Austeridad, cargos de confianza, situación de los trabajadores municipales y la realidad de los municipios fueron algunos de los temas álgidos del debate en torno al presupuesto quinquenal en la Junta Departamental de Lavalleja (JDL). A continuación, proponemos a los lectores de Primera Página repasar el proceso que desembocó en la votación del articulado definitivo de una normativa clave para el período.
El viernes 9 de enero, el doctor Daniel Ximénez presentó ante la Junta Departamental de Lavalleja (JDL) el proyecto de presupuesto quinquenal para el período 2026-2030, a través del cual el Ejecutivo Departamental planteó un “rediseño institucional” de la Intendencia Departamental de Lavalleja (IDL).
En aquel momento, Ximénez reiteró que se trataba de un presupuesto “austero, teniendo en cuenta los ingresos que vienen, las partidas que recibimos a través del gobierno nacional, que ya sabemos en qué porcentaje se incrementarán” y que, además, “los recursos que generamos en forma propia tienen un histórico que es decreciente, factor que queremos revertir como forma de mejorar los ingresos y para que ello se vea plasmado en las necesidades de obras que tiene todo el departamento de Lavalleja”.
Días después, Ximénez, junto a la doctora Ariana Bentos, secretaria general de la IDL, brindó una conferencia de prensa realizando una serie de puntualizaciones acerca del presupuesto presentado. “El número de cargos de confianza es el mismo que había en el ejercicio anterior”, aclaró el jefe comunal, quien al respecto declaró que “los únicos cargos de confianza que se crearon o que se pretenden crear si el Poder Legislativo Departamental así lo entiende, son aquellos destinados a los diferentes municipios”.
A su vez, reconoció “omisiones” en el presupuesto que subsanó con un nuevo mensaje a la JDL, tal cual aconteció, para iniciarse de ese modo la discusión del proyecto a nivel de la Comisión de Presupuesto del legislativo departamental.
Previo a que el proyecto de presupuesto comenzara a ser analizado en el plenario, la bancada del Partido Nacional (PN) anunció en conferencia de prensa realizada en la Departamental Nacionalista que sus integrantes no acompañarían en general el contenido del documento, cuestionando “la creación de cargos de confianza que aparece en el presupuesto departamental”, considerando que los mismos se aumentaban de 25 a 32.
“Vemos que aumenta la Contribución Inmobiliaria, pero, por otro lado, cuando vos estás aumentando la Contribución Inmobiliaria, de alguna manera tienes que mostrar a los vecinos alguna obra para los distintos barrios del departamento, para las distintas zonas, como contrapartida a ese esfuerzo, a ese gran esfuerzo económico que los vecinos van a tener que hacer. Este aumento de Contribución Inmobiliaria, ¿para qué es? ¿Es para mejores servicios? ¿Es para obras en el departamento que no se ven en el presupuesto? Este aumento de Contribución Inmobiliaria, ¿es para sostener la estructura departamental de funcionarios que cada vez es más grande?”, se preguntaban los legisladores nacionalistas al anunciar su postura contraria al proyecto de presupuesto quinquenal presentado por el Ejecutivo Departamental.
EN GENERAL
El lunes 23 de marzo, el plenario de la JDL, en sesión extraordinaria, comenzó el abordaje del presupuesto, a partir de la lectura de los informes presentados por los integrantes de la Comisión de Presupuesto. El informe en mayoría sugirió al cuerpo aprobar el proyecto de presupuesto de la IDL, recomendando realizar varias modificaciones. En minoría, expresó su disconformidad con el proyecto, presentando “observaciones de fondo que hacen imposible su acompañamiento en términos generales” y porque, entre otras razones “carece de una visión transformadora y manifiesta debilidades que comprometen la capacidad de gestión y la equidad social”. Se cuestionó lo que se consideró “inercia operativa”, junto con el “aumento de la contribución” y lo que se definió como “desmantelamiento de la carrera funcional y escalafonaria que resulta”, algo que resulta “altamente lesivo para la institucionalidad”, por cuanto, se expuso, “la eliminación de 135 vacantes, entre cargos presupuestales y contratados, debilita la estructura técnica de la intendencia a favor de una flexibilización que precariza el empleo público”.
