La edila Luciana Martínez, perteneciente al sector SER Lista 273 del Frente Amplio, -de profesión operadora social-, en Asuntos Previos de la sesión ordinaria del miércoles 17 de setiembre de la Junta Departamental de Lavalleja (JDL) expuso sobre la violencia vicaria.

PARA DAÑAR

Martínez señaló que “desde mi lugar de mujer política e integrante de la Bancada Femenina Multipartidaria, hoy quiero poner sobre la mesa un tema que no puede quedar relegado de la agenda pública de esta JDL: la violencia vicaria.

Se trata de una de las formas más crueles de violencia basada en género: cuando el agresor utiliza a los hijos e hijas como medio para dañar a las madres. Es el ataque más extremo que puede sufrir una mujer-madre, porque vulnera al mismo tiempo su maternidad y la integridad de sus hijos.

SIN PERSPECTIVA DE GÉNERO

Lamentablemente, enfrentamos un sistema judicial todavía sin perspectiva de género, que muchas veces resuelve estas situaciones de forma meramente administrativa. Vemos abogados que no escuchan a niños, niñas y adolescentes, o que directamente desconfían de su palabra. Se sigue utilizando, de forma encubierta, el inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP) -un concepto sin validez científica, rechazado por la UdelaR, INAU, Fiscalía General, la OMS y ausente en cualquier manual de psiquiatría-. Sin embargo, se lo emplea en sentencias para justificar tenencias o revinculaciones con padres violentos, exponiendo a los niños y niñas a mayores riesgos, y perpetuando la violencia hacia las madres. También se hace referencia las denuncias falsas cuando desde el ámbito académico y rigurosidad científica, como lo es el informe elaborado por la Universidad CLAEH, la Embajada de Países Bajos y otras organizaciones internacionales como ONU Mujeres, concluye que el porcentaje de denuncias falsas es muy bajo y las que existen son detectadas y descartadas muy rápidamente.

CONSECUENCIAS

Las consecuencias en la vida emocional y el desarrollo de las infancias son devastadoras, comparables con los traumas producidos por las guerras. Por eso, es imperioso que el Estado, en todos sus niveles, nacional y departamental, asuma su responsabilidad:

• Las instituciones deben comprometerse a generar mecanismos de prevención y atención, con recursos humanos especializados que permitan detectar e intervenir oportunamente.

• El sistema de justicia debe actuar con perspectiva de género, protegiendo los derechos de niños, niñas y adolescentes y evitando revinculaciones forzadas con personas violentas.

• Y sobre todo, este compromiso no puede quedar solo en declaraciones: se expresa en la asignación de presupuesto con sensibilidad de género, tanto a nivel nacional como departamental.

Sin recursos, las políticas públicas quedan en el papel. Con presupuesto adecuado, podemos prevenir, atender y reparar. La vida de las mujeres y las infancias no puede depender de voluntades ocasionales, sino de una verdadera prioridad en la agenda pública”.