El miércoles comparecieron ante la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados la intendenta en funciones de Lavalleja, Arianna Bentos, junto al presidente de la Junta Departamental de Lavalleja (JDL) Mauro Álvarez, el asesor letrado de la JDL Julio Serrón y el director de Jurídica de la Intendencia de Lavalleja (IDL) Ramiro Prieto, por un recurso presentado por ediles del Partido Nacional (PN)  y colorados (PC) del departamento para que se anule la resolución para la colocación de una Placa de Memoria frente a la sede del Batallón de Infantería Nº11 en Minas. Esta Placa de Memoria lleva el texto “Este edificio del Batallón de Infantería Nº11 fue centro de Detención y Tortura entre 1968 y 1984. Nunca más terrorismo de Estado. Ley 19641”. Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria. Comisión Sitios de Memoria de Lavalleja.

El pasado 29 de mayo, en un acto en el que participaron centenares de personas, la placa fue colocada frente a la sede del Batallón de Infantería Nº11, en el cantero central de la Avenida Artigas. La Comisión de Sitios de Memoria de Lavalleja decidió colocarla allí para que tuviese más visibilidad por parte de las personas que pasan por allí, respecto a la que habría tenido si la placa se colocase en el predio del mismo cuartel. De haber colocado la placa en el propio cuartel no  habría sido necesaria la intervención de las autoridades departamentales, ya que según la ley 19.641 habría bastado con una resolución del Ministerio de Defensa.

Los ediles que presentaron los dos recursos para anular la decisión afirman que se necesitaba en la Junta Departamental de una mayoría especial de 21 votos para aprobar la colocación de la placa ya que se trataría de un “monumento” y según las leyes y reglamentaciones vigentes se requiere de una mayoría especial en la Junta para la colocación de estatuas y monumentos. El presidente de la Junta, junto al resto de los ediles del FA, el asesor letrado de la Junta, el director de Jurídica de la IDL y v arios juristas constitucionalistas consultados, dicen que al no tratarse de un monumento sino sólo de una placa, bastaría en realidad y en todo caso con una mayoría simple en la Junta, tal como ocurrió en la votación, que tuvo 17 votos a favor, los 16 del FA y uno de la edila blanca Verónica Machado.

Primera Página habló con Mauro Alvarez, quien dijo que los diputados les preguntaron sobre la simbología de la base de la placa, que en realidad no tiene ninguna, y afirmó que en realidad “el intendente podría no haber enviado el tema a la Junta” porque legalmente la colocación de una placa no requiere de la aprobación de la Junta Departamental, porque no se trata de un monumento.

“Más allá esto -agregó Alvarez- se nos prende la lamparita sobre la situación de fondo. Estamos hablando de una placa que dice que la sede del batallón funcionó un centro de torturas previo a la dictadura y durante la dictadura”.

Los ediles que se opusieron a la colocación de la placa sólo hablaron, tanto en la Junta como en instancias posteriores, de cuestiones de forma para oponerse a su colocación, como la necesidad de mayorías especiales, o las ordenanzas de tránsito, que imposibilitarían su colocación, cuando en realidad en todo el país hay placas colocadas en canteros centrales de avenidas y carreteras.

El recurso presentado por los ediles opositores contó con el apoyo del Partido Nacional a nivel central, ya que fue elaborado por un profesional que lo dirigió al presidente del Directorio del Partido Nacional, Alvaro Delgado, y no a los ediles de Lavalleja. “Hay cosas que llaman poderosamente la atención; pareciera más una cuestión política que técnica”, dijo Alvarez al respecto.

“Es raro todo esto, porque si no estaban en contra de la colocación de la placas, ¿por qué no lo votaron en la Junta? ¿Por qué no fueron a la Comisión de Nomenclator para sumarse al informe en mayoría, cuando se discutió el tema?”

Por último, Alvarez dijo que el diputado fernandino Joaquín Garlo (FA) dijo en la comisión que recientemente se colocó una Placa de Memoria en Maldonado, y que la resolución para su colocación ni siquiera fue enviada a la Junta Departamental sino que fue definida directamente por el intendente.

“El gobierno de Lavalleja actuó en base a derecho y en el tema de fondo”, dijo Alvarez.