Osorio Gadea (Vertiente Artiguista, Frente Amplio, FA), presidente de la Comisión de Presupuesto de la JDL, entre otros legisladores, defendió el contenido del proyecto, al considerarlo “un presupuesto austero, responsable y descentralizador”.
Tras el desarrollo del debate, el proyecto fue aprobado en forma general por mayoría (18 votos afirmativos en 31 ediles presentes). “El Partido Nacional nuevamente le dio la espalda a la gente. Siguen sin aceptar la derrota electoral y ponen de rehén a la ciudadanía. Mientras tanto, el Partido Colorado votó dividido: la lista 9 del edil Luis María Carresse nuevamente mostró su vocación de construcción y, por otro lado, la lista 10 (del exministro Robert- Bouvier) con Néstor Calvo como edil referente, le dio la espalda a la gente”, publicó en sus redes sociales el Frente Amplio de Lavalleja bajo el título “Habemus Presupuesto”.
ARTÍCULO POR ARTÍCULO
El martes 24 de marzo, la JDL levantó el cuarto intermedio. En una sesión maratónica (duró más de 12 horas) analizó y votó el articulado del proyecto de presupuesto quinquenal.
Se aprobó el nuevo organigrama de direcciones dentro de la IDL con la creación de los departamentos de Innovación Pública y de Cooperación Nacional e Internacional, ambos dependientes de la también creada Prosecretaría General. Otro tanto ocurrió con Recursos Humanos, Salud y Seguridad Ocupacional y Compras Públicas Departamentales, en la órbita de la Dirección General de Gestión Humana y Recursos Materiales, y el departamento de Convivencia Departamental, a cargo de la Dirección General de Tránsito, Seguridad y Convivencia Departamental.
El artículo 50 fue el que mayor intercambio generó entre los legisladores departamentales. En él se proponía la creación de siete cargos de particular confianza (Escalafón Q18), los denominados Secretarios de Municipio como forma de asistir en la labor que cumplen los seis alcaldes del departamento. La propuesta obtuvo 18 votos afirmativos en 30 ediles presentes en sala y quedó por el camino, ya que requería de una mayoría especial para su aprobación.
Con 16 votos favorables en 27 ediles presentes se creó el denominado Escalafón 4 para “regularizar a trabajadores zafrales que hoy sobreviven con sueldos de 1.000 pesos por jornal en la más absoluta precariedad, brindándoles finalmente aguinaldo y cobertura médica”, se argumentó desde el oficialismo ante la rotunda negativa de los representantes del Partido Nacional.
En materia tributaria, los cambios propuestos, sobre todo en torno a la readecuación en el pago de la Contribución Inmobiliaria, no obtuvieron el respaldo que requerían para poder aplicarse las modificaciones planteadas en el proyecto.
REPERCUSIONES
Aprobado el articulado definitivo, integrantes de la bancada del Partido Nacional brindaron una nueva conferencia de prensa en la Departamental Nacionalista, en la cual reiteraron su posicionamiento. “Salimos con un sabor por un lado amargo por algunas cosas que se votaron y que no acompañábamos, y por otro lado con alguna satisfacción también porque el Partido Nacional tenía cuatro motivos por los cuales no acompañaba ese presupuesto y de esos cuatro motivos, a dos logramos revertirlos”, manifestó María Noel Pereira, refiriéndose a los cambios tributarios propuestos y a la creación de cargos de confianza en la órbita de los municipios.
A su vez, el edil titular Néstor Calvo y los ediles suplentes Emilio Cáceres y Maximiliano Fernández, pertenecientes a la Lista 10 del Partido Colorado, realizaron una conferencia de prensa en Hotel Plaza a través de la cual criticaron el texto finalmente aprobado.
