El panorama del trabajo en Lavalleja debe ser analizado en el marco de un largo proceso de deterioro. Hoy son 59 las familias afectadas por el cierre de la planta de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC). La pérdida de puestos de trabajo y la precariedad de las condiciones laborales se ha sufrido en varios capítulos, determinando, entre otras cuestiones, el descenso poblacional registrado censo tras censo. En Primera Página Dominical rememoramos el conflicto de la cantera, un antes y un después para muchas familias del departamento.

Lavalleja ha padecido el cierre de históricas industrias extractivas. La clausura de Mina Valencia generó un impacto tremendo en la comunidad. Algunos de sus trabajadores, con el transcurso del tiempo, terminaron recibiendo migajas de lo que les correspondía.

SUNCA: HUELGA GENERAL

En el mes de mayo se cumplieron 33 años de una de las gestas más importantes del movimiento sindical uruguayo: la huelga general del SUNCA (Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos), una medida histórica que marcó un antes y un después en la defensa de los derechos laborales.

En 1993, bajo el gobierno de Luis Alberto Lacalle de Herrera y a partir de una fuerte orientación neoliberal, el Ejecutivo decidió no convocar a los Consejos de Salarios. Desde la perspectiva de los trabajadores, esta decisión significó un intento directo de anular la negociación colectiva, dejando a cientos de miles de trabajadores sin posibilidad de discutir sus condiciones laborales y salariales.

El SUNCA, con unidad y firmeza, respondió en una Asamblea General multitudinaria realizada en el Palacio Sudamérica, y resolvió declarar una huelga general nacional. La respuesta fue inmediata: movilización masiva al Palacio Legislativo y represión policial.

La huelga comenzó el 31 de mayo de 1993, a las 12:00 horas, y duró 84 días. Fue la más larga en la historia de la construcción. Durante esos meses se organizaron fogones en todo el país, espacios de resistencia y solidaridad y se creó una estructura de delegados coordinados por el Comité de Huelga que mantuvo viva la lucha.

El apoyo del PIT-CNT, del pueblo uruguayo y de organizaciones internacionales fue clave. Pero lo más importante fue lo conquistado: se defendió la negociación colectiva; se firmó un nuevo convenio salarial; se creó el Fondo Social de la Construcción; se lograron avances como el FOSVOC (Fondo Social de Vivienda para Obreros de la Construcción) y el reconocimiento formal de delegados sindicales, gremiales y de seguridad. «A 33 años, el SUNCA honra esa historia. Su legado vive en cada compañero y compañera que construye el presente sin olvidar el camino recorrido. Porque cada vez que alguien ve un casco amarillo, sabe que ahí está el SUNCA», se afirma desde la organización sindical.

CANTERA VERDÚN

Transcurría el año 1997 y un fallo del doctor Alejandro Recarey resultaba favorable a los intereses de los trabajadores de Cantera Verdún, quienes habían sido despedidos en 1995.

Dos años antes, los trabajadores organizados fueron convocados a una reunión con la patronal, en Montevideo, con la finalidad de analizar las nuevas formas de trabajo en base a una reestructura que la empresa quería imponer, referida a la polifuncionalidad, a la tercerización y a cursos de capacitación.

Previo a la reunión, la patronal argumentaba que existían convenios para reubicar a los trabajadores, apuntando también al retiro voluntario. El convenio salarial establecía que los trabajadores no podían solicitar aumento de salarios. Al momento del despido, la patronal denunció que los trabajadores no respetaron el convenio, siendo que no reclamaban aumentos en sus remuneraciones, sino poder discutir sobre los alcances de la reestructura propuesta, que involucraba el tema de los niveles.

REUNIÓN CON LA PATRONAL

Los trabajadores de Cantera Verdún concurrieron a la reunión en la Bolsa de Comercio de Montevideo. Lo hicieron acompañados por Eduardo Fernández, secretario del PIT-CNT y presidente de AEBU (Asociación de Bancarios del Uruguay) en ese momento.

En el encuentro, Heller, presidente de Cementos Avellaneda, les dijo: «Tengo el placer de entregarles la carta de despido». Fueron 17 los obreros despedidos en Minas y 16 los que corrieron la misma suerte en Montevideo.

A partir de ese momento, los trabajadores se trasladaron al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Entre los despedidos, figuraba la casi totalidad de los dirigentes del sindicato. Denunciaron la situación ante el director de Trabajo de la época, Ignacio Mangado. Comprendieron que se trataba de una acción premeditada en el marco de una clara persecución sindical, teniendo en cuenta que la empresa, en 1980, contaba con 125 trabajadores.

«No solo se destruyó al sindicato, sino a una importante fuente de trabajo establecida desde comienzos de siglo (XX). Estos extranjeros que vinieron a establecerse traen todos los adelantos. Con la nueva tecnología, el peón no existe», sostenían los trabajadores, exponiendo que en ese proceso hubo complicidad del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del directorio de ANCAP de la época.

«Se les abrió las puertas a los catalanes para que pudieran instalar su tremenda fábrica. Produce 500 mil toneladas anuales de cemento. Cumple con las necesidades de todo el Uruguay y les va a dar para exportar. Esto no le sirvió a ANCAP, al contrario, porque no va a poder seguir bajando los precios en la feroz competencia», denunciaban, anticipándose a lo que terminó ocurriendo.

CONSECUENCIAS

En este proceso, promediando la década del ’90, los trabajadores perdieron su fuente laboral y sus familias padecieron un clima de nerviosismo y de incertidumbre constante. Como dato que grafica esta situación, luego de una reunión mantenida en Montevideo, mientras manejaban, los trabajadores, abrumados por la situación, se durmieron y estuvieron a punto de perder la vida en la carretera. «Para el entorno familiar fue un golpe tremendo y un gran golpe para el sindicalismo», valoraban.

El conflicto resultó una experiencia traumática. Los trabajadores denunciaron «atropellos de todo tipo», por cuanto «la empresa invadió el ámbito familiar con sus cartas de amenaza para presentarnos», siendo que estaban amparados en su derecho de huelga, pero a la vez «desprotegidos por los actores políticos del departamento» en aquella instancia. «Si no hubiera habido tanta pasividad, no hubiéramos sido despedidos. Al menos se hubiera cobrado lo establecido en el convenio de estabilidad que se firmó», reclamaban los trabajadores, quienes sintieron que «fuimos víctimas de un atropello, de una cuestión fraguada de antemano para que la empresa pudiera seguir con sus planes sin ‘problemas’ sindicales, con gente a su imagen y semejanza». Como se aprecia, cada vez que las empresas plantean una reestructura en su funcionamiento, los puestos de trabajo están en peligro o, en el mejor de los casos, las condiciones laborales se precarizan y los derechos conquistados son borrados de un plumazo. La situación actual del trabajo en Lavalleja no es novedosa. La circunstancia que les toca padecer a los trabajadores de la planta Minas de FNC forma parte de un largo y penoso glosario que viene a explicar el presente y que amerita que como sociedad reaccionemos. Ojalá ya no sea demasiado tarde…