Hace poco menos de dos semanas la bancada de ediles del Partido Nacional (PN) convocó a una conferencia de prensa en la que denunció la firma de un convenio entre la Intendencia de Lavalleja (IDL) y la empresa Equifax SA (Clearing de Informes).
En esa conferencia, el edil nacionalista Joaquín Hernández dijo que habían constatado, revisando las resoluciones de la IDL que según la Resolución 541 del año 2026 se firmó un convenio entre la IDL y la empresa Equifax Sociedad Anónima (Clearing de Informes). Según dijo Hernández, el convenio se habría hecho “para la gestión de los contribuyentes”. Aseguró además que esto quiere decir que “los contribuyentes que deban a la intendencia departamental van a pasar el Clearing de Informes”, lo que le pareció “grave, alarmante”.
Según el edil se trataría de “una práctica prácticamente extorsiva para el contribuyente”. Al Partido Nacional, dijo Hernández, “nunca se le pasó por la cabeza (estando en el gobierno) mandar al Clearing al vecino del departamento por no pagar la contribución”.
TAMBIÉN EN EL AÑO 2011
Pocos días después, el presidente de la Junta Departamental de Lavalleja (JDL) Mauro Alvarez (Frente Amplio, FA) dio a conocer la Resolución N.º 3374/2011 de la Intendencia de Lavalleja, firmada en agosto de 2011 por Adriana Peña y Alejandro Giorello (ambos nacionalistas y máximos jerarcas de la IDL en ese entonces), que “no deja lugar a interpretaciones caprichosas, establece con absoluta claridad la contratación de la empresa Equifax – Clearing de Informes, con el objetivo de analizar deudores, gestionar cartera, enviar comunicaciones y eventualmente registrar incumplimientos. Todo ello, además, bajo el amparo de razones técnicas, económicas y de ‘buena administración’”.
Eso probaba, escribía Álvarez, que el trabajo con el Clearing de Informes “no es una rareza, no es un invento reciente. Es, lisa y llanamente, una práctica institucionalizada desde hace más de una década”. “Cuando el archivo habla, el discurso tiembla”, afirmaba Álvarez.
NO, PERO SÍ...
Como respuesta a esta publicación, voceros blancos afirmaron entonces que la contratación del Clearing de Informes por ese gobierno blanco nunca se había concretado en intimación alguna a ningún contribuyente para que pagara deudas por Contribución Inmobiliaria o por otro tributo con la IDL.
Poco después, el edil del FA Mauro Alvarez hizo otra publicación en la red social Facebook, con una imagen que mostraba un documento de la propia IDL del año 2011, estableciendo que el Clearing de Informes había enviado 4.500 cartas a contribuyentes en el mes de agosto de ese año: “Hace un par de días se hacía pública una resolución firmada por Adriana Peña donde se contrataba al Clearing de Informes. Rápidamente salió la aclaración, que en su gestión eso no se utilizó. Que no se aplicó. Que no se llevó adelante. Ahora bien… los papeles tienen esa mala costumbre de no opinar, pero sí de dejar constancia. Porque lo que aparece acá no es una interpretación, ni un comentario de redes, ni un ‘dicen que’. Es un rastro concreto de gestión. Un mecanismo que, de una forma u otra, existió y se activó. Y no estamos hablando de algo menor o simbólico. Estamos hablando de 4.500 cartas enviadas. Cuatro mil quinientas. No parece exactamente el tipo de cosa que ‘no se usó’. Capaz la discusión ahora pase por cómo se usó, cuándo, cuánto o con qué alcance. Seguramente haya explicaciones, matices, tecnicismos y justificaciones varias. Pero hay algo que es difícil de discutir porque cuando se mandan 4.500 cartas… algo, claramente, se hizo. Coherencia!”
El actual gobierno departamental prevé la puesta en funcionamiento de una oficina de recuperación de deudas, que podría trabajar en conjunto con el Clearing de Informes. Esta oficina trabajaría en la recuperación de deudas (hay 37% de morosidad en la Contribución Inmobiliaria urbana) y quizá también en la regularización de los aforos y contribuciones inmobiliarias de más de nueve mil padrones que han visto el monto de sus contribuciones congeladas por más de 20 años y que serán actualizadas paulatinamente.
