La interpelación parlamentaria al ministro de Ambiente Edgardo Ortuño promovida por la oposición y fundamentalmente por el Partido Nacional (PN) fue, al igual que la anterior realizada al ministro de Ganadería Alfredo Fratti (sobre la compra de una estancia por parte del Instituto de Colonización, INC), accidentada, aunque esta vez no haya llegado a los insultos.

La parte “accidentada” de la última interpelación a Ortuño tuvo que ver con su resolución, ya que una parte de la oposición, Cabildo Abierto (CA) terminó presentando una moción propia, que llama al gobierno a avanzar “rápidamente” en la concreción de las obras que garantizarían el acceso al agua potable para la zona metropolitana por los próximos 40 o 45 años.

Rebobinemos.

En la transición del gobierno del Frente Amplio (FA) al de Luis Lacalle Pou, en en el año 2019, el entonces presidente Tabaré Vázquez entregó al presidente electo Luis Lacalle Pou una carpeta con los detalles de la obra de la represa de Casupá, que con un financiamiento internacional ya aprobado garantizaría el acceso al agua potable de buena parte de la población del país (más del 60%) por al menos 40 años. Esta obra, la represa de Casupá, junto con otras anexas (una planta potabilizadora complementaria en Aguas Corrientes y otras) no eran producto de un capricho del gobierno de Tabaré Vázquez. Eran producto de estudios de especialistas nacionales e internacionales que llevaron décadas. En 1970 un grupo de especialistas, en un completo estudio financiado entonces por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), llegó a la conclusión de que la solución más factible y eficaz para resolver el problema del acceso al agua potable de la población metropolitana del país era la construcción de una represa de respaldo en Casupá, junto a otras obras anexas. Y aquí hay un primer elemento importante: la construcción de la represa de Casupá como solución al problema no fue un “invento” del Frente Amplio, que sería fundado como partido político recién en 1971. Segundo: el proyecto de la represa de Casupá siguió en el 2020, ya con el gobierno de Luis Lacalle Pou, un proceso normal, y en mayo de ese año las autoridades de OSE en el gobierno del PN continuaron con el proceso para comenzar la construcción de la represa de Casupá.

Hasta mayo del 2020.

Entonces cambió todo.

Fue desde entonces que surge un consorcio privado, que propone un multimillonario y costoso “Proyecto Neptuno” para potabilizar agua salobre del Río de la Plata en Arazatí. Este proyecto, que surge casi de la nada, fue inmediatamente apoyado calurosamente por el gobierno nacionalista, que olvidó completamente la represa de Casupá. Tan calurosamente fue apoyado que poco antes de abandonar el gobierno, ya con un nuevo presidente electo (Yamandú Orsi), el Ejecutivo de Luis Lacalle Pou firmó un contrato para concretar el Proyecto Neptuno, semanas antes de terminar su mandato.

¡Una idea revolucionaria, potabilizar agua del Río de la Plata!

En realidad, no. La misma idea fue analizada en el estudio del BID… en 1970.

Y fue descartada ya entonces por cara, ineficaz y probablemente inviable, ya que no resolvería el problema del acceso seguro, continuado y a precios adecuados al agua potable.

El Proyecto Neptuno le habría costado al país, aún sin entregar un sólo litro de agua a OSE, entre 46 y 48 millones de dólares anuales, sólo por existir y estar disponible.

Casupá, Arazatí y el Proyecto Neptuno merecen un análisis más extenso y profundo.

Lo que ocurrió en la interpelación es que el PN y el Partido Colorado (PC), en su apuro por aprobar una moción que rechazara las explicaciones del ministro Ortuño sobre la suspensión definitiva del Proyecto Neptuno (a todas luces inútil, ineficaz y muy caro) y la reactivación de Casupá, decidieron apoyar una moción de Identidad Soberana (IS) en ese sentido, sin coordinar con el otro socio, Cabildo Abierto. Este, ya molesto con sus socios, presentó su propia moción pidiendo acelerar los trámites para concretar la represa de Casupá, moción que por supuesto fue apoyada calurosamente por los legisladores del Frente Amplio. Eso significó 50 votos en 99 para la moción de CA.

Y significó enojo de blancos y colorados con los cabildantes. Y eso significó a su vez que CA anunciara que revisará su apoyo a la comisión preinvestigadora sobre la compra de la estancia María Dolores por parte del INC, un subproducto de la interpelación anterior al ministro Fratti.

O sea: para que la Coalición Republicana (CR) funcione como un bloque en este tipo de instancias, será necesario aceitar sus mecanismo de coordinación y decisión. A todas vistas, a los cabildantes no les gusta que los lleven a los ponchazos.