Recientemente, el equipo de representación de trabajadores de la Administración Nacional de Educación Pública en el Consejo Directivo Central del consejero Julián Mazzoni Morosoli hizo público un completo informe a través del cual presentó un balance sobre la actividad desarrollada hasta el momento y planteó las perspectivas que maneja de cara al próximo año, dentro del complejo panorama por el que atraviesa la educación pública en Uruguay.

POLÍTICA COMUNICACIONAL

La apertura de la exposición correspondió al licenciado en Ciencias de la Comunicación Gonzalo Irigoyen, integrante del equipo, quien se refirió a la política comunicacional llevada a cabo, a través de la cual, además de informar, se «buscó generar espacios de intercambio con compañeras y compañeros de todo el país», junto a la planificación de prensa a nivel nacional y departamental. Destacó que, desde el equipo, también se trabaja en la «producción teórica, bajo los marcos conceptuales y políticos recogidos del colectivo docente que se expresa en las Asambleas Técnico Docentes, en los sindicatos, en otras formas de organización como asociaciones de asignaturas», manteniendo el foco «en los pronunciamientos del movimiento estudiantil».

Desde 2022, el equipo cuenta con una columna de análisis mensual en la diaria. Organizó encuentros y actividades de divulgación, conferencias y dos publicaciones bibliográficas: Emergencia Cultural y Transformación Educativa y Poder educador: disputas por la educación pública, en el marco de un trabajo de representación docente «anclado en el contacto con los colectivos docentes».

ASPIRACIÓN HISTÓRICA

Leticia Tellechea, profesora de historia, aportó que el diálogo con los protagonistas docentes reafirmó la aspiración histórica del 6% del PBI (Producto Bruto Interno) para la educación, «algo que no es antojadizo, porque se necesita de una fuerte inversión para atender las necesidades que manifiestan las comunidades», las cuales incluyen «preocupaciones por infraestructura, reformas mínimas, hasta la necesidad de un importante shock para infraestructura edilicia y la creación de nuevos centros a nivel del país, muy necesarios en algunas zonas».

Refirió también a «problemas acarreados en la alimentación», los cuales se aprecian en la mayoría de las comunidades y «que van a empezar a ser atendidos a partir de la implementación de los comedores, pero que no van a atender a la totalidad de las y los estudiantes». A ello sumó la necesidad de cargos, «sobre todo de tipo administrativo» y, en algunos casos, «la creación de grupos», para que estos sean más reducidos para así «atender mejor las particularidades de las y los estudiantes», junto con la creación de «equipos multidisciplinarios reales, que no sea un psicólogo compartido entre varias instituciones, que tiene que trasladarse y cuenta con muy pocas horas».

Tellechea mencionó también su preocupación por algunos temas vinculados a la salud mental, los cuales «se enfrentan de la manera que se puede, porque no somos los técnicos especializados» y poque «se necesitan equipos multidisciplinarios reales en todas las instituciones». Sumó el tema de los cuidados, al que deben hacer frente muchas estudiantes adolescentes en el seno familiar, tema que debe ser atendido para que no se desvinculen de sus trayectorias educativas.

FORMACIÓN EN EDUCACIÓN

La magister en Educación Fernanda Alanís centró su intervención en la formación en educación, «en un marco político, pedagógico y ético amplio». La conflictividad existente «es un síntoma, no una anomalía del sistema, no un problema en sí mismo, sino un síntoma de algo más profundo» que refleja tensiones acumuladas. Sostuvo que la transformación educativa «generó un rechazo muy amplio», ya que, entre otras cuestiones, «alteró de manera significativa la arquitectura institucional de la participación», a partir de una forma de gobierno «mucho más vertical, con una impronta tecnocrática, centrada en la gestión, en los dispositivos y en los resultados», lo cual tendió a «desplazar la dimensión pedagógica y política» de la educación en general.

Opinó que la formación en educación «dejó de ser pensada como un espacio de producción de pensamiento pedagógico crítico y pasó a ser tratada como un engranaje más de una reforma diseñada externamente», deslegitimándose los saberes producidos por la docencia, relativizándose el papel de las ATD y vaciando de contenido a los espacios de participación que estaban previstos por la normativa, todo lo cual «impactó negativamente en las posibilidades de desarrollo de la formación docente durante 2025».

Afirmó que no se trata «solo de un problema de gestión, sino que es un problema de raíz pedagógica y política», y reivindicó los espacios de participación docente y estudiantil.

Fernanda Alanís aseveró que «aquí se involucran derechos, condiciones laborales y trayectorias educativas» y que frente a esa realidad «percibimos un debilitamiento de las garantías y del debido proceso, sobre todo en este enlentecimiento que se genera desde lo burocrático». Cuestionó que en el periodo anterior se instalara «una especie de disciplinamiento que no desaparece de un día para otro, sino que requiere de acciones concretas como el levantamiento de sanciones o el archivo de causas».

Definió al presupuesto aprobado como «claramente insuficiente para la necesidad del sistema educativo y en particular para el sistema de formación en educación, que tiene graves problemas», optando por un ámbito más amplio de discusión que incluya, entre otras cuestiones, «la propuesta del PIT-CNT de gravar al 1% más rico para avanzar en la eliminación de la pobreza infantil. Es algo que aplaudimos, porque plantea una interpelación de fondo», subrayó.

Al finalizar su intervención, Alanís incluyó la dimensión internacional, «lo que vemos todos los días en las pantallas: guerras, masacres y genocidios transmitidos en tiempo real como si fueran una secuencia más de las pantallas. La masacre en Gaza interpela directamente a cualquier proyecto educativo que se asuma desde los Derechos Humanos», ya que «no se trata solo de una posición geopolítica, sino de una pregunta ética fundamental: ¿cuáles son las vidas que importan? ¿Cuáles se lloran? ¿Cuáles se naturalizan como daño colateral?»

