El cese del vínculo laboral de entre cinco y diez personas en el Municipio de la localidad de José Batlle y Ordóñez, pocos días después de que el nuevo alcalde Conrado Da Cunha asumiera su cargo, ha provocado en esa localidad fuertes molestias, en primer lugar entre los afectados por los contratos terminados, tanto porque al menos uno o dos de ellos habían trabajado para el municipio por diez años o más y también porque al parecer el nuevo alcalde tomó esas decisiones sin advertencia ni preaviso alguno.

Desde la Intendencia de Lavalleja (IDL) en Minas dijeron a Primera Página que “no se trata de que se haya despedido gente”, sino que no se renovaron contratos que terminaban el 31 de julio pasado, y que el nuevo alcalde Da Cunha había detectado, poco después de asumir, que “se había montado una oficina paralela” del municipio por parte de militantes del Partido Nacional (PN). Da Cunha es el primer alcalde colorado en la historia de José Batlle y Ordóñez y del departamento.

El dirigente colorado Luis Carresse, excandidato a la IDL en las pasadas elecciones departamentales y principal referente al sector colorado al que pertenece el alcalde Conrado Da Cunha, dijo a Primera Página que “si hubo cese de funcionarios lo hizo la intendencia y no el alcalde”, lo que desde el punto estrictamente administrativo es correcto, ya que los municipios legalmente no pueden tener funcionarios propios y pertenecen todos a la IDL.

Según Carresse, lo que ocurrió es que había contratos a término, que se vencían el 31 de julio y no fueron renovados. “El alcalde lo que hace es pasar los nombres” de quienes iban a ser cesados, dijo Carresse.

“PERSECUCIÓN POLÍTICA”

Carol Caballero, una de las funcionarias cuyo contrato no fue renovado, comenzó a trabajar para la IDL, en José Batlle y Ordóñez, hace diez años, como trabajadora eventual o zafral. Luego de varios años concursó en el año 2022 para un trabajo administrativo, y ganó, aunque no ingresó como funcionaria presupuestada sino con contratos que se fueron renovando con el paso del tiempo, automáticamente cada año.

Caballero dijo a Primera Página que vive frente al lugar en el que trabajaba en el Municipio de José Batlle y Ordóñez, que tiene más de 50 funcionarios en total, si se incluyen los que están contratados por el programa socioeducativo laboral Accesos del Mides. Recuerda que ninguno de los funcionarios cesados recibió un preaviso de su cese y que luego de ser cesados no volvieron a hablar con el nuevo alcalde. “Todo para mí es persecución política”, afirma, y niega que se haya formado ninguna “oficina paralela” cuando asumió el nuevo alcalde. Muy por el contrario, según Caballero el nuevo alcalde “está llevando su comité” (colorado) para la sede del municipio: “entra gente, va y viene y en la oficina también”, dice. “Tiene una muchacha que supuestamente salió concejal metiéndose allí en las oficinas, que no tiene porqué”. Según averiguó Primera Página, esta concejal colorada habría renunciado a su cargo como concejal y ya habría sido contratada para trabajar en el municipio, como zafral.

Caballero dice que su trabajo “se lo ganó” luego de concursar, y ella, junto a los otros funcionarios cuyos contratos no fueron renovados, fueron “echados como perros”. Aún así espera que puedan ser reincoporados al trabajo en el municipio.

Según dijo Caballero, en la propia IDL les dijeron, cuando consultaron porqué no se les había renovado el contrato, que la razón era “incumplimiento de funciones”.

