Durante varias horas del pasado viernes se reunió el directorio de ANCAP con representantes de la Federación ANCAP (FANCAP) y del Sindicato Único de la Construcción y Anexos (SUNCA), analizando la situación de la industria cementera estatal. Tras el anuncio público sobre el traslado de 50 trabajadores de la planta de Paysandú a la de Minas, que provocó zozobra, el sindicato ancapeano presentó su proyecto a las autoridades, las cuales recibieron de muy buen modo esta alternativa. Dialogamos con Manuel Colina, secretario general de la Federación ANCAP (FANCAP).

Del encuentro participó también el economista Mauricio Zunino, asesor de FANCAP en la materia.

“Logramos colocar una propuesta arriba de la mesa y entendemos que tuvo una buena recepción”, expresó Colina en el comienzo de la charla con Primera Página. Entendió que se trata de “una cuestión importante a ser destacada y de valorar como corresponde”, ya que se trata de “una propuesta sólida y muy bien construida”, que coloca sobre la mesa “el enfoque de los trabajadores”, frente a lo declarado desde el gobierno nacional, a lo presentado ante el Parlamento y a los datos aportados sobre la temática.

“Entendemos que hay un objetivo compartido, pero que los caminos que se están proyectando desde ANCAP y desde el gobierno no son todavía de una proyección a largo plazo de la industria, sino simplemente de una reducción de pérdidas”, expresó, en consonancia con lo mencionado en estas mismas páginas por parte de Fabián Semperena, presidente del Sector Minas de FANCAP en torno a la denominada “política del achique”, más allá de que “todos estamos de acuerdo con la reducción de las pérdidas” dentro de la industria cementera estatal.

Desde la Federación ANCAP, históricamente, ha trascendido la crítica y se han presentado proyectos alternativos para que la industria cementera continúe en manos estatales. Esta no es la excepción. “El tema es desde dónde y cómo se reducen las pérdidas”, diferenció Colina, porque, ejemplificó, “yo puedo eliminar un número negativo del balance de ANCAP y terminar, sin querer y sin intencionalidad, trasladándolo a un balance social negativo en un departamento, ya sea en Paysandú o en Lavalleja”. El tema, entonces, radica en que “a la reducción de pérdidas no la terminen pagando los trabajadores, ni tampoco la industria, que es una industria muy golpeada en Uruguay, que origina muchos puestos de trabajo directos e indirectos y que aporta a la cadena de economía local”.

En este último sentido, los salarios que se pagan, ya sea públicos o privados en la planta de cemento, “queda en Paysandú o en Lavalleja, va a parar al almacén, a la salud, a los colegios, al transporte, al trabajo de cada ciudad. Si yo dejo de tenerlo, la crisis social se agudiza”, analizó.

OPORTUNIDAD DE DESARROLLO

Desde FANCAP se defiende tanto a las fuentes de trabajo como a lo que consideran posibilidades reales de desarrollo de la industria cementera en manos estatales. Por ese motivo los sindicalistas expresaron “la satisfacción de haber podido colocar sobre la mesa nuestra propuesta con un horizonte de desarrollo de la industria y no tanto simplemente de achique y economicista, una propuesta más integral”. Las reacciones obtenidas, de acuerdo a lo que se les comunicó a los trabajadores organizados, “fueron muy buenas porque la propuesta fue bien recibida” por parte de las autoridades de la empresa estatal.

Además, “la planteamos como una propuesta abierta, no es una propuesta cerrada, no pretende ser la única propietaria de la verdad”, continuó Colina, “pero sí tiene la intención de pensar en salidas que implican desarrollar la industria de una forma más importante”.

