Apenas si pasó un mes del nuevo gobierno departamental y parte de la actual oposición (el Partido Nacional) ya la emprendió contra la administración del frenteamplista Daniel Ximénez.
“¡¡Despido de funcionarios municipales en José Batlle y Ordóñez!!” “¡¡Persecución política!!” “¡¡Familias quedan en la calle!!” Esas fueron las palabras -y el tono: los signos de admiración son justificados- de ediles del Partido Nacional en una conferencia de prensa en la que atacaron duramente al gobierno departamental por esa “persecución” y esos “despidos”.
La realidad, que es dura, nos dice que despidos no hubo en José Batlle y Ordóñez. Tampoco hubo renovación de contratos precarios y con fecha de vencimiento a unas cinco personas al parecer, aunque podrían ser menos. A una de estas personas, el entonces intendente Herman Vergara, el 26 de junio pasado (o sea, pocos días antes de entregarle el cargo a Daniel Ximénez) le hizo un contrato de trabajo como zafral desde el 1º de julio de 2025 hasta el 31 de julio de 2025. Si, luego de vencido el contrato, el nuevo alcalde de José Batlle y Ordóñez, el colorado Conrado Da Cunha, decidió no renovarlo, ¿hay un despido? No lo hay. Los demás casos son similares.
Hubo tres a cinco contratos en esa localidad que no se renovaron, en un total de 73 personas que trabajan para ese municipio. Es difícil pensar en persecución política, o justiticar que se le llame así, cuando no se renovaron de tres a cinco contratos, con 73 funcionarios en total.
Quizá lo que tendríamos que pensar, eso sí, es que el Partido Nacional, ahora recuperado del revolcón electoral, se lanza a ser oposición pura y dura. No habrá ni seis meses, ni tres meses, ni un día más de golpes en la espalda ni luna de miel con Daniel Ximénez.
El nuevo intendente deberá estar preparado para soportarlo mientras desarrolla sus proyectos y su gobierno.
