El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública presentó el 11° Informe sobre Periodismo y Libertad de Expresión en Uruguay a través del cual expone la situación que sobre estas temáticas se vive en nuestro país.

Fabián Werner (presidente), Pilar Teijeiro y Carolina Molla forman parte en estos momentos del Consejo Directivo de CAINFO. El documento de referencia, remitido a nuestra redacción, presenta los principales hallazgos del informe de monitoreo de libertad de expresión en el ejercicio de la profesión periodística en Uruguay, realizado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAINFO), integrante de la red Intercambio para la Libertad de Expresión (IFEX), Voces del Sur y de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información.

El reporte da cuenta del estado de situación en el período comprendido entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025. Se enmarca en el proyecto Periodismo y libertad de expresión en Uruguay de CAINFO, que impulsa la promoción y defensa de la libertad de expresión en el país a partir del desarrollo de una metodología de relevamiento y sistematización de información en la materia.

Marco conceptual y metodología aplicada

El monitoreo se propuso analizar, documentar y poner en línea toda la información disponible sobre las amenazas y restricciones al ejercicio de la libertad de expresión de las personas periodistas en el Uruguay, con base en 12 indicadores comunes. Se suma un indicador transversal que visibiliza las situaciones con alerta de género.

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «el ejercicio periodístico solamente puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas, ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento».

Para la CIDH, «periodistas son aquellos individuos que observan, describen, documentan y analizan acontecimientos, declaraciones, políticas y cualquier propuesta que pueda afectar a la sociedad, con el propósito de sistematizar esa información y de reunir hechos, análisis y opiniones para informar a sectores de la sociedad o a esta en su conjunto». En caso de quedar impunes, se «fomenta la reiteración de actos violentos similares y puede resultar en el silenciamiento y en la autocensura de los y las comunicadoras».

La CIDH ha sostenido que «las agresiones cometidas en contra de los periodistas tienen el objetivo de silenciarlos, por lo que constituyen igualmente violaciones al derecho que tiene una sociedad a acceder libremente a la información. Una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades que integran el sistema democrático y el estado de derecho».

Se puso especial atención en identificar los casos en los que pudieran existir indicios de discriminación por género, orientación sexual, raza, edad, identificación política, origen social o territorial, entre otros.

Hallazgos

El monitoreo registró 51 casos de restricciones a la libertad de expresión en el ejercicio periodístico. Se muestra un descenso de casos respecto a los informes anteriores (es el menor número de los últimos cuatro), lo que refleja una tendencia positiva si se tienen en cuenta los 69 casos registrados en el informe de 2022. A pesar de ello, se mantienen las agresiones a periodistas y los discursos estigmatizantes desde un número significativo de personas vinculadas a organismos del Estado, políticos o funcionarios públicos.

De hecho, el Estado continúa siendo el principal responsable de la mayoría de los ataques con 25 casos (49%), seguido de personas que provienen de ámbitos privados con 17 casos (33%) y personas no identificadas o grupos en 9 episodios (18%).

Las restricciones en el acceso a información es la categoría más repetida, y es el indicador que presenta uno de los episodios más graves del período.

La categoría que señala los episodios de discurso estigmatizante sigue siendo un porcentaje importante del total (28%), aumentando respecto al informe anterior, y agresiones y ataques le sigue en número de casos (18%). En el último año, además, continuaron aprobándose normativas regresivas en materia de libertad de expresión, y el caso más grave fue la aprobación de una nueva Ley de Medios que resultó un importante retroceso.

Montevideo concentra la mayoría de las afectaciones a la libertad de expresión de periodistas (40). En el interior se registraron 11 casos en 4 departamentos: Maldonado (4), Cerro Largo (3), Canelones (2) y Colonia (2). En los casos consignados, tomados por sexo de las víctimas, 21 fueron varones, 11 fueron mujeres y el resto se trató de grupos de periodistas o medios de comunicación. En 7 episodios hubo componentes de género en la agresión.

Agresiones y ataques

Este capítulo refiere a acciones violentas, intimidantes o limitantes que pueden ser física o verbalmente, implementadas con el objetivo de impedir o limitar la libertad de expresión, obstaculizar el trabajo de la prensa y el acceso a la información pública o a hechos noticiosos.

En este capítulo del informe se presentan casos concretos, como el ocurrido el 23 de julio de 2024, en Cerro Largo, ocasión en la cual el alcalde de Cerro de las Cuentas, Humberto Allende, insultó y amenazó con golpear a la periodista de Canal 12 de Melo, Valeria Coronel, cuando la reportera quiso realizarle una pregunta luego que fuera condenado por abuso sexual especialmente agravado y lesiones personales.

Los discursos estigmatizantes

Se refiere a ataques, por lo general verbales, realizados públicamente con el objetivo de desprestigiar y desacreditar a la víctima.

