Integrantes de la bancada del Partido Nacional en la Junta Departamental de Lavalleja -el coordinador Gabriel Gutiérrez, Carol Aviaga, Ana Laura Nis, Gastón Elola y José Rojas- ofrecieron una conferencia de prensa en la Departamental Nacionalista para hablar sobre el cese -ellos lo llaman “despido”- de cinco funcionarios del Municipio de José Batlle y Ordóñez.

SIN TRABAJO

Gabriel Gutiérrez dijo que el intendente Daniel Ximénez “durante la campaña prometió que no se iba a echar a nadie en caso de ser gobierno y hoy nos encontramos que en una de las localidades, con los problemas socioeconómicos más grandes del departamento, varias familias han sido despedidas, no se les renovó el contrato (de trabajo) por motivos que desconocemos”. “Queremos se nos explique por qué esas familias con muchos años de prestación en la comuna hoy se encuentran sin trabajo”.

SIN RESPUESTA

Informó Gutiérrez que el sábado la bancada del PN visitó Batlle y Ordóñez y se reunieron con los funcionarios perjudicados que “hoy no saben si van a poder llevar un plato de comida a la mesa”. “Queremos tener las explicaciones de primera mano, porque estamos convencidos de que nosotros nos debemos a esa gente, esa gente se ve representada en nosotros desde el poder legislativo”.

SIN EXPLICACIONES

Aviaga reiteró que los funcionarios “han quedado sin trabajo en José Batlle Ordóñez, hace mucho tiempo en su mayoría, que trabajan para la comuna -algunos más de cinco años y otros más de diez años en forma ininterrumpida-. Nos parece de recibo tener las explicaciones del caso, por parte del intendente, porque entre otras cosas él (Ximénez) en la campaña política reciente lo que se prometió y se comprometió hasta en la plaza pública, fue que se quedaran tranquilos, que lo votaran, que ningún trabajador de la intendencia iba a quedar sin trabajo, y que se iban a regularizar todos los trabajadores y a los que él llamaba que estaban como esclavos, que hacía diez años o muchos años más que estaban dentro de la intendencia como zafrales. Hoy esa regularización parece que quedó en el tintero porque estas personas son jefes y jefas de hogar, de una de las zonas más vulnerable de Lavalleja, han quedado sin trabajo”.

La edila Aviaga acusó al intendente de “poca empatía hacia el otro y sobre todo de no cumplir con la palabra empeñada”.

Seguidamente Aviaga informó que la bancada se reunió luego en la sesión ordinaria del 6 de agosto de la JDL, se elevó una nota al presidente Mauro Álvarez: “solicitamos que el intendente vaya a sala a dar explicaciones del porqué de estas decisiones tomadas. Según se supo extraoficialmente y por la prensa, aparentemente él (Ximénez) dice que fue a pedido del alcalde que se despidió a los trabajadores, el responsable administrativo y político es él (Ximénez), y esperamos que vaya a la JDL a dar las explicaciones correspondientes al pueblo de Lavalleja y al pueblo de Batlle Ordóñez. Se precisan once votos, nosotros aspiramos que toda nuestra bancada acompañe y que los ediles de los otros partidos hagan quórum para que el intendente dé las explicaciones”.

ZURCIR, ARREGLAR

Gastón Elola dijo que intentó hablar con el actual alcalde de José Batlle y Ordóñez (Conrado Da Cunha), “porque fuera de lo político hay algo muy importante, es el bienestar y la tranquilidad de esas familias que quedaron sin trabajo, entre las que hay una persona que concursó”. “Estaban muy tranquilos porque supuestamente no se iba a sacar a nadie. Y de un día a otro en un lugar donde no hay mucho trabajo, se quedan sin trabajo. Es muy normal cuando entra un gobernante nuevo que cambia a uno o a otro, pero de sección, de lugar, pero no retirar de esa forma abruptamente, porque así los tiró para la calle”.

¿OPORTUNISTAS?

