Los camioneros “autoconvocados” fueron ayer a Montevideo a protestar y bloquearon, al menos parcialmente, el acceso al Puerto de Montevideo.

Lo que reclaman es bastante simple: que el gobierno dé marcha atrás con la guía electrónica de carga que se pretende introducir de manera paulatina, por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), y la rebaja en el precio del gasoil.

Vayamos por un lado a los reclamos: la baja del precio del gasoil parece muy imporbable, ya que el precio de los combustibles, que ha subido considerablemente en los últimos dos meses, continuará, irremediablemente, aumentando más durante una parte de este año, muy lamentablemente: el petróleo que nuestro país importa costaba unos US$ 65 el barril hace un semestre y ahora ha llegado a costar casi el doble, a causa del conflicto existente en el Golfo Pérsico, con el Estrecho de Ormuz cerrado a causa de una guerra desatada luego del ataque de Estados Unidos (EE.UU.) e Israel contra Irán, que este respondió, entre otras cosas, bloqueando el estrecho. El aumento actual y futuro del precio del gasoil y de otros combustibles, lamentablemente, no podemos evitarlo desde este rincón del planeta.

Por otro lado los camioneros “autoconvocados” no es que quieran conversar sobre la guía electrónica de carga: no la quieren en general, no quieren que se controle la carga que llevan, a dónde van, con qué carga y de qué origen es. No quieren la guía, que es gratuita y se completa muy fácilmente en cualquier dispositivo electrónico con conexión a internet.

¿Por qué no la quieren? ¿Porque sale cara? No, no puede ser eso -a pesar de que muchos camioneros lo utilizan como argumento- porque es gratuita y lo seguirá siendo. ¿Quizá porque les molesta que su carga y su trabajo sean controlados y formalizados? Quizá vaya por ese lado. El transporte de cargas es un sector con un nivel de informalidad calculado entre 30% y 50% de la actividad en nuestro país. Eso significa empleos en condiciones de informalidad y las propias condiciones laborales informales, o sea sin seguridad social, sin que se cumplan normas básicas de trabajo como los horarios, etc. Tabaré Vázquez, en su último gobierno, instauró casi al final de su mandato el SICTRAC, un sistema de control electrónico de cargas y recorridos de los camiones, que fue derogado por el recién designado ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, apenas asumió en marzo del 2020: “no queremos un gran hermano en el traqnsporte”, dijo Heber. Y así, el trabajo y las cargas siguieron en la informalidad.

De esa manera, con la informalidad en las condiciones de trabajo y en las cargas, es que tenemos una pérdida considerable para el fisco y la seguridad social, tenemos a muchos trabajadores explotados y sin derechos básicos, y tenemos cargas sin control, lo que no sólo favorece irregularidades sino que además facilita que se cometan delitos como el narcotráfico: dentro del país, la droga que Uruguay “exporta” a Europa viaja en camiones que van al puerto. Y si esas cargas tienen nulos o escasos controles, mejor aún. El mantenimioento de la informalidad castiga a los que cumplen y favorece a quienes violan las reglamentaciones. Y eso no es aceptable.

Por otro lado, los propios trabajadores del sector, nucleados en un sindicato, han protestado por el uso de violencia de los camioneros “autoconvocados” contra trabajadores del transporte, porque no los dejan pasar por las carreteras, aún utilizando la violencia: hace un par de días un chofer fue golpeado a la salida de Minas cuando pretendió pasar con su camión por un corte de ruta.

En Paysandú los mismos protestantes colgaron del cuello, desde la grúa de un camión, un muñeco simulando a un ser humano.

No, así no vale. Con amenazas de muerte y con violencia, no. Con negativa a adoptar medidas y mecanismos gratuitos que nos traen más transparencia, formalidad laboral y seguridad en el sector y para el país, tampoco.

El camino hacia el desarrollo pasa entre otras cosas con acabar con la informalidad, y estas medidas que plantea el gobierno van en ese sentido.