“Este edificio del Batallón de Infantería Nº11 fue centro de tortura entre 1968 y 1984. Nunca más terrorismo de Estado. Ley Nº 19.641. Comisión Sitios de Memoria de Lavalleja”, establece la placa que será colocada frente a la institución, en bulevar Artigas, de acuerdo a lo resuelto el pasado miércoles en sesión ordinaria de la Junta Departamental de Lavalleja (JDL). La propuesta fue presentada en su momento por la Comisión de Sitios de Memoria de Lavalleja.
Diecisiete ediles se pronunciaron a favor de la propuesta, los dieciséis del Frente Amplio y la nacionalista Verónica Machado.
INFORMES
La introducción al tema se dio a partir de la lectura de los dos informes presentados por la Comisión de Nomenclátor, uno en mayoría, firmado por las edilas frenteamplistas Paulina Mier y Camila Couto, y otro en minoría, a cargo del legislador colorado Julio Sánchez.
“En mayoría aconseja la colocación de una base plana de un espesor máximo de 20 centímetros, altura máxima 180 centímetros, ancho máximo de 100 centímetros y placa propuesta por la Comisión de Sitios de Memoria de Lavalleja, autorizando que sean colocadas en el cantero central de bulevar Artigas de nuestra ciudad, frente al Batallón de Infantería Nº11, de acuerdo a lo que establece la ley Nº 19.641. El texto de la placa será el siguiente: ‘Este edificio del Batallón de Infantería Nº11 fue centro de tortura entre 1968 y 1984. Nunca más terrorismo de Estado. Ley Nº 19.641. Comisión de Sitios de Memoria de Lavalleja’”, aconsejó el informe en mayoría.
En una extensa argumentación, el informe en minoría planteó una serie de puntualizaciones, comenzando por mencionar el reglamento de la Junta sobre la colocación de una placa en vía pública.
“El tema que nos concierne, que es de alta sensibilidad, contiene y genera un profundo efecto social. Lejos de promover la unión, el trabajo en equipo, apuntar a la tolerancia y a la convivencia pacífica y a superar diferencias, promueve el señalamiento de una institución y a sus integrantes, señalamiento que, en lugar de unir, genera divisiones, motiva fricciones y puede convertirse en una triste estigmatización”, sostuvo Sánchez en su exposición, quien consideró, además, que se trata de “la señalización de una unidad militar -cuartel- característica y representativa del departamento de Lavalleja y de la ciudad de Minas, que lleva más de 100 años de arraigo y de servicio a la patria y que ha demostrado su incondicional apego a la Constitución, respeto por las leyes y subordinación irrestricta al poder político y en especial un gran espíritu de solidaridad y respeto con las demás instituciones y empatía con la sociedad”.
Este caso, en su opinión, “se presenta una visión parcial de lo acontecido a partir la década del ’60. Ello implica claramente un cuidadoso accionar que asegure que se suministre una completa y adecuada información de los hechos y acontecimientos que se engloban en el período en que se inscribe la situación que se pretende resaltar, que brinde a la población, y a los más jóvenes en particular, una visión integral de lo sucedido desde comienzos de la década del ’60”.
En caso de que la iniciativa fuera votada afirmativamente, tal cual aconteció, Sánchez propuso que la placa fuera colocada en “otro espacio público en el eje de bulevar Artigas que resulte menos agresivo” y “generar un lugar público donde se narren en forma integral los hechos acontecidos en la década del ’60 que dieron lugar a que se creara esta situación que le tocó vivir y que hoy reclaman nuestros coterráneos”.
Considera que la propuesta “no se alinea con los fundamentos de armonía, tolerancia y buen relacionamiento social que debe fomentar la Junta, porque contribuye a la fragmentación, división social, genera malestar, ocasiona fricciones, afecta a la convivencia y porque refiere y relata una visión parcial de los hechos acaecidos en esa época”, porque, además de “señalar en forma discriminatoria e intimidante, seguramente causará a la institución afectada y particularmente a sus integrantes un efecto psicológico muy negativo en lo moral, sentido de pertenencia, motivación profesional y personal, y en algunos casos ese efecto negativo se extenderá a otras funciones laborales que desempeñan en la sociedad”, expuso Julio Sánchez en su argumentación.
VERDAD Y DIGNIDAD
Paulina Mier (Frente Amplio) preside la Comisión de Nomenclátor de la JDL. Fue la primera en hacer uso de la palabra tras la lectura de los informes. “Hoy -por el miércoles- no estamos votando simplemente la colocación de una señalización. Estamos decidiendo si este Cuerpo está dispuesto a mirar de frente a su propia historia y asumirla con responsabilidad”. Indicó que los Sitios de Memoria “no son gestos simbólicos vacíos, son herramientas que nos interpelan como sociedad, nos obligan a recordar que hubo un tiempo en el que el Estado, que nos debía cuidar, vulneró derechos, un tiempo en el que el silencio fue impuesto y el miedo cotidiano”.
Lo consideró como “un acto a favor de todos, a favor de la verdad, a favor de la dignidad de quienes sufrieron y a favor de las nuevas generaciones que merecen crecer con una historia contada de forma honesta”.
Aclaró que no se trataba de “una decisión improvisada” sino que era “el resultado de un proceso de mucho diálogo e intercambio. Se recibió a la Comisión de Sitios de Memoria de Lavalleja, así como también se mantuvo diálogo con representantes de los distintos partidos políticos en el ámbito de la Comisión de Nomenclátor”. En este sentido, reconoció a la Comisión de Sitio de Memoria “por su compromiso, por su disposición permanente al diálogo y por haber estado presente, aportando desde la memoria y también desde la construcción colectiva”.
