El Grupo de Vecinos del Casupá expresa su profunda preocupación ante la reciente entrega de información preliminar vinculada a eventuales expropiaciones para la represa proyectada sobre el arroyo Casupá. Este material, difundido a través de las visitas que OSE está realizando en la zona afectada, carece de información técnica suficiente, planos definitivos y del respaldo documental necesario.
Aunque autoridades han señalado que el Estudio de Impacto Ambiental “solo requiere adecuaciones” —a pesar de haber sido elaborado antes de la extrema sequía de la Cuenca del Santa Lucía en 2022–2023 y sin dar respuesta al daño ambiental irreversible que dejó ese evento— lo cierto es que aún no se han cumplido etapas legalmente obligatorias, como la realización y publicación del estudio, el acceso público a la información, la audiencia pública, la recepción de observaciones y la evaluación técnica independiente. En estas condiciones, avanzar hacia eventuales expropiaciones o compromisos financieros resulta improcedente, porque antecede procesos que deben desarrollarse con garantías, información completa y participación efectiva.
A esto se suma la creciente preocupación entre pequeños productores por la información transmitida verbalmente durante las visitas —sobre posibles relocalizaciones, ampliación de hectáreas o mejoras de infraestructura— sin respaldo documental. Estos planteos aumentaron la incertidumbre de familias que no desean abandonar su territorio ni su forma de vida, por el fuerte arraigo construido durante generaciones.
En el marco de estas recorridas, y tras las advertencias de algunos productores sobre inconsistencias en la delimitación del área afectada, técnicos presentes reconocieron que las evaluaciones preliminares podrían incluir márgenes de error en la medición de la cota. Indicaron que será necesario realizar nuevos relevamientos, dado que los existentes —hechos mediante vuelos de drones— podrían no reflejar con exactitud el alcance real. Esta situación confirma que el nivel de afectación aún no está plenamente determinado. Un eventual ajuste en esas mediciones podría modificar significativamente el área comprometida, incluso respecto de una escuela rural con más de 100 años de funcionamiento, cuya posible necesidad de cierre o traslado tendría un impacto social y comunitario que requiere una evaluación clara y responsable.
Por todo lo expuesto, el Grupo de Vecinos del Casupá exige la suspensión de los avances administrativos hasta que el proceso ambiental cumpla plenamente con todas las etapas legales y las instancias de participación ciudadana se desarrollen con información completa, accesible y verificable.
Grupo de Vecinos de Casupá
