Una delegación del Congreso de Intendentes, encabezada por su presidente, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera (Partido Nacional, PN), compareció el lunes ante la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados, que está analizando el proyecto de ley de Presupuesto Quinquenal elaborado por el Poder Ejecutivo.

Olivera apuntó específicamente contra los artículos 21 y 29 del proyecto. El primero introduce modificaciones en la regulación de los planes anuales de contratación de los organismos públicos. El segundo artículo, en tanto, fija como monto máximo permitido para compras directas por parte de organismos públicos el valor de 375.000 pesos. Al respecto, Olivera comentó que “en algún momento los gobiernos departamentales, las intendencias, habíamos sido descolgadas del régimen general en cuanto a los topes, al punto de que hoy el tope que tenemos para las compras directas es de 987.000 pesos”, y en caso de aprobarse este artículo “pasaría a ser de 375.000 pesos”.

Para Olivera es necesario aumentar los montos permitidos para las compras directas o dejarlas con el tope actual “porque si las intendencias pierden la magia de ser ejecutores inmediatos de políticas, ahí realmente empezamos a entrar en una lógica de burocracia, y la burocracia es buena en tanto y en cuanto es servil a cumplir los objetivos; (pero) ya cuando empieza a trancar, evidentemente, se desvirtúan las políticas que estamos llamados a cumplir”.

La postura del intendente de Paysandú es compartida por muchos intendentes del país, y Primera Página publicó esta misma semana una nota informando que la actual diputada blanca y exintendenta de Lavalleja Adriana Peña se expresó justamente en el Parlamento acerca de este tema, reclamando que no se baje el tope para las compras directas por parte de las intendencias.

No sabemos si el reclamo de Peña, de Olivera y de muchos intendentes será escuchado en el Parlamento. Lo que sí creemos firmemente es que la propuesta contenida en el proyecto de ley del presupuesto nacional cuenta seguramente con un fuerte apoyo popular.

¿Por qué?

Porque los uruguayos que creemos que en muchas compras del Estado históricamente hay “tongos”, con compras a “empresarios amigos” pagando mil por lo que vale diez, que han sido, sino regla, al menos muy, muy usuales, somos legión. Los uruguayos queremos transparencia y queremos que el dinero del Estado, nuestro dinero, se gaste de manera justa, sin sobreprecios ni coimas de por medio. Y si los uruguayos creemos que limitar los montos de las compras directas ayuda en ese sentido, lo vamos a apoyar mayoritariamente.

Es cierto, es verdad lo que dice Olivera y lo que piensan muchos intendentes: dificultar las compras directas, debiendo hacer licitaciones públicas que antes no eran necesarias, agrega burocracia, alarga plazos, dificulta el funcionamiento de las intendencias. Es verdad.

Pero entiendan que estamos un poco hartos. Si nuestros gobernantes, no importa de qué partido, se caracterizaran por su transparencia y cuidado de los dineros de todos, quizá los uruguayos no tendríamos problema en que los montos autorizados para las compras directas fuesen mayores.

Si, cuando se constatara una irregularidad en el manejo de los dineros públicos por parte de un funcionario -y sobre todo cuando es un funcionario electo-, hubiese un funcionamiento rápido y fulminante del sistema de justicia, investigando y eventualmente condenando a esos gobernantes corruptos, y esos gobernantes quedasen vedados de ocupar cargos públicos en el futuro, no habría reclamo popular alguno. Si los partidos políticos, sin excepción, expulsaran de una vez y para siempre a los corruptos, si esa fuera la regla, creo que los uruguayos en general estaríamos dispuestos a tener sistemas de contralor del uso de nuestros dineros más laxo, menos estricto.

Pero, lamentablemente, vivimos en un país en el que los gobernantes condenados por hechos de corrupción pueden perfectamente ser electos y reelectos y no pasan un sólo día de su vida en prisión ni pagan por sus delitos. Vivimos en un país en el que dirigentes políticos condenados por la justicia por hechos de corrupción -o delitos de otra índole, quizá más aberrantes u ominosos- son separados de manera fulminante de sus partidos en época electoral para volver a ellos, sonrientes, meses después.

Con ese nivel de funcionamiento de la justicia y de los partidos políticos con estos asuntos, más bien vamos a querer y a reclamar que nuestros políticos nos demuestren con cientoveintetrés sellos y certificados cada acción que realicen o cada gasto que ejecuten.

Se tienen bien ganada nuestra desconfianza.