Vivimos en un departamento bendecido por nuestras bellezas naturales. Con gente maravillosa. Y con problemas creados por nuestros políticos, muy difíciles de resolver.

Somos el departamento con mayor cantidad de funcionarios municipales respecto a la población, en todo el país. Y en el último ciclo electoral fuimos el departamento donde la intendencia más incrementó su plantilla en año electoral (+12%). En el 2025 el 98% de los ingresos a la IDL fueron por designación directa.

Todos estos, ¿son problemas? Al parecer para muchos políticos no, porque nunca se refieren al tema, o porque han sido los responsables de esta situación, o porque la heredaron y nada hicieron para cambiarla, o porque la empeoraron.

Para nosotros sí lo es, sí lo son. Tener a tantos funcionarios municipales respecto a la población implica inevitablemente, porque la recaudación está ligada en general al tamaño de la población, que una parte muy importante de los ingresos se irán en pagar salarios. Y es eso exactamente lo que ocurre en Lavalleja: los ingresos “genuinos” de la IDL (por Contribución Inmobiliaria y Patente de Rodados) se van íntegramente en el pago de salarios, o no alcanzan a cubrir ese gasto. Para hacer inversiones, tan necesarias, dependemos inevitablemente de los aportes que llegan del gobierno central.

El gobierno del Frente Amplio (FA), ¿podría haber cambiado drásticamente estos problemas, por ejemplo el de los ingresos a la IDL por designaciones directas? Claro que sí. Al asumir, el año pasado, simplemente podría haber decidido que ningún contrato por designación directa se renovaría, y que todos los cargos -incluyendo los zafrales- se llenarían por concurso o sorteo. Entre otras cosas porque así lo define una ley aprobada en diciembre pasado. ¿Por qué no lo hizo? Una de las razones fundamentales -lo sabemos luego de haber hablado con varios altos jerarcas actuales de la IDL- fue por razones humanas y sociales, para no dejar sin trabajo a muchas personas humildes. Esa fue una de las razones por las que ese brutal 98% de ingresos directos en la IDL se mantuvo en el 2025.

Pero a la larga o a la corta, con este gobierno o el que venga después, este problema deberá ser resuelto. Porque no debe haber más criterios para obtener un trabajo en el Estado que la capacidad para realizarlo mejor que cualquier otra persona (para eso están los concursos) o, en caso de trabajos que no requieran formación ni especialización, por azar, con sorteo.

Pero no es fácil resolverlo. Porque cesar a todos los zafrales y contratados directamente (que es una forma de resolver el problema) puede ser muy cruel, con mcuhas personas y familias en situación de vulnerabilidad.

También puede haber otros casos de designaciones directas, que quizá no derivan de situación de vulnerabilidad alguna. Quizá haya gente que ingresó a trabajar a la IDL porque era pariente/amigo del jerarca adecuado y obtuvo un cargo, por el que está cobrando, quizá haciendo poco o nada y/o sin tener capacidad alguna para hacer esa labor, si es que hace alguna.

Sea cual sea la situación, es evidente que el 98% de designaciones es un problema serio, que se mantiene y que tiene difícil solución. Y que, si subsiste, hasta puede significar problemas legales para el gobierno departamental, porque ahora hay una ley que regula esos ingresos y que establece un máximo de 4% de ingresos directos a la función pública. Lejos, muy lejos del 98% que tristemente ostentamos.