Organizaciones de defensa de Derechos Humanos nunca olvidaron su trabajo y su compromiso y la postularon en su momento para integrar la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Fue consejera del organismo desde 2017 a 2022 y en agosto del año pasado asumió la presidencia. En mayo de 2017 brindó una charla en el Salón Multiuso “Provence Rezk” de Casa de la Juventud, titulada “Los Derechos Humanos en un Estado de Derecho”. “La dictadura afectó a toda nuestra sociedad”, manifestaba en aquella ocasión, entre otros tantos conceptos, la doctora Mariana Mota Cutinella.

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) es un órgano estatal autónomo que funciona en el ámbito del Poder Legislativo. Fue creada por ley Nº 18.446, de 24 de diciembre de 2008, como un instrumento complementario de otros ya existentes, con el fin de otorgar mayores garantías a las personas en el goce de sus derechos humanos y para que las leyes, las prácticas administrativas y políticas públicas se desarrollen en consonancia con los mismos. Según expresa la exposición de motivos de la ley de creación «… la matriz conceptual de los derechos humanos, determina la necesidad de concebir a la INDDHH como una institución del Poder Legislativo, independiente y separada del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, con atribuciones y funciones adecuadas para la protección de los derechos humanos en toda su extensión, de alcance nacional, con funcionamiento permanente y sin limitaciones temáticas o sectoriales, dentro del marco constitucional. Al mantener su distancia real del gobierno, puede aportar una contribución excepcional a los esfuerzos del país por proteger las libertades fundamentales de sus habitantes y por crear una cultura integral de respeto, promoción y plena vigencia de los derechos humanos, en su concepción de un todo independiente e indivisible -derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales-. Teniendo como cometidos fundamentales observar y controlar la realización efectiva de los derechos humanos de todo el quehacer estatal e intervenir en denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, implica una expansión de las salvaguardas existentes». La INDDHH comenzó a ejercer sus funciones el 22 de junio de 2012 al asumir el primer Consejo Directivo nombrado por la Asamblea General.

¿Qué significa para usted presidir la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, la cual, a su vez, integró como consejera entre 2017 y 2022?

La presidencia es rotativa, así que no hay ningún mérito específico para estar en ella. Mi regreso a la institución se debió a una vacancia y quien dejó el cargo no había ejercido su rol de presidente. Por eso me tocó ejercer la presidencia en este año, el cual se inició en 2025. Las presidencias van de agosto a agosto, de asamblea anual a asamblea anual, así que en agosto de este año dejaré la presidencia. O sea, es simplemente una función que compartimos año a año cada uno de los directores de la institución.

Igualmente refleja el reconocimiento a una trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos.

Bueno, sí, no sé. En realidad no lo considero así, en verdad. Pienso que es una tarea que hay que hacer y la hago. Lleva más tiempo, básicamente, eso sí.

Pero cada gestión tiene su impronta personal, su sello, más allá de que se trata de un colectivo.

Por supuesto. Cada uno tiene sus características, es inevitable. Ya, a esta altura de mi vida, es difícil que cambie. Las características de cada uno las lleva consigo, por suerte o por desgracia, y eso tiene sus connotaciones, por supuesto.

En el mundo entero, Uruguay es reconocido en el tema Derechos Humanos, por el ejercicio de la democracia plena pero, ¿cuáles son, a su entender, las asignaturas que aún continúan pendientes en la materia?

Es muy cierto lo que usted comenta acerca de la situación de nuestro país respecto a estos temas. Si nos comparamos con otros países, algunos de la región, con otras partes del mundo, sí tiene un estándar de protección de derechos importante, interesante. Pero esa comparación es un poco, digamos, autocomplaciente. Siempre va a haber países que estén en peores condiciones. Deberíamos compararnos con nosotros mismos, en realidad. Y en ese sentido, si bien hemos ido avanzando, principalmente en que la gente sepa que tiene derechos, que puede reclamarlos y que puede exigir que el Estado se los proteja, nos falta camino por transitar. Hay algunos aspectos en los cuales podemos decir que se han generado mayores situaciones de riesgo de desprotección. Estoy pensando en la infancia, en la situación de pobreza, estoy pensando en el incremento exorbitante del número de personas privadas de libertad y en todas las condiciones y en las vulneraciones de derechos que eso significa. En algunas situaciones que impactan en sectores importantes de la población -no se trata de tres o cuatro individuos, y aun si así lo fuera son Derechos Humanos de cada uno-, en realidad, en esos estamentos, en infancia y adolescencia, que está en situación de pobreza o en el caso de los privados de libertad, son situaciones en las que el Uruguay no ha logrado mejorar y más bien podríamos decir que ha retrocedido en protección.

En el caso de la vulneración de derechos durante la última dictadura, por cuestiones biológicas se está esfumando la verdad de lo sucedido.

