La Lista 3 de FFOSE manifiesta su rechazo al anuncio de un aumento de tarifas del 8,5 % a partir del 1.º de enero de 2026, un ajuste que se ubica por encima de la inflación proyectada y que impactará directamente en el bolsillo de los hogares trabajadores.

Desde el discurso oficial se intenta justificar este aumento en la necesidad de “financiar a OSE”. Sin embargo, esta explicación omite deliberadamente una discusión de fondo: el problema no es la falta de recursos del Estado, sino cómo se decide administrarlos.

El Estado uruguayo no es un conjunto de empresas aisladas que deban comportarse como unidades privadas que equilibran cuentas subiendo precios. Es una herramienta colectiva cuya función principal es garantizar derechos, entre ellos el acceso al agua potable y al saneamiento, consagrados constitucionalmente. Cuando se gestiona cada empresa pública con una lógica estrictamente empresarial, el resultado es siempre el mismo: si hay déficit, se traslada el costo a la tarifa, y por lo tanto a la población.

Mientras algunas empresas públicas generan excedentes millonarios, OSE es obligada a “autofinanciarse” cargando el ajuste sobre sus usuarios. Esa decisión es política. Existen alternativas, como la transferencia de recursos dentro del propio Estado o una política fiscal que haga aportar más a quienes más tienen, en lugar de seguir recargando el peso sobre trabajadores y jubilados.

Este aumento confirma una lógica que venimos denunciando desde hace años: grandes decisiones estratégicas en materia de agua y saneamiento, presentadas como inevitables, terminan siendo pagadas por el pueblo a través de la tarifa, sin debate público real, sin transparencia suficiente y sin evaluar caminos alternativos.

Resulta especialmente grave que, frente a este escenario, la conducción mayoritaria del sindicato haya optado por el silencio. No se trata de una omisión menor: es una definición política. La ausencia de un pronunciamiento crítico frente a un aumento que golpea a trabajadores y usuarios expresa un alineamiento con el gobierno de turno que condiciona y debilita el rol del sindicato.

El sindicato no puede transformarse en un actor complaciente ni en un apéndice de ninguna administración. Su razón de ser es defender a los trabajadores y a la población usuaria, aún —y sobre todo— cuando eso implica cuestionar decisiones del gobierno o de la empresa. Renunciar a esa función es vaciar al sindicato de contenido y alejarlo de su base social.

Desde la Lista 3 sostenemos que no es aceptable avalar aumentos por encima de la inflación ni guardar silencio frente a ellos, sin una discusión profunda sobre el modelo de gestión de las empresas públicas y el rol del Estado en la garantía de derechos básicos.

 

Por eso exigimos:

- Transparencia real sobre los fundamentos del aumento tarifario.

- Un debate público y democrático sobre cómo se financian las inversiones estratégicas.

- Un posicionamiento claro del sindicato en defensa de los intereses populares, con independencia política.

El agua y el saneamiento no son una mercancía ni una variable de ajuste. Son derechos. Y como tales, deben ser garantizados sin que eso signifique un nuevo golpe al bolsillo de quienes viven de su trabajo.

Lista 3 – FFOSE

Por un sindicato independiente, crítico y al servicio del pueblo