Otra fuente vinculada al Municipio de José Batlle y Ordóñez dijo a Primera Página que el nuevo alcalde por una parte se vio de alguna manera “perseguido” por estos funcionarios, casi todos con una fuerte vinculación con el Partido Nacional (PN), y por otro lado “tiene problemas personales” con el exalcalde nacionalista, Pablo Patiño. “Cuando (el nuevo alcalde Conrado Da Cunha) hizo toda su campaña política fue hablando mal de la alcaldía”, dijo la fuente. Agregó que la propia secretaria administrativa del municipio fue una de las funcionarias cuyo contrato no fue renovado, y que se enteró de que ya no trabajaría allí cuando llegó su reemplazo, desde Minas. Además, cinco nuevos funcionarios que ingresaron como zafrales recientemente pertenecen según esta fuente al propio sector del nuevo alcalde Da Cunha, quien “no dio la cara y ahora somos los culpables”. Además dice que el dirigente colorado Luis Carresse “anda todo el día metido en el municipio”, “viene de afuera, enrieda todo, tira sus bombazos y después ‘me voy que aquí no ha pasado nada porque no es problema mío’”.

“UN POCO DE PERSECUCIÓN POLÍTICA”

Milton Nelson “Cacho” González Rodríguez, un conocido dirigente nacionalista local en José Batlle y Ordóñez, fue otro de los funcionarios municipales cuyo contrato no fue renovado, luego de un año y medio de trabajar para el municipio conduciendo el microbus que realiza traslados desde esa localidad hacia otras como Florida y Casupá, especialmente de personas con discapacidades o con problemas de salud.  González protesta para empezar la forma en que fue cesado, diciendo que según el contrato que firmó debía tener un preaviso de 30 días, cuando se enteró el mismo día. Afirma que el nuevo alcalde “no quería” el servicio de microbus, que ya tiene un nuevo chofer.

Él, y según dice otros de los cesados, solicitaron una entrevista con el intendente Daniel Ximénez, aunque aún no han obtenido respuesta. Afirma que la decisión de mantener o no a los funcionarios no debía ser del alcalde sino del propio intendente.

“Cacho” tiene 64 años y ha trabajado “en política” por muchos años. Fue parte de la Lista 58 del Partido Nacional, concejal en una de las administraciones del exalcalde Pablo Patiño (pero no en la última) y afirma que el nuevo alcalde colorado lleva adelante “un poco de persecución política”.

Protesta sobre todo por los ceses de Carol Caballero “que estuvo diez años y entró por concurso” y de “un muchacho que tiene cuatro hijos para mantener, que dependía del trabajo, o sea que le sacaron la comida a esa familia, de golpe y porrazo”.

Afirma además que se contrató a cinco nuevos trabajadores zafrales, sin concurso ni sorteo alguno.

“ESTAMOS TODOS LOCOS”

“Estamos todos locos” dice el exalcalde nacionalista Pablo Patiño cuando Primera Página le pregunta sobre la posibilidad de que los cesados estuviesen “armando una oficina paralela” para de alguna manera menoscabar o boicotear el trabajo del nuevo alcalde colorado. “Le he mandado varios mensajes -al nuevo alcalde-, pero no he tenido suerte todavía”. Y no ha hablado con él desde que se cesó a los funcionarios. Patiño fue al liceo junto al nuevo alcalde y eran de la misma generación, pero “cambió de un día al otro; incluso me dijo que él no tenía nada que ver con nada, que era Carresse”. Se encontraron porque incluso las hijas de ambos son compañeras de clase. “Me dijo que era Carresse que estaba haciendo todo, moviéndose en todo, haciendo todos los cambios”. “Yo no digo que haya sido Carresse (quien decidió sobre los ceses), lo que digo es que fue lo que dijo el alcalde en un momento, me dijo que quien estaba detrás de todo era Carresse y él no tenía nada que ver”.

Patiño lamenta que para varias de esas familias, “el único sustento de la casa era el sueldo del municipio”. Y “no sólo eso, sino que tienen familias grandes y lo peor, de un día para el otro, sin enterarse de nada. Incluso había un funcionario que estaba trabajando y le dijeron ‘mirá que ya no estás más’. Imagínate, tienen hijos chicos, todo”.

Primera Página intentó en varias oportunidades comnunicarse ayer con el nuevo alcalde de José Batlle y Ordóñez para conocer su opinión sobre el tema y consultarlo sobre la información que circula sobre el cese de funcionarios en el municipio que encabeza, pero fue imposible lograrlo.