DESDE EL FRENTE AMPLIO
El Frente Amplio de Lavalleja también realizó su valoración acerca del presupuesto aprobado, el primero de un gobierno de la coalición de izquierda en el departamento. Se establece que el presupuesto “prioriza una gestión responsable de los recursos públicos” y que a su vez “evita comprometer ingresos futuros”, al apostar a “una planificación de mediano plazo”. Dentro de dicho enfoque busca “asegurar que cada intervención contribuya al desarrollo del departamento sin afectar su equilibrio financiero”, considerando, entre otros datos, que “el 63,5% del gasto comprometido corresponde a remuneraciones personales, siendo una de las tres intendencias del país con mayor porcentaje de presupuesto destinado a este rubro”.
Además, “teniendo en cuenta que el 20% de los ingresos por SUCIVE (Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares en Uruguay) del próximo quinquenio no ingresará a la intendencia como parte del endeudamiento contraído en el anterior período en el marco del fideicomiso Lavalleja Avanza”, el presupuesto prevé “una planificación prudente del gasto, orientada a sostener el funcionamiento de la intendencia, ordenar sus finanzas y priorizar aquellas intervenciones que puedan realizarse sin comprometer ingresos futuros”.
Afirma, además, que el presupuesto prioriza “una planificación responsable, transparente y sostenible”, enfocada en “generar las condiciones necesarias para las transformaciones del departamento”.
Aprobado el presupuesto, se crea un tribunal de quitas y esperas compuesto por el área jurídica, contable y social a fin de asesorar al Ejecutivo Departamental sobre la concesión de quitas, esperas y fórmulas de pago excepcionales “para aquellos casos en los que las personas requieran de una ayuda especial para hacer frente a sus obligaciones tributarias”. Esta facilidad es “para aquellas personas que tengan un inmueble destinado a la propia vivienda, analizando también la composición familiar, la capacidad contributiva”, así como también “los buenos antecedentes de los contribuyentes”.
En cuanto a las relaciones laborales, el FA de Lavalleja destaca que la Dirección de Recursos Humanos comenzará a instrumentar los llamados y concursos de ingreso y ascenso “con transparencia, donde los méritos y las capacidades serán los que permitan continuar la carrera, cortando de esta forma con los años de clientelismo político”.
El presupuesto da lugar a la concreción de los “contratos puente”, los cuales fueron planteados en la campaña electoral. De esta forma “se comienza a regularizar a los zafrales que pasan a integrar el escalafón de la intendencia adquiriendo derechos básicos que en la zafralidad no se les reconoce”.
En cuanto al beneficio de retiro incentivado para funcionarios municipales, este “dejará de tener un límite etario de 80 años y pasará a ser vitalicio, dando respuesta a una demanda histórica de las y los trabajadores” y “contribuyendo a una mayor dignidad para las personas mayores”. En ese marco, “aquellos jubilados que hubieran dejado de percibir el incentivo reestablecerán el derecho a su percepción”.
Se establece también que la Dirección de Gestión Humana y Recursos Materiales pondrá foco en los recursos humanos, “en la capacitación de los trabajadores y en el estudio de aptitudes”, de manera tal que las decisiones sobre la plantilla de funcionarios municipales “se tomen únicamente con criterios técnicos, de manera profesional, basada en datos y en el respeto a la carrera funciona”.
Se aclara que los cambios en el organigrama “no son definitivos”, ya que la IDL dispuso de equipos técnicos que continúan trabajando con la Oficina Nacional del Servicio Civil “para conformar una estructura definitiva que contemple las necesidades de la institución con criterio estrictamente técnico, en el marco de un proceso de modernización”.
Por otro lado, la propuesta del Ejecutivo de actualizar la Contribución Inmobiliaria para nueve mil padrones que se han beneficiado de un congelamiento de lo que pagan por más de 25 años, no fue aprobada por la oposición de los ediles blancos y algunos colorados. Esto hará que se mantenga en el futuro la situación de que padrones del mismo valor paguen montos completamente diferentes de Contribución Inmobiliaria.