“Una democracia fuerte no se construye olvidando sino recordando”, enfatizó. “No se fortalece negando sino reconociendo y, sobre todo, podremos proyectarnos al futuro cuando seamos capaces de aprender de nuestro pasado. Este tipo de decisiones habla de qué valores tenemos como comunidad, de si elegimos la indiferencia, la empatía, el olvido o la memoria”. Para la legisladora frenteamplista, votar afirmativo “es reafirmar el compromiso de que nunca más el poder se ejerza por fuera del respeto a los Derechos Humanos, que nunca más el silencio sea una opción frente a la injusticia”.
“LA MEMORIA NO PUEDE SER ELIMINADA”
Francisco Gómez (Frente Amplio) participó en varias ocasiones durante el debate. En su primera intervención, definió como “imprescindible” el hecho de “recordar que estas acciones que se desarrollaron durante la dictadura afectaron todos los aspectos de la vida social, política y económica de nuestro país”, a partir de “una represión sistemática y planificada que dejó alrededor de 200 personas detenidas y desaparecidas, un centenar de personas muertas, muchas de ellas producto de torturas, miles de personas privadas de su libertad con detención y tortura y otras tantas que fueron forzadas al exilio para preservar su vida y su libertad”.
En ese contexto, en nombre de la bancada del Frente Amplio, sostuvo que “la memoria es una política pública fundamental, que tiene como objetivo preservar socialmente lo ocurrido. También homenajear a las víctimas y contribuir a la construcción de un relato histórico veraz, con un sustento en la plena vigencia de los Derechos Humanos y en la necesidad de seguir fortaleciendo nuestra democracia”.
Expresó que los Sitios de Memoria tienen la función “de denunciar, de hacer saber y de nombrar” y que “se transforman en espacios cargados de significado en el territorio, en verdaderos puntos de construcción de memoria colectiva porque permiten la consolidación de una transmisión intergeneracional de nuestra historia, que se va a apoyar no solo en relatos, sino también en espacios concretos, visibles y significativos”.
“Sabemos que la dictadura intentó imponer el olvido, borrar las huellas físicas y humanas e instalar su propia versión de la historia”, pero, sin embargo, “la experiencia demuestra que la memoria no puede ser eliminada, porque emergen nuevas formas para recordar. Es por eso que la lucha por la memoria, por la verdad y por la justicia sigue latente en nuestra sociedad”, continuó Francisco Gómez, quien destacó la labor de la Comisión de Nomenclátor, de la Comisión Departamental de Sitios de la Memoria, del colectivo Todos Somos Familiares de Lavalleja, así como también “de todas las personas que de una forma u otra luchan, militan y sostienen esta lucha por memoria, verdad, justicia y nunca más terrorismo de Estado”.
¿URGENCIA?
El edil nacionalista Joaquín Hernández, en su primera intervención no se refirió al fondo del tema sino a la forma en la cual el mismo fue presentado. “Llegamos a la sesión y hace un ratito nos encontramos con este compendio de material que implica el informe de la Comisión de Nomenclátor en mayoría y en minoría, y la resolución de la Intendencia solicitando la colocación de la placa”. Pidió que se leyera el artículo 37 de la Ley 9515, en particular el numeral 3, el artículo 86, literal h, y el artículo 101 del reglamento interno del Cuerpo.
“Con el mayor de los respetos, este tema no requiere ninguna urgente resolución, no reviste carácter de urgente. No nos podemos enterar el mismo día de la sesión de un informe tan extenso como es el informe en minoría y de un informe en mayoría sobre el que no teníamos conocimiento”, expresó.
OBSTÁCULOS Y FRANJA DE SEGURIDAD
Hugo Olascoaga, también del Partido Nacional, cuestionó el lugar de emplazamiento de la placa, apoyándose en lo establecido en la ley Nº 18.191 de seguridad de tránsito vial, promulgada en 2007, en cuanto a principios y obligaciones para el diseño, señalización y circulación, donde la ley otorga al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a las Intendencias “la responsabilidad de aplicar y de fiscalizar las normas de tránsito”, estableciéndose una serie de normas como la zona libre de obstáculos, la franja de seguridad al costado de rutas y de calles, “donde no deben existir objetos que impidan la visual o sean rígidos y que puedan terminar ocasionando accidentes graves”-
Solicitó que antes de tomar resolución sobre el emplazamiento del monolito, “se construya un diagrama descriptivo con la medida del cantero y del monolito y que se envíe para su aprobación a la Dirección Nacional de Vialidad”.
VOTACIÓN
El debate se extendió en el tiempo, habiendo hecho uso de la palabra los ediles Gonzalo Gómez, Camila Couto, Mario Perdomo, Federico Rodríguez, Julio Sánchez, Eufemio Ramírez, Luis Carresse, Verónica Machado y Emilio Cáceres, además de los nombrados anteriormente.
Paulina Mier planteó una moción de orden y que el tema fuera considerado como “debidamente debatido”, iniciativa que resultó afirmativa a partir del voto de 16 de los 28 ediles presentes en sala.
El informe en mayoría de la Comisión de Nomenclátor fue acompañado por 17 ediles de los 28 legisladores presentes en la sesión, razón por la cual fue aprobado por mayoría.
Luego de un cuarto intermedio de 15 minutos, Joaquín Hernández mocionó para que el tema fuera reconsiderado, que se convocara a sala al asesor legal de la Junta, el doctor Julio Serrón, y que se reconsiderara la votación, entendiendo que una iniciativa de estas características debe ser acompañada por 21 votos. La moción fue votada en forma negativa y los ediles del Partido Nacional decidieron entonces retirarse de sala.
