Según consignaron los colegas de diario Serrano, el presidente de la Junta Departamental de Lavalleja Mauro Álvarez (Frente Amplio, FA) decidió separar del cargo a un funcionario administrativo de la misma, tras comprobar que había un faltante de $ 40.000 y que el funcionario reconociera que él mismo los había sustraído.

El funcionario reconoció que ingresó al edificio de la Junta en una madrugada y sustrajo los $ 40.000, luego de desactivar el sistema de alarma con que cuenta la institución. La denuncia correspondiente ya fue tramitada por el presidente de la Junta y Fiscalía ya trabaja en el caso.

El tema fue discutido en la propia Junta el miércoles 3 en régimen de comisión general, por lo que no se permitió el acceso de periodistas ni de personas ajenas a la sesión durante el tratamiento del tema. El mismo tema fue tratado nuevamente en una sesión extraordinaria del miércoles pasado.

En la sesión de la Junta hubo reclamos de ediles de la oposición para que el tema se tratase “con transparencia” frente a la población, en una sesión abierta, acusando al FA de “ocultarle a la ciudadanía de Lavalleja” información.

Por otro lado, la bancada de ediles del FA acusó a sus colegas nacionalistas de violar el artículo 46 del Reglamento de la Junta Departamental, al haber filtrado a un medio de comunicación el tema y detalles del mismo de la sesión general realizada.

 

DECLARACIÓN DE EDILES DEL PARTIDO NACIONAL

Nuevamente el Frente Amplio se negó a que la sesión extraordinaria del día de hoy, sea de carácter abierta.

En la misma íbamos a tratar el tema “irregularidades en el manejo del dinero público” para que la población sepa con transparencia  cómo se manejan sus aportes en la Junta Departamental.

Mientras la bancada del @partidonacionaluy quiere una sesión libre y con TRANSPARENCIA, evidentemente el Frente Amplio nuevamente tiene algo que ocultarle a la ciudadanía de Lavalleja.

 

DECLARACIÓN DE EDILES DEL FRENTE AMPLIO

Ante presuntos hechos que han trascendido en la prensa local, la Bancada del Frente Amplio desea expresar con claridad:

Respaldamos plenamente el accionar del presidente de la Junta, Mauro Álvarez, quien actuó con celeridad, responsabilidad institucional y pleno respeto por los procedimientos legales y reglamentarios, incluyendo la inmediata comunicación con la Justicia y el asesoramiento jurídico correspondiente.

Expresamos nuestro respaldo a la conducción de la Junta Departamental, que ha abordado este asunto siguiendo los procedimientos establecidos, en el marco de los espacios institucionales correspondientes y con el respaldo expreso de ediles de todos los partidos políticos.

Lamentablemente, durante la sesión del miércoles 10, la bancada del Partido Nacional resolvió violar el artículo 46 del Reglamento, brindando información a la prensa sobre un asunto que debía tratarse bajo reserva, incluso en plena sesión y durante un cuarto intermedio, desconociendo una resolución formal de la Junta.

Este accionar es grave, no solo por quebrantar el reglamento, sino por anteponer una estrategia política a la responsabilidad institucional que el momento exige. No corresponde exponer públicamente hechos bajo análisis judicial, ni condicionar el funcionamiento de la Junta con maniobras políticas.

Reafirmamos nuestra convicción de que la Justicia es quien debe expedirse sobre los hechos vinculados a cualquier trabajador, y que nuestro rol como representantes es contribuir al respeto por el debido proceso, la institucionalidad y la ética pública.

Por todo lo anterior, el Frente Amplio continuará actuando con seriedad, transparencia y pego al marco normativo, convencido de que la ciudadanía de Lavalleja merece un sistema político que priorice la responsabilidad sobre el oportunismo.

 

Bancada Frente Amplio Lavalleja

 

OPINIÓN

La realización de sesiones en régimen general o secretas en la Junta Departamental tiene una trayectoria o historia en la que el éxito -en mantener la reserva- ha sido la excepción, más que la regla.

En abril del año 2021 hubo un fuerte escándalo porque el mismo diario Serrano reveló entonces información tratada en “comisión general”, o sea reservada, en una sesión de la Junta Departamental sin acceso a los periodistas.

En ese momento el tema tratado en comisión general fue el de la presentación por parte de un edil del Partido Nacional de José Pedro Varela de facturas falsas para la compra de combustible. En ese entonces, la maniobra permitía al edil que la Junta le pagara por combustible que en realidad no compraba.

La publicación por parte de Serrano de esa información tratada en comisión general provocó que los ediles nacionalistas reclamaran entonces, en el 2021, por la formación de una comisión investigadora para establecer qué edil había filtrado la información a un periodista, y eventualmente para hacer una denuncia ante la justicia o ante quien correspondiese, por la violación del reglamento de la Junta.

Hubo fuertes presiones sobre el periodista de Serrano en aquél momento para que revelara su fuente, que dijera qué edil o ediles le habían pasado la información. Por supuesto, nunca lo dijo. Felicitaciones.

En mayo de 2021 la entonces presidenta de la Junta Gabriela Umpiérrez anunció que la comisión preinvestigadora había definido que no se formara una comisión investigadora sobre el tema.

Ahora, quizá, antes que centrarnos en saber quién filtró o no filtró, qué edil o ediles quebraron el reglamento de la Junta -probablemente nunca se sepa- sería bueno que, si se comprueba que efectivamente hubo un faltante de dinero de la Junta, se establezcan los responsables, se tomen las medidas -legales, administrativas- correspondientes y se establezcan o mejoren mecanismos de vigilancia, control y seguridad.

Y, por favor, sin agachadas político-electorales.

Porque ver a quienes entonces reclamaban, hace cuatro años, la cabeza de periodistas y “ediles filtradores”, clamar ahora por “transparencia”, da un poquitín de vergüenza ajena.