El sindicato de funcionarios municipales (ADEOM) de Lavalleja festejó como un logro que más de un centenar de contratos laborales de la Intendencia de Lavalleja (IDL) que se vencen a fines de julio fuesen prorrogados por 60 días. Según trascendió, la IDL pretendía o planificaba no renovar esos contratos. ADEOM pretende, en estos dos próximos meses, convencer de alguna manera a las autoridades para que esos contratos sean renovados nuevamente, por un lapso mayor.

Pero el problema es que eso podría ser ilegal, por la Ley Nº 20.451 promulgada el 16 de diciembre pasado, que regula el ingreso, ascenso y contratación de personal en todos los gobiernos departamentales. Según esta ley todo ingreso a la función pública departamental debe ser por concurso público y abierto o por sorteo público debidamente fundamentado. Sólo se exceptúan los cargos de particular confianza y se permite un máximo de 4% de contrataciones directas, respecto al total de cargos presupuestados.

El problema es que, según cifras oficiales, la Intendencia de Lavalleja es la que tiene en el país el récord de designaciones directas a la hora de contratar funcionarios, con el 98% el año pasado.

La administración de Daniel Ximénez se enfrenta a un dilema de difícil resolución: muchos de los trabajadores de la IDL son zafrales que ingresaron con contratos basura (algunos de ellos, renovables cada 15 días, otros mensuales o más largos) por designación directa. Lo mismo ocurrió con los más de cien contratos que vencen a fines de julio. No hubo concursos ni sorteos para ninguno de esos cargos.

Ahora existe una ley, y la IDL éstá obligada a cumplirla. Si la cumple a rajatabla, debería al finalizar los contratos vigentes, y si necesita seguir contando con funcionarios que realicen esas tareas, llamar a concursos públicos en caso de cargos que requieran formación o experiencia especializada, o a sorteos públicos en el caso de cargos no especializados. En ambos casos, si la IDL renueva los contratos en lugar de terminarlos, ¿no estaría incumpliendo la ley?

A su vez, buena parte de los zafrales están entre los trabajadores que ganan los salarios más bajos y al mismo tiempo integran los sectores menos favorecidos de la sociedad. No renovar sus contratos empeora una situación socioeconómica que ya es muy difícil para ellos.

Se trata de una situación que el gobierno del Frente Amplio heredó y que, cualquiera sea la “solución”, le significará problemas. Y eso sin considerar que nuestra intendencia tiene al parecer un exceso de funcionarios (está en el primer lugar del país en cuanto a la cantidad de funcionarios respecto a la población total) y sufre de una situación financiera muy mala: prácticamente el 100% de sus ingresos genuinos se van en el pago de salarios, o no alcanzan para pagarlos.

No es que la IDL no quiera hacer obras: en estas condiciones, para hacerlas debería sacarse el pozo acumulado del 5 de Oro un par de veces al año, hasta que termine la administración.