Dentro de los casos descriptos, reiteradas acciones de la senadora nacionalista Graciela Bianchi forman parte del informe, así como también una situación concreta que tuvo como protagonista al dirigente colorado Andrés Ojeda. Ocurrió en 16 de octubre de 2024, en Montevideo, cuando el candidato a presidente por el Partido Colorado calificó a la periodista Lucía Brocal de «psicópata» por difundir un fragmento de la entrevista que le había realizado en Doble Click - FM del Sol. Ojeda luego le pidió disculpas.

Conclusiones

En este 11º informe de monitoreo de amenazas y restricciones a la libertad de expresión en el ejercicio periodístico se constató una disminución de casos contra periodistas (51) respecto a la edición anterior (59), pero ese hecho positivo se vio empañado por la aprobación de nuevas normas regresivas en materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión.

En el período relevado (2020-2025), el gobierno  aprobó una Ley de Medios que aumenta la concentración mediática y legaliza la situación actual de varios grupos mediáticos, habilita la extranjerización de la propiedad de los medios de comunicación; también eliminó la participación pública y el control ciudadano en los procesos de adjudicación de frecuencias.

Sobre el acceso a la información, se registraron negativas a responder pedidos en el marco de la ley 18.381 y varios casos en los que se intentó impedir la cobertura de acontecimientos públicos relevantes.

Se destaca la adopción de un procedimiento de auditorías de las radios comunitarias, a pedido de las radios privadas, incurriendo en «deficiencias en términos de imparcialidad, transparencia y equidad», según la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

El Estado sigue siendo el principal responsable de la mayor parte de las restricciones y agresiones, incluido el discurso estigmatizante, una práctica que se hizo habitual en las apariciones públicas de actores políticos que buscan cuestionar el trabajo periodístico que resulta contrario a sus intereses políticos.

Recomendaciones

El documento presentado por CAINFO finaliza con una serie de recomendaciones a diferentes actores:

A los periodistas y medios de comunicación, evitar la normalización de los casos de estigmatización por parte de funcionarios y políticos, en especial a través de redes sociales. Estas plataformas son utilizadas como herramienta para socavar la credibilidad del periodismo, difundir desinformación y promover los discursos de odio, lo cual contribuye a envenenar el debate público y la calidad democrática.

Continuar la capacitación de periodistas en estándares de Libertad de Expresión, legislación nacional y convenios internacionales suscritos por el país, así como en la autorregulación ética de la profesión. Denunciar los episodios de inseguridad y violencia en línea, teniendo en especial consideración a los ataques por razones de género, raza, etnia, origen social o territorial. La influencia que tienen en este tema las grandes plataformas hace que este fenómeno se haya convertido en los últimos años en una de las grandes preocupaciones de especialistas y relatores de libertad de expresión, por lo que también es importante incluir el tema en las agendas informativas.

La aprobación en el último lustro de una cantidad relevante de normativa regresiva en materia de libertad de expresión y acceso a la información plantea a las nuevas autoridades el desafío de promover un diálogo abierto y transparente con la sociedad civil, la academia, expertos y organismos internacionales a fin de recuperar el ambiente de libertad de expresión previo a este período.

La vigencia de la nueva Ley de Medios es un riesgo para el cumplimiento de estándares de Derechos Humanos, especialmente en algunos aspectos relevantes que afectan la libertad de expresión. Si bien la suspensión del decreto que reglamentó dicha norma es un paso positivo, se señala la necesidad de abrir instancias de diálogo para hacer posible la presentación de aportes en la elaboración de una política pública de comunicación que evite nuevos retrocesos y revierta decisiones regresivas.

Exhortar a las más altas autoridades nacionales a pronunciarse públicamente contra los ataques, amenazas y restricciones a la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación, así como abstenerse de aprobar normativa contraria a los compromisos asumidos en materia internacional, en línea con las exhortaciones de relatores de libertad de expresión de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Se insiste en reforzar los procesos de transparencia en la difusión de la información pública mediante la discusión de mejoras a la ley de Acceso a la Información Pública. Ya existen iniciativas con las que comenzar a trabajar, como el proyecto de ley de reforma de la Ley AIP presentado en 2020 o la propuesta de reforma elaborada por la Unidad de Acceso a la Información Pública en 2023 que fue ignorada por el Ejecutivo.

En los últimos años se dio un proceso inverso, con la aprobación de retoques legislativos que impusieron nuevos obstáculos al acceso y normalizaron el uso de las excepciones previstas en la ley como forma de denegar las solicitudes de los periodistas. La asistencia legal, gracias a un proyecto de CAINFO con el apoyo de Unesco para combatir estas prácticas, es una herramienta eficaz que ha permitido avanzar hacia una mayor transparencia.