Desde hace al menos semanas se conocen nuevos detalles del negocio que el Estado uruguayo -el gobierno anterior- hizo con el astillero español Cardama para la construcción de dos buques patrulleros oceánicos, por un costo aproximado de US$ 100 millones.

Y cada día que pasa se conocen detalles de este negocio ruin, ruinoso y perjudicial para nuestro país.

Ahora, cuando hay instalados en el astillero español dos capitanes de navío uruguayos como inspectores, se comienza a tener nuevos detalles, con los informes que envían estos oficiales enviados por el Ministerio de Defensa: Cardama se inscribió ante el Estado español para poder construir estos buques sólo horas antes de la llegada de los inspectores uruguayos. El contrato original no se firmó con las garantías notariales necesarias. El astillero no tiene capacidad para la construcción de ambos buques al mismo tiempo, como estaba establecido en el contrato. Cardama nunca antes había construido barcos de este tipo (algo que ya se sabía mucho antes de firmar el contrato, en el gobierno anterior). La soldadura de las partes del buque en construcción no cumplieron con los requisitos de control necesarios para asegurar su calidad. Los plazos de construcción nunca se cumplieron. Un desastre completo, según los inspectores uruguayos, que recomiendan anular si es posible o renegociar completamente el contrato, por el que nosotros, los uruguayos, ya hemos pagado US$ 28 millones. Vale recordar además que el último pago se realizó ya con el nuevo gobierno asumido, pero ocultando la información del pago a la ministra de Defensa. Esta se enteró y arrestó a rigor al excomandante de la Armada y a dos contralmirantes, por la sencilla razón de haberle mentido. Inaudito, casi una caricatura. Escandaloso.

Y si bien esto podría ser motivo de bromas, burlas y cobro de facturas políticas (¿y penales?) al exministro de Defensa, Javier García, principal responsable de este negocio al menos oscuro pero claramente ruinoso, en realidad el tema es mucho más importante que un exministro y un negocio perjudicial para nuestro país.

Uruguay nunca tuvo patrulleros oceánicos. ¿Y para qué querríamos ahora estos buques tan costosos, en un país que por ejemplo tiene una pobreza infantil galopante?

Pues porque una de las principales riquezas que tiene el Uruguay es su plataforma marítima.

La plataforma marítima de Uruguay se refiere a la extensión de territorio bajo jurisdicción uruguaya en el océano Atlántico, incluyendo el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Se trata de un área mucho mayor que el área terrestre de nuestro país, que cuenta con incalculables riquezas pesqueras, además de probables yacimientos de gas y petróleo. Gestiones de sucesivos gobiernos llevaron a que, desde el año 2011, las Naciones Unidas (ONU) analicen un pedido de Uruguay para extender su soberanía y control más allá de las 200 millas marinas, hasta alcanzar las 350 millas.

Ese inmenso mar requiere, para empezar, de capacidades específicas para poder controlar y vigilar como se debe y necesita esta área que ya tenemos como nación, y el área ampliada que es probable las Naciones Unidas apruebe se integre a nuestra soberanía.

Sin buques patrulleros oceánicos, esa soberanía sería papel mojado, ya que seríamos -de hecho, lo somos actualmente- incapaces de vigilar esas aguas como es necesario. Dos buques patrulleros modernos, aunque costosos, significan una inversión imprescindible para que nuestra Armada pueda cumplir con esa labor.

Y esta chapucería de negocio que hizo el gobierno anterior, mandando construir estos tan necesarios buques a un astillero sin capacidad ni antecedentes ni experiencia algunos, pone en peligro una política de Estado (la de defensa de nuestro mar territorial y extensión de nuestra soberanía hacia el Océano Atlántico) que ha sido desarrollada por sucesivos gobiernos, de los tres principales partidos. Porque el gobierno de Luis Lacalle Herrera también trabajó en este sentido.

Más allá de que se descarte que hayan existido en el negocio pago de comisiones ilegales (“coimas”, se llaman), lo que existió sin duda fue chapucería, incapacidad y debilidad política: varios astilleros de diferentes países del mundo, con vasta y larga experiencia en este terreno, se presentaron a la licitación gubernamental inicial. Todos fueron rechazados, incluyendo la oferta más barata de un astillero estatal de China, que ha construido decenas o cientos de estos buques. Este último astillero habría sido descartado luego de fuertes presiones del gobierno de Estados Unidos, que no quería de ninguna manera que Uruguay tuviese buques patrulleros chinos, aunque fuesen buenos y baratos. Si fue así, sería un episodio penoso, de república bananera.

Con este ruinoso negocio, sus responsables, tanto civiles como militares, deberían, necesariamente, hacerse responsables penal y políticamente. Por el daño y perjuicio que han causado al país.