Mientras continúa el estudio presupuestal en el poder legislativo, la diputada nacionalista por Lavalleja Adriana Peña realizó varios planteos y marcó su postura en otros temas que se están definiendo por parte del gobierno nacional.
En primer lugar, respecto a la Caja de Profesionales, la diputada recordó en una intervención que se resolvió en el mes de julio la conformación de una comisión en base al artículo 14 de la Ley N.º 20.410. Esta comisión estaría integrada por un delegado del Ministerio de Economía y Finanzas, otro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y un tercero de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. La diputade del Partido Nacional (PN) solicitó saber si ya se ha designado a ese representante, quién es la persona designada, si la comisión se ha reunido, si existe un plan de trabajo definido y si se han elaborado informes al respecto.
Además, Peña reiteró su “preocupación” por “la reducción del límite de compra directa para las intendencias, que pasó de $750.000 a la mitad”. “Quienes trabajamos diariamente con estas realidades -agvregó Peña- sabemos que esto genera grandes dificultades para el funcionamiento de los gobiernos departamentales. Si bien el artículo 33 ampara situaciones de emergencia, en la gestión cotidiana particularmente en lo referente a la compra de maquinaria esta limitación se vuelve un obstáculo considerable”.
RECHAZO A REPRESA DE CASUPÁ
“Por otra parte, y sin apartarme del análisis presupuestal que nos convoca, quiero dejar planteado un tema de gran relevancia. Como representantes del pueblo y estando presente la Presidencia de la República, expresamos nuestro más firme apoyo a los vecinos de la zona de Casupá, quienes se verán directamente afectados por el proyecto de represa. Entendemos que esta solución se plantea para abastecer al área metropolitana, pero consideramos que existen alternativas viables que no implican sacrificar recursos ni comunidades locales. La decisión de construir la represa no solo implica una injusticia ambiental, sino que además se ejecuta en un territorio donde el agua es escasa, especialmente en períodos de sequía, lo que afectará la producción y el desarrollo de la región. Creemos que existen otras cuencas y afluentes a menos de 100 kilómetros de Montevideo que pueden brindar soluciones sin generar este nivel de perjuicio. En este sentido, dejamos claramente establecido nuestro rechazo a esta medida y nuestro respaldo absoluto a los vecinos que defienden sus derechos y su tierra”.
