Ya sabemos que Cardama no construirá dos buques patrulleros oceánicos (OPV) para nuestro país. Luego que se comprobara que dos garantías del contrato presentadas por el astillero español Cardama son “truchas” e incobrables; luego de que técnicos de nuestra Armada informaran sobre múltiples fallas en la construcción del primer buque (sólo se ha construido la mitad del primero, o menos), luego que se incumplieran todos los plazos (el primer OPV debería ya estar navegando); luego de que hasta el informe de una consultora internacional especializada encontrara múltiples problemas en la construcción, nuestro gobierno decidió rescindir el contrato e iniciar acciones legales para recuperar lo que se pueda de los US$ 30 millones que ya se pagaron al astillero.

Y fue entonces que la oposición salió en defensa de lo que hizo el gobierno anterior de Luis Lacalle Pou en este tema, con el senador Javier García (Partido Nacional, PN), exministro de Defensa cuando se eligió al astillero Cardama y cuando se firmó el contrato, al frente.

¿Toda la oposición? No.

Los colorados están llamativamente mudos sobre este tema. Y el principal líder de Cabildo Abierto (CA), el general retirado Guido Manini Ríos, dice que si efectivamente “hubo corrupción en el proceso de adjudicación a Cardama”, entonces, “que los responsables terminen presos”. Manini deslindó responsabilidad en este asunto de Rivera Elgue, perteneciente a CA, quien fuera subsecretario de Defensa cuando se firmó el contrato.

O sea, más que la oposición, es el PN el que se opone frotalmente a las acciones del gobierno en este tema. Para el PN se trata de una “operación política” del Frente Amplio (FA) para tratar de dañar o destruir “el legado” del presidente anterior Luis Lacalle Pou, a quien consideran su principal figura para presentar en las próximas elecciones.

En realidad, el principal defensor del PN en este tema y del contrato con el astillero Cardama es el senador Javier García, que en todo caso, como ministro de Defensa cuando se firmó el contrato, sería uno de los principales responsables de todo (bueno o malo) vinculado con este asunto.

Pero hay hechos, y los hechos son tercos e incontrovertibles: Cardama presentó garantías falsas, lo que podría invalidar todo el contrato. Cardama nunca antes había construido un buque de este tipo. Cardama incumplió prácticamente todos los plazos establecidos en el contrato, en el proceso de construcción. La empresa que proveería los motores rescindió su contrato con el astillero, que tiene problemas financieros y económicos muy, muy serios. A Javier García, como ministro, en el mejor de los casos lo “jopearon” de la manera más burda e infantil con garantías falsas, y si es así, su labor como ministro en el asunto fue al menos de una ineptitud mayúscula. En el mejor de los casos.

Y cabe recordar que en febrero del año 2017, el entonces senados Javier García proponía que los gobernantes respondieran con su patrimonio para reparar daños al Estado.

Sabias palabras.

Por otro lado, ni a Javier García ni al PN le queda cómoda la posición de defender a una empresa privada, el astillero Cardama, que ha actuado de esta manera. No obstante, en la defensa del gobierno anterior, casi que no tienen más remedio que defender el contrato que se hizo y cómo se hizo. Aunque eso pueda significar inmolarse en el fuego de las redes sociales.

Ahora mismo reclaman desde el PN acceder a “toda” la información que el gobierno posee sobre el tema, algo que, con un juicio o varios a la vista, le conviene sobre todo a Mario Cardama, quien así podría conocer en detalle todos los elementos que nuestro gobierno manejará en un juicio con el astillero.

Es una posición incómoda y los que suceda en los próximos meses será crucial políticamente: si el país logra un buen resultado en un juicio con Cardama sobre este tema, el PN podría salir muy golpeado. Por otro lado, si en un juicio gana Cardama el PN podría argumentar que tenía razón,  que el contrato era conveniente y que el gobierno del FA retrasó o impidió el acceso del país a estos buques, tan necesarios.

Atravesando todo el asunto, el PN lleva adelante un juego político muy delicado, porque le será difícil jugar el rol de defensor de una empresa privada -el astillero-, que a todas luces hizo cosas muy oscuras, y que pretende perjudicar al Estado uruguayo.