«Desde nuestro equipo -continuó- hemos aprendido el valor del nunca más, de la memoria como construcción colectiva y como defensa irrestricta de los Derechos Humanos. Y hemos aprendido que los genocidios no empiezan de un día para otro, sino que se construyen cuando se deshumaniza, cuando se relativizan los derechos y cuando se naturaliza la violencia. Es por eso también que hemos trabajado en la recuperación de la memoria del genocidio armenio para poder realizar una interpretación correcta de lo que está pasando hoy en día».

DECEPCIÓN PRESUPUESTAL

A continuación, el profesor Julián Mazzoni, consejero electo por el orden docente, trazó su balance sobre el 2025 y compartió perspectivas respecto al año que acaba de iniciarse.

El docente coterráneo consideró que el año pasado el tema central estuvo dado por la discusión presupuestal «para todo el país y particularmente para la educación pública». Expresó que el CODICEN, «con nuestro apoyo, elaboró un proyecto de presupuesto quinquenal considerando la posibilidad de llegar al 6% del PBI para la educación pública y particularmente en ese caso llegar al 4% para la ANEP», propuesta que «no fue contemplada en el mensaje del Poder Ejecutivo. Al analizar los números finales tras las reasignaciones, el presupuesto, en valores constantes, es el mismo que había». Por lo tanto, «las posibilidades de avanzar rápidamente en las necesidades que tiene la educación están muy limitadas», enfatizó.

Reconoció que «se priorizan algunos asuntos que antes no se priorizaban», aspecto «en el que estamos de acuerdo, pero tenemos que señalar claramente que ha decepcionado la expectativa que el conjunto de los docentes del país tenía con los cambios políticos que se produjeron en el año 2024. Hay que decirlo así, sin dramatizar. Es una realidad a la cual nos tenemos que enfrentar».

Otro aspecto que generó expectativa fue el de la revisión de la transformación curricular integral. «Se generaron unas comisiones, participaron las asambleas técnico-docentes, equipos de planeamiento, se llegó a algunos acuerdos -a nuestro juicio insuficientes-, las asambleas técnico-docentes hicieron planteos mucho más profundos, pero bueno, hubo algunos avances», analizó.

Sobre modificaciones de los reglamentos de evaluación y al pasaje de grado, planteó como central el tema de la asistencia porque «no se puede aprender si no se va a clase». Sin embargo, «tenemos reglamentos de evaluación y de pasaje de grado extremadamente permisivos respecto a la asistencia y también sobre las exigencias».

Aseveró que el conjunto de las expresiones colectivas de los docentes «está muy preocupado por este tema, ha hecho planteos y se llegó a algunos acuerdos que no se han concretado. Esperemos que se puedan concretar para que se inicie el nuevo año con claridad de cómo se va a evaluar», ya que «es muy difícil planificar un curso si no se tiene claro cuáles son los criterios de evaluación», citó Julián Mazzoni.

PARTICIPACIÓN

Confió en que se logre avanzar en el proceso de participación e intercambio «que han generado las nuevas autoridades y los subsistemas también posibiliten una elección de horas mucho más adecuada a la de los años anteriores». Reconoció avances en ese sentido y confió en que «el inicio de cursos sea adecuado», más allá de que «no compartimos totalmente los calendarios propuestos». Lamentó que «no se hayan elaborado en el ámbito de la discusión bipartita, porque los calendarios tienen que ver con las condiciones de trabajo. No se consideró y eso nos llevó a abstenernos en la votación de los calendarios».

INTENSO 2026

Mazzoni vislumbra un año de intensa actividad, en el que incluyó «la discusión de la transformación curricular integral y especialmente el marco curricular nacional, que no se ha tocado y que a mi juicio es el documento central de la transformación educativa».

En el transcurso de abril se realizarán las elecciones de las asambleas técnico-docentes, las cuales «van a marcar el termómetro del estado de ánimo de los docentes respecto a las propuestas pedagógicas porque, en realidad, cada elección de una asamblea nacional técnico-docente expresa las corrientes que los docentes están manejando y que están proponiendo. Por ello es una elección importante», valoró.

Luego será el turno de la elección de los consejeros del CODICEN, «y si es que se avanza y se aprueba el proyecto de ley devuelva a los consejos desconcentrados con representación docente. Esperemos que, simultáneamente con esto, haya elecciones para representantes en todos los consejos: primaria, secundaria y educación técnico-profesional, porque, afortunadamente, en el Consejo de Formación en Educación se conservaron las representaciones».

A su vez, se estará realizando la convocatoria para el Congreso Nacional de Educación «Misiones Socio Pedagógicas», instancia frente a la cual, «según sabemos, en febrero se convocará a la Comisión Organizadora, de 39 miembros, en la cual habrá representación sindical, y a fines de año se estará realizando el congreso».

En su caso particular, Mazzoni confirmó que en febrero de 2027 entregará el cargo para el que fuera electo por sus pares a los nuevos consejeros electos.

«Es un año crucial para la educación pública. Trabajaremos para que las rendiciones de cuentas permitan revertir la situación compleja desde el punto de vista presupuestal que nos ha dejado la aprobación del Presupuesto Quinquenal, porque si uno analiza, desde el punto de vista del valor constante es el mismo que teníamos y en un contexto, aunque sea pequeño, de crecimiento del PBI, lo más probable es que no solo estemos lejos del 6% del PBI sino que descendamos la relación actual entre el presupuesto de la educación pública y el PBI. Esto es grave porque es lo contrario a lo que se le propuso a la ciudadanía en el programa», manifestó el Julián Mazzoni, consejero electo por los docentes.