Sin dudas, ese es un debe que el Estado no logra asumir en su debida forma. Más allá de que se ha asegurado la búsqueda de las personas detenidas y desaparecidas y que sea, de alguna forma, protegido que esa función continúe, lo cierto es que al no tener una información precisa, una información fidedigna, se sigue buscando en vastas áreas, o a veces se acude a lugares donde hay hallazgo de restos porque podría ser pero no ocurre absolutamente nada. Es un desgaste en la búsqueda del Estado, un gasto económico del Estado que se sostiene por la negativa a dar la información y poder resolver de una vez por todas esta situación. Entonces, es una prolongación del daño a las víctimas, a las víctimas todas, porque, por supuesto, principalmente son los familiares de los detenidos y desaparecidos, pero también a la sociedad toda y entonces, en eso el paso del tiempo, lo único que hace es acrecentar el daño e ir diluyendo, cada vez más, las posibilidades de conseguir datos para encontrarlos. Es una situación preocupante, claramente.

¿Qué va a permitir el convenio de cooperación recientemente suscrito con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC)?

Nosotros hemos logrado firmar varios convenios, no solamente con Educación y Cultura, sino también con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Salud Pública, con la Intendencia de Montevideo y también con el Ministerio de Defensa, los cuales nos permiten seguir trabajando sobre el tema. En todos los casos, el objetivo que se ha trazado es el acceso directo a los archivos, a que el equipo de investigación pueda acceder directamente a ellos para conocer de primera mano cuál es la información en esos documentos, poder conocerlos con el objetivo principal de acceder a datos que nos permitan precisar la búsqueda, no solo de los restos de los detenidos desaparecidos, sino conocer las circunstancias de la desaparición, que también es un mandato que tiene la institución en esta búsqueda.

Quienes recurren a la institución lo hacen por situaciones urgentes, ante lo que consideran la vulneración de sus derechos. A grandes rasgos, ¿cuál es el mecanismo empleado para abordar los temas que llegan a la institución?

Depende de cada situación. Hay situaciones que cuando las personas acuden, como bien dice, sea personalmente o por teléfono o por correo, se escucha cuál es la problemática que se presenta, y ahí se le informa a la persona, se le asesora en el sentido de si efectivamente es una situación de competencia de la institución, o pueden ser situaciones que son de competencia de otro organismo y se las deriva a él, y muchas veces se la ayuda a dirigir su reclamo a los organismos competentes. Cuando es competencia de la institución, se asume, se trabaja ese caso, se vincula con el organismo que eventualmente está involucrado y se intenta llegar a un buen resultado, o si no, se termina resolviendo con la emisión de una resolución de la institución donde se recomienda lo que corresponda a cada caso.

¿Qué ocurre con el presupuesto que maneja la institución? ¿Los asignados fueron los adecuados, los necesarios?

Sí, en general, sí. En realidad se pedía un poco más, pero bueno, esto ha ocurrido siempre en la institución, se han pedido más recursos, pero luego los recursos siempre son finitos y se ha otorgado menos. De todas formas, a lo largo del tiempo, la institución ha logrado ir fortaleciéndose, seguir incorporando a algunas personas, algunos técnicos y profesionales que permitan ayudar y trabajar en competencias que son muy amplias y que, además, se han ido ampliando a partir de nuevas leyes.

 

Mariana Mota Cutinella

  • Doctora en Derecho y Ciencias Sociales (Universidad de la República).
  • Posgrado interuniversitario en Derechos Humanos- Educación en Derechos Humanos (AUSJAL e Instituto Interamericano de Derechos Humanos).
  • Posgrado interuniversitario en Derechos Humanos, mención Acceso a la Justicia (AUSJAL e Instituto Interamericano de Derechos Humanos).
  • Posgrado de especialización en Derecho Penal (Universidad de la República).
  • Integrante del Consejo Directivo de la INDDHH (2017-2022).
  • Jueza letrada y de Paz (1991-2017).
  • Docente (cargo interino) Universidad de la República: ayudante en la Cátedra de Derechos Humanos y en la cátedra de Derechos Sociales en la Facultad de Derecho.
  • Integra el equipo docente de seminario optativo sobre Participación social en políticas públicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (2022 al presente).
  • Participante del Programa de Formación de Jueces del CEJU con tres pasantes bajo su responsabilidad (2010).
  • Integrante de la Comisión de Estudio de Aplicación de Medidas Alternativas a la Pena, integrada por jueces designados por la Suprema Corte del Uruguay, Patronato de Encarcelados y Liberados de Uruguay.
  • Participó en publicaciones de la Fundación de Cultura Universitaria, Fundación Konrad Adenauer, Revista de Derecho Penal y revista ILCEA de Francia.