Ana Laura Nis hizo una recopilación de lo expuesto, y dijo que se acusa a la bancada del PN “de oportunista frente a una situación que están pasando algunas familias de Batlle”. “La verdad que si ser oportunista y lograr que se les devuelvan los trabajos a estas cinco personas, díganme oportunista, no me importa. Nosotros frente a todo lo que se venía escuchando en prensa, fuimos el sábado a Batlle todos, a reunirnos, a escuchar, a hablar a las personas perjudicadas. Nos trajimos todo eso, lo publicamos en nuestras redes, tratamos de hablar con ADEOM, de hacerle llegar al intendente, y a la prensa lo que pasó en Batlle. Y el llamado a la JDL al intendente, es porque es netamente una cuestión del intendente la contratación de los trabajadores. El artículo 275 de la Constitución lo establece y es clarísimo. Podrá ser a pedido o no del alcalde, como lo establece la Ley 19.272, de descentralización, pero la decisión final es del intendente. El alcalde podrá dar su opinión o no, pero la decisión última es del intendente”.

SIN EVALUAR

José Rojas agregó que “es una situación inesperada, porque había una promesa de no despedir a nadie, y porque en cualquier ámbito público o privado una persona para ser evaluada debe pasar cierto tiempo, y acá no es el caso, se sacan sin argumentos”.

COMPLEJA

Se refirió Rojas a la reunión del sábado, “dialogamos con cada uno de ellos, es una situación compleja, más en Batlle, con grandes dificultades laborales. Y lo otro que vimos es que hay trabajadores que se les vencen los contratos en el próximo mes, y están en la incertidumbre si van a contar o no con un trabajo”.

 

“Eliminar prácticas clientelares”

Un dirigente departamental colorado dijo a Primera Página que antes que nada, respecto a la situación que se vive en José Batlle y Ordóñez hay que tener en cuenta que allí trabajan 73 funcionarios municipales, cuando los contratos que no se renovaron fueron entre tres y cinco. “De esas 73, ¿cuántas personas entraron (a trabajar al municipio) por ser coloradas, blancas o frenteamplistas? Frenteamplistas o coloradas, ninguna”, dijo. “¿De qué persecución (política) estamos hablando? Porque cuando hablamos de cinco o seis, es mentira”. Recordó que una de estas personas cuyo contrato no se renovó era la “mano derecha” del ahora exalcalde Pablo Patiño (Partido Nacional, PN). Esta persona “el 30 de junio fue el último día que trabajó por decisión de ella, no volvió a trabajar. La señora nunca más fue a trabajar porque ella entendió que se extinguía (su cargo) el 30 de junio porque era de confianza, al igual que los otros también eran cargos de total confianza y políticos”. “Quien no les hizo un contrato que los blindara en la administración es Patiño, porque de la misma manera han presupuestado históricamente a un mundo de gente en la intendencia”. “Lo que hubo fue que se extinguió el contrato que Patiño le extendió a su gente. Entonces, ¿cómo podemos hablar de persecución política si de 73 funcionarios son tres los que no se les renueva ese contrato?”

Por otro lado, dijo que cuando asumió el nuevo alcalde Conrado Da cunha (Partido Colorado, PC), hubo funcionarios del municipio a los que se les pidió que cumplieran ciertas funciones o que llevaran adelante ciertas tareas, “y se negaron a hacerlo”.

Da Cunha “cuenta con el respaldo y el apoyo de la gente”. “En Batlle este problema que se ve acá en Minas, no existe. La gente felicita al alcalde y le dice que está cumpliendo lo que prometió, generar cupos para empezar a hacer concursos”. “No es una cuestión de persecución política ni mucho menos, simplemente los contratos se extinguieron, no hay obligación jurídica alguna para renovarlos, no fue ‘echado’ ninguno”.

“La nueva administración -agregó- tiene esa voluntad de de eliminar prácticas clientelares y discrecionales en el acceso al empleo público y Conrado tiene la intención de que los nuevos ingresos sean por concurso o sorteo”. “Si estas personas no están presupuestadas es porque la administración anterior no tomó las medidas para brindarle la estabilidad a esos funcionarios”, finalizó.

Uno de los contratos que no fueron renovados en el municipio es el de Adrián Berta Núñez. Según fuentes consultadas por Primera Página, este funcionario trabajó como funcionario municipal durante unos diez años, pero su último contrato, firmado el 26 de junio pasado por el entonces intendente Herman Vergara, pocos días antes de entregar el mando a Daniel Ximénez, se hizo por sólo un mes, del 1º al 31 de julio de 2025. Y la contratación se hizo a pesar de haber sido observada por el Tribunal de Cuentas “por carecer de la disponibilidad de cargos”.