Uruguay, 10 de diciembre 2025

A la sociedad uruguaya y el actual gobierno ejecutivo y parlamentario:

Las 75 organizaciones y personas abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo a la intención declarada por el secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, junto con la Sociedad de Productores Forestales, de expandir el área de monocultivos forestales y de flexibilizar las normas y procesos de estudio de impacto ambiental de las plantaciones.

Nuestro país lleva más de 35 años de expansión sin interrupciones de los monocultivos de eucaliptus y pinos, con una promesa de empleo y desarrollo que no se refleja en los datos públicos de la Encuesta Continua de Hogares (INE): en los últimos 17 años, aunque se han instalado tres plantas de celulosa y se forestaron 400.000 hectáreas nuevas, no han crecido los puestos de trabajo en la cadena forestal.

Además, el 46% de los trabajadores forestales son informales, y solamente el 9% son mujeres, lo que indica la fuerte desigualdad en el sector. Es más, en 2018 cerró la industria nacional Fanapel y recientemente Lumin envió a 700 trabajadores al seguro de paro, lo que muestra la incapacidad del sector para generar empleo en cantidad y calidad.

Esta expansión se ha realizado sobre tierras en las que vivían y trabajaban productores de otros rubros, en especial ganaderos, haciendo perder empleos y tierras para vivir y producir, vinculadas a nuestro principal ecosistema, el campo natural. En las tierras forestadas no viven familias; son campos vacíos controlados por grandes empresas que concentran tierra como ningún otro rubro. De hecho, los y las productores/as familiares que permanecen viviendo y trabajando en nuestro campo padecen un conjunto de problemas vinculados al avance forestal: falta de agua (seca de manantiales y cañadas), aumento de animales que afectan la producción ovina (como el jabalí), dificultades crecientes para al acceso al pastoreo o arrendamiento en campo natural, pérdida de redes vecinales de apoyo mutuo, deterioro constante de la caminería rural, riesgos de incendios incontrolables, mayores dificultades para el control de la garrapata y la brucelosis, entre otros.

Diversas investigaciones independientes de la UDELAR, incluso investigaciones apoyadas y financiadas por las empresas forestales, han demostrado que el monocultivo forestal merma de forma significativa el agua disponible en las cuencas y la capacidad de recarga de los acuíferos, acidifica, compacta y saliniza el suelo perdiendo fertilidad, genera pérdida de biodiversidad y afecta el sistema inmunológico de abejas. El uso intensivo de plaguicidas y fertilizantes, algunos prohibidos en la Unión Europea (como el fipronil o el paraquat), durante el primer año y medio de plantación, afecta los ecosistemas por deriva, bioacumulación y envenenamiento de fauna nativa (como por ejemplo la mulita) y contamina cañadas, arroyos y ríos que sirven de acceso al agua potable y de calidad para los habitantes del lugar y para las tomas de O.S.E. de las poblaciones circundantes.

También debemos tener en cuenta los continuos incumplimientos de las normas ambientales en viveros, plantaciones forestales y desastres ambientales producidos en los derrames de las plantas de celulosa. Continuamente las organizaciones y vecinos/as que permanecemos en el campo denunciamos las acciones irregulares de estas empresas, como los casos recientes en Guichón y el Vivero Santana, Puntas del Parao, Quebrada de los Cuervos, Isla Patrulla o Arroyo Negro. La respuesta ha sido pagar multas irrisorias, sin restauraciones, y volver a cometer las mismas irregularidades sistemáticamente.

Pareciera que la actual crisis hídrica y todas las expresiones científicas al respecto no generan reflexiones ni cuestionamientos entre los gobernantes sobre el avance forestal en las nacientes de las cuencas más importantes del país, lugares donde se pretende ampliar la prioridad forestal.

¿Acaso la realidad no nos está mostrando que es urgente hablar de la prioridad del agua? Quienes gobiernan están negando sistemáticamente la voluntad popular plasmada en el Artículo 47 de la Constitución de la República, la ley sobre el agua (Nº 18.610) y los decretos correspondientes (Consejos Regionales y Comisiones de Cuenca), que aseguran que la gestión, la planificación y el control de todas nuestras aguas superficiales y subterráneas no pueden llevarse adelante sin la participación ciudadana ratificada también en el Acuerdo de Escazú (Ley. 19.773) para la toma de decisiones sobre asuntos ambientales.

Las plantaciones forestales y las grandes obras industriales han afectado y destruido sitios arqueológicos y sagrados, profundizando la histórica negación de la identidad y de los territorios de nuestros pueblos originarios y de sus modos de vida. EI modelo forestal es una página más en la historia de la colonización en América Latina y en Uruguay, que niega nuestro pasado y los derechos de nuestros pueblos originarios. Incluso atropella nuestra identidad y soberanía a través de su injerencia cada vez mayor en la educación pública en todo el país.

Todos estos procesos han tenido el respaldo del Estado a través de obras de infraestructuras de uso prioritario pagadas por el pueblo, exoneraciones de impuestos en las plantaciones y en las zonas francas industriales, agravando la injusticia tributaria, con el fin de "promover" un sector que envía al extranjero la riqueza generada, a la vez que exporta agua y fertilidad de suelos en forma de madera y celulosa. Preocupa profundamente ver cómo el modelo forestal avanza sobre el territorio como si fuera infinito y sin memoria. Las regulaciones ambientales que hoy se presentan, son los últimos frenos que impiden que la lógica de la rentabilidad arrase con el agua, el suelo y la biodiversidad, con la vida.

Cuando se habla de expandir millones de hectáreas de monocultivos sin nombrar al agua, a las comunidades locales, ni al monte nativo, a los pastizales naturales o a la fauna nativa, algo está profundamente desbalanceado. La diversidad es salud; el territorio es cuerpo, casa y memoria. Un modelo que uniformiza y empobrece la vida hoy, no es progreso, 'es pérdida y destrucción. Es nuestro derecho y también nuestra responsabilidad, que las decisiones territoriales honren la biodiversidad, el agua, el suelo y la memoria de quienes estuvieron antes y de quienes vendrán después. Solo así podremos legar un territorio vivo y sano para las próximas generaciones.

Por todas estas razones y tantas otras que padecen nuestras vecinas y vecinos en cada rincón del territorio, planteamos que no queremos NI UNA HECTÁREA MÁS FORESTADA con monocultivos. Exigimos un urgente diálogo profundo y abierto sobre el modelo de desarrollo, reconociendo que existen otras alternativas para mejorar las oportunidades de vida y trabajo de nuestro pueblo, distribuyendo la tierra para habitarla y trabajarla con respeto a la naturaleza, desconcentrando la riqueza, y promoviendo el arraigo en los territorios con servicios y oportunidades de calidad para las presentes y futuras generaciones.

Rosmary Correa