Desde hace más de un mes, o quizá un poco más, se ha instalado en el departamento, sobre todo a instancias de dirigentes y ediles del Partido Nacional (PN) una “polémica”, un tema de agenda política: la no renovación de contratos de siete funcionarios/as municipales en José Batlle y Ordóñez por parte del nuevo alcalde colorado de esa localidad, Conrado Da Cunha.

Hemos visto, presenciado y publicado en este mismo diario conferencias públicas de ediles blancos, comparecencia de delegaciones de José Batlle y Ordóñez en la Comisión de Recepción de la Junta Departamental, airadas intervenciones en la Junta (que hemos publicado puntualmente; quienes nos conocen saben bien que publicamos todo, todo, todo) sobre las pobres familias en esa localidad que quedan sin el sustento por decisiones del alcalde y del intendente Daniel Ximénez, que prácticamente habrían condenado a estas familias a la miseria.

Todo muy bien. Está perfecto y es comprensible, y hasta encomiable, que dirigentes políticos se preocupen por el trabajo de las personas.

Pero resulta que, gracias a una concisa y detallada investigación de la propia Intendencia de Lavalleja (IDL), la situación de los siete o nueve funcionarios de José Batlle y Ordóñez cuyos contratos no fueron renovados hace poco tiempo, empalidecen frente a otras situaciones que se han dado en el pasado reciente y de las que no teníamos ni noticias.

Resulta que en el último año de gobierno de Adriana Peña la IDL llegó a tener 1.210 personas con contratos eventuales en la IDL, un récord histórico al menos en los años considerados, desde el 2015 hasta la actualidad. Que haya sido un año de campaña electoral es sólo un detalle. Pues bueno, tan sólo un año después había “sólo” 574 personas con  contratos eventuales en la IDL, o sea 636 personas menos. O sea 52,6% personas menos.

¡Y no hubo protestas en la Junta! ¡No hubo marchas! ¡No hubo delegaciones de trabajadores en la Comisión de Recepción de la Junta Departamental de Lavalleja! ¡No hubo huelgas, ni concentraciones, ni piquetes, ni nada! ¡636 personas quedaron sin sus contratos con el cambio de gobierno de Adriana Peña a Mario García, y no hubo absolutamente ninguna protesta de nadie, de ningún edil del Frente Amplio, ni del Partido Nacional, ni del Partido Colorado, ni de nadie!

Y, nos duele mucho decirlo… ¡¡no hubo ningún medio de comunicación que publicara una sóla línea sobre este tema!! (Hablando de generar y manejar la agenda política).

¡No hubo ningún escándalo con más de 600 personas que quedaron sin trabajo, y ahora se arma un malón con siete contratos que no se renuevan!

Este tema, el de los zafrales, el de cómo parece haberse utilizado esta herramienta con motivos electorales, y otros relacionados a estos contratos eventuales, merece muchas más reflexiones, que les haremos llegar oportunamente.

Pero, de entrada, llama la atención: ¿por qué no hubo protestas y escándalos con más de 600 personas que quedaron sin trabajo, por parte de los mismos dirigentes políticos que se escandalizan con siete contratos no renovados?