técnicos, a la comunidad, a los adolescentes, permitirá que ellos tengan más herramientas para su protección y su cuidado. Sabrán a dónde ir y a dónde pedir ayuda».

En segundo lugar, los equipos técnicos y las personas que trabajan en el territorio de cada uno de los departamentos «debemos estar atentos a diferentes indicadores que son los que necesariamente nos van a decir, acá está pasando algo, acá hay que poner el ojo en una posible situación de explotación sexual». Entonces, ante una mayor detección, «nosotros podemos empezar a trabajar en mayor prevención», en el marco de una línea de trabajo ya resulta. Claro que, cuando llega la derivación, «el daño ya está hecho», por lo que deben concentrarse en el seguimiento de cada situación, «que involucra al dispositivo de garantía de derechos o de protección y por otro lado la línea judicial», donde se encargan de analizar si hubo antecedentes a ese nivel, el recorrido judicial que cada una de las víctimas tiene y también los referentes de las víctimas. En relación al dispositivo de protección y de garantía de derechos, «hacemos hincapié en analizar las estrategias a seguir», comentó la licenciada en Trabajo Social, Maite García. Estas dependen de la información recabada por la red de protección que conduce a la garantía de los derechos, «desde el derecho a la identidad hasta el derecho a la recreación y al uso del tiempo libre de los chiquilines». Aclaró que en las situaciones de violencia sexual «se habla de la reparación del daño». Es decir, «una niña, por ejemplo, que tiene que estar jugando y que fue explotada o abusada. ¿cómo volver atrás? Es difícil volver a un punto inicial. Hay algo de resignificar la situación internamente y de poder situar la trayectoria hacia otros lugares que sean garantes de derechos», añadió Joaquín Barceló, reconociendo que se trata de «situaciones muy complejas para la intervención» y que estas «son bien diferentes al igual que las víctimas». Por ello la heterogeneidad es la característica predominante en estos casos. «Cada uno de ellos tiene su particularidad, pero también existe un sistema institucional que nos marca ciertas pautas», expresó. El año pasado fue publicada la Guía Interinstitucional para el Abordaje de Situaciones de Explotación Sexual, la cual «contiene un primer mojón en la protección», retomó García. «Lo que siempre se va a priorizar es el acceso a la salud, a la educación, a la protección de la vida de forma integral», en el contexto de «un trabajo muy exigente y siempre intersectorial».

EN LAVALLEJA

En la reunión mantenida en la JDL, ambos plantearon que en Lavalleja se detectaron 10 casos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes a partir de los datos relevados por los equipos del sistema de protección, que derivan las situaciones al proyecto Gurises en Ruta.

«Eso implica una mirada concreta limitada», expresó García. «Lo que visualizamos en esta sistematización es que hay 10 situaciones detectadas de explotación sexual, donde la gran mayoría de las víctimas y sobrevivientes son mujeres adolescentes», lo que coincide con los datos relevados a nivel nacional.

En cuanto a las modalidades que más se identificaron se ubican «los actos sexuales remunerados y la explotación sexual en línea. En esta mirada más integral de la complejidad de la situación, visualizamos que varias de estas víctimas, además, están en situación de discapacidad intelectual. Eso nos ha llamado la atención en el diagnóstico que hemos realizado sobre el departamento. Es un desafío bien concreto para pensar la estrategia de intervención», reconoció.

Además, los denominados entornos digitales «se configuran como un espacio donde también se reproduce la violencia», un lugar en el cual «cada vez vemos más situaciones de explotación sexual, porque es un medio para la captación que utilizan adultos a través de redes sociales, de juegos en línea a través de los cuales contactan a niños, niñas o adolescentes de diferente forma», añadió Joaquín Barceló, quien agregó que en estos espacios se ejerce «manipulación emocional» y se «perpetúa la violencia», investigándose la huella digital para iniciar el rastro de estas situaciones.

«Estamos en proceso de comprender y profundidad cómo se configuran las situaciones de violencia en esos entornos digitales. No hay certezas de cómo se está dando la situación. Aprendemos mucho de los casos que ya fueron detectados, pero a nivel de la prevención está el desafío de ver cómo los abordamos también con los y las gurisas», aportó García.

SITUACIONES QUE ATRAVIESAN

Las víctimas son personas. Nunca un simple número que engrosa estadísticas. Cada una de ellas tiene su historia de vida, con sus virtudes y defectos. Soñaron vivir otra vida y no les será fácil reponerse. Por eso la contención y el seguimiento que pueda brindárseles será fundamental en su desarrollo post trauma. Nuestros entrevistados son dos jóvenes profesionales. Se nota el nivel de compromiso que tienen dentro de estas temáticas, que cada caso no es inocuo para ellos, sino que también les deja huellas muy marcadas. «Te atraviesa el hecho de ir viendo y conociendo cada una de las situaciones. Después uno entra en cierto ‘corte’. Para ser profesional, uno tiene que tener también sus propios espacios, su propio trabajo personal. De lo contrario, no se puede trabajar. La distancia es necesaria para poder pensar. Hay un concepto que se llama distancia óptima, que es hasta dónde voy y hasta dónde uno se involucra para poder pensar estratégicamente y para poder cumplir con el rol que uno tiene, en este caso para garantizar los derechos de los chiquilines o para poder pensar la estrategia para que ellos estén bien», respondió Barceló al respecto.

«Como decía Joaquín, es importante el trabajo personal de cada uno. Por ejemplo, el acceso a un espacio terapéutico o a un trabajo en equipo que sostenga, toda esa afectación que a una le genera poder repartir la tarea, poder conversar con el otro. Son niños, niñas y adolescentes y eso impacta mucho. El desafío que tiene este trabajo es el de nunca naturalizar estas situaciones. Una las ve todos los días y es muy importante no naturalizarlas, porque eso es lo que nos va a permitir intervenir. El trabajo con otros es indispensable para abordar estas situaciones humanamente, no solo institucionalmente», manifestó en la misma línea que su compañero Maite García.

Para contextualizar el tema es imprescindible emplear la terminología correcta. «Antes se hablaba de prostitución infantil, depositando la responsabilidad en el niño o el infante, dejando de lado la responsabilidad adulta de esos perpetuadores o de esos abusadores y explotadores. Que se empiece a nombrar de otra forma permite que la realidad se empiece a dibujar de otra manera», propiciando instancias de difusión y de intercambio tal como aconteciera recientemente en la Junta Departamental de Lavalleja.

RECURSOS NACIONALES Y LOCALES DE RESPUESTAS

  • Línea azul INAU: 0800 5050 (*5050) o https://www.inau.gub.uy/denuncias-linea-azul.
  • Dependencias de INAU en territorio: Washington Beltrán 580 Tel. 44433435. lavalleja@inau.gub.uy
  • Línea de denuncia Ministerio del Interior: 0800 5000.
  • Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol: 2030 4600 / 4626 4628
  • Línea de denuncia de situaciones de violencia de género: 0800 4141 (*4141).
  • Comisarías Especializadas en Violencia Doméstica y de Género.