En ese marco, afirmó que “hay dos caminos contra el cierre”. Uno “es achicarse para no perder más” y otro es “generar, salir a dar la lucha de crecer y ser la mejor industria”. Para eso, por supuesto, se necesitan inversiones históricamente reclamadas por los trabajadores, las cuales “en nuestra propuesta están contempladas a partir de un mecanismo para que puedan financiarse. Es un mecanismo que fue muy bien recibido porque no implicaría recursos adicionales del Estado, que el Estado deba sacar recursos de otros programas, de planes sociales o de inversiones necesarias que requiera para invertirlos en la industria cementera”. Por el contrario, se propone un esquema, un mecanismo financiero como ha tenido UTE en su momento y otros entes del Estado, el del fideicomiso, “con microahorristas o ahorristas mayores que puedan tener una rentabilidad a partir de la colocación de ahorros en esa actividad y que eso se convierta no solamente en el sostén económico de la industria sino también en el motor para desarrollarla desde el punto de vista de salir a diversificar la cartera de productos”. Es decir, se contempla el objetivo de “dejar de producir únicamente portland y empezar a trabajar en todo lo que deriva de él, ganarle un paso más a la cadena y que se pueda trabajar con hormigón, con materiales de construcción premoldeados o prefabricados, aportando valor agregado a la industria”.

PROCESO FRENADO

Previo a la reunión, en general se visualizaba como inminente el traslado de 50 trabajadores desde Paysandú a Minas. Esta situación comenzó a cambiar a partir de declaraciones formuladas en sentido contrario por parte de la ministra de Industria, Energía y Minería, la doctora Fernanda Cardona, “quien salió a desmentir esa posibilidad, por lo que entendemos que este proceso ha sido frenado”.

“Entendemos que no está en los planes inmediatos y esperemos que no lo esté en un futuro. Estamos apostando a desarrollar la industria en sus comunidades, para que le vaya bien a Lavalleja, a Minas concretamente, y también a Paysandú”, declaró Manuel Colina.

A partir del encuentro registrado el viernes “pudimos reactivar el traslado de información, o sea, nos van a participar con mayor información que han estudiado, a colocar datos a los que no habíamos podido acceder hasta el momento”. Se continuará apostando al diálogo “tal como hicimos siempre con el gobierno, ya que comenzamos la reunión recordando el proceso que mantuvimos con el gobierno anterior. Fueron casi dos años de intercambio, pero con objetivos muy diferentes, tanto que terminó con la ruptura de ese intercambio y con el posterior conflicto cuando se avanzó sobre el cierre, la venta de la industria y el llamado a licitación”, proceso que terminó siendo declarado desierto.

Ello demuestra que “con todos los gobiernos hemos transitado estos caminos y esta no va a ser la excepción. Vamos a seguir apostando a eso, al diálogo. Creemos que cuanto más sólidas son las propuestas, mejor será el aporte que podemos realizar. A veces se estigmatiza al movimiento sindical como que protesta, protesta, protesta, pero que no propone. Nosotros tenemos claro desde hace muchos años que sin propuestas no podemos entrar a la discusión. Y bueno, la idea fue justamente esa: aportar una propuesta concreta, seria, con un importante respaldo técnico para que sea tomada en cuenta”.

En resumen, se trató de una jornada positiva desde la perspectiva de los trabajadores organizados, “con un mejor clima que el de la reunión del miércoles”.

Colina opina que “el haber sentido un poco de presión social con respecto a alguna declaración que se había hecho el miércoles, hizo recalcular algunos movimientos. Era lógico y esperable que sucediera. No estoy recriminándolo, me parece hasta sano que acontezca. Ojalá ocurriera más seguido”, confió, porque “todo el mundo puede equivocarse y lo importante es que si ello ocurre pueda recapacitarse al respecto”.

Desde la visión de los trabajadores “no nos creemos los dueños de la verdad. Probablemente muchas de nuestras hipótesis tengan un problema para ser desarrolladas. Ahora, sí creemos que le aportamos un saber o una visión a la posición que se pueda construir que ilumina áreas que quizás solamente desde la gestión no se pueden iluminar”.

Se pautó un ámbito técnico para esta semana y una nueva reunión para dentro de 15 días a efectos de continuar avanzando en las negociaciones. También se entablarán contactos a nivel del Congreso de Intendentes con la posibilidad de generar algún tipo de red de compra pública.

“Sabemos que hay un trabajo con la Intendencia de Lavalleja en ese sentido y tenemos un convenio con la de Paysandú desde hace muchos años. Si se pudiera extender a todas las Intendencias del Uruguay sería muy bueno. Aunque no es la única salida. Hay que diversificar la matriz del producto”, expresó para finalizar Manuel Colina, secretario general de la Federación ANCAP (FANCAP).