La Intendencia de Lavalleja (IDL) está realizando una revisión completa de un complejo sistema de compensaciones salariales pagadas por administraciones anteriores, que representaba un gasto total de US$ 125.000 mensuales, o sea US$ 1,5 millones al año.

Entre estas compensaciones hay muchas por “eficiencia” y también “por tareas” y por única vez, al tiempo que para algunos jerarcas existían viáticos de $ 30.000 mensuales o más, lo que representaba más de lo que cobraban y cobran muchos trabajadores zafrales por todo concepto.

El estudio, al que accedió Primera Página, identifica compensaciones abultadas a jerarcas de confianza y también a familiares los propios gobernantes.

Al parecer, las compensaciones se determinaban de manera discrecional y sin que existiesen criterios claros para determinar a quiénes y cuánto se pagaba.

En muchos de los casos las compensaciones se pagaban a jerarcas y funcionarios que llegaron a la IDL con pases en comisión de otras dependencias del Estado, por lo que seguían cobrando sus salarios de origen, además de abultadas compensaciones en la IDL.

Existen casos en que una misma persona recibió dos compensaciones simultáneas del mismo tipo y otras “extraordinarias” que al parecer se pagaban por única vez, aunque se está esudiando si realmente era así.

La documentación no revela ni muestra información alguna sobre cómo se medía la “eficiencia” en el caso del pago de las compensaciones por eficiencia, ni si el pago de estas estaba supeditado a algún tipo de evaluación.

Por ejemplo, en la administeración del intendente Mario García, la directora de Jurídica, Laura Nahabetian llegó a la IDL con un pase en comisión desde la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) por seis horas diarias. En su caso, en su recibo salarial correspondiente a febrero del año 2021 en la IDL figuran dos pagos de compensaciones por eficiencia, de $ 160.000 y de $ 320.000. Nahabetian cobraba además mensualmente unos $ 30.000 por concepto de viáticos, a rendir. Nahabetian ocupaba en la AGESIC el cargo de gerente de Derechos Ciudadanos, que percibe actualmente según datos disponibles públicamente un salario de casi $ 290.000 mensuales. De esa forma, es posible que al menos ese mes (y quizá los demás meses en los que trabajó para la IDL) Nahabetian cobrara, sumando su salario de AGESIC y las compensaciones recibidas en la IDL un ingreso mensual superior a los $ 700.000. El presidente de la República tiene un salario líquido mensual de 571.196 pesos uruguayos. Nahabetian trabaja ahora en la Intendencia de Rocha, como asesora directa del intendente Alejo Umpiérrez (Partido Nacional, PN), también con un pase en comisión de la AGESIC. Al mismo tiempo que se desempeñaba como directora de Jurídica de la IDL, Nahabetian figuraba como asesora del diputado nacionalista Rodrigo Goñi.

El director de Hacienda de la IDL durante el gobierno de Mario García, Juan Carlos Rosales, en febrero de 2021 cobró $ 170.415 por salario base y dos compensaciones por eficiencia, una por $ 40.000 y otra por $ 320.000. Ese mes cobró $ 530.415.

Ana Laura Eguren, que también fue directora de Hacienda, recibió una compensación por eficiencia desde el comienzo de sus funciones. El primer recibo registra una partida de $66.667 por ese concepto. La información señala que posteriormente la compensación alcanzó los $95.214 y que también recibió una partida mensual de $30.000 por viáticos. De esta forma su ingreso nominal mensual superaba los $326.000. A eso debía sumarse su salario como jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la URSEC, organismo desde el que llegó a la IDL con un pase en comisión. El salario actual de ese cargo en la Ursec es de $ 210.000 mensuales.

Neris Mario Villalba (director de Deporte de la IDL) ingresó mediante pase en comisión desde ANEP-Codicen. Además de la remuneración correspondiente a su organismo de origen, el recibo de enero de 2024 registra una compensación de $93.370 por eficiencia. La documentación posterior señala que esta partida habría aumentado hasta los $ 111.127.

ADRIANA PEÑA

En las administraciones de Adriana Peña, su pareja Gastón Elola (director general de Vialidad y Obras) ingresó como cargo de particular confianza. En noviembre de 2015 su recibo mensual incluía un salario de $92.895 y tres compensaciones: una simple por $ 2.107, otra por eficiencia por $ 27.869 y una por “no beneficio” de $ 434.

Néstor Gerardo Peña, hermano a la entonces intendenta, ingresó a la IDL con un pase en comisión desde ASSE en enero de 2016. Sus ingresos en la IDL incluían una compensación “por tareas” de $ 82.880 mensuales y otra de $ 24.000 mensuales “por eficiencia”. Además de esos $ 106.880 mensuales, cobraba su salario correspondiente de ASSE.

En el año 2021 Gerardo Peña, ya en la gestión de Mario García, pasó a trabajar como director de Servicios Técnicos, con una compensación mensual por eficiencia de $ 84.805.

Juan Carlos Falchetti, director de Higiene, llegó a la IDL con un pase en comisión desde ASSE. Además de su salario de ASSE, recibió en la IDL una compensación mensual de $ 54.9734 “por tareas”.

MÁS DE US$ 1,5 MILLONES ANUALES

El conjunto de compensanciones (cuyo número supera ampliamente a las que se incluyen en esta nota), que al parecer dependían de decisiones adoptadas por las autoridades de turno, sumaba US$ 1,5 millones anuales según estimaciones primarias.

La actual administración busca recoger la información completa para averiguar cuántas personas recibían compensaciones, cuántas acumulaban dos o más partidas, cuáles pertenecían al elenco político o de confianza, cuántos funcionarios mantenían simultáneamente un salario en otro organismo, quiénes tenían vínculos familiares con autoridades, qué porcentaje representaban las compensaciones sobre el salario base, cuál fue el costo acumulado durante toda la administración y qué partidas continuaban vigentes al finalizar el período de gobierno. El gobierno departamental actual está revisando integralmente el régimen de compensaciones, subrogaciones, viáticos y horas extras.

El objetivo es establecer criterios objetivos y verificables, asociados a las responsabilidades efectivamente desempeñadas, la carga de trabajo, la especialización requerida y, cuando corresponda, resultados concretos.

La revisión no busca desconocer derechos salariales ni realizar cuestionamientos exclusivamente personales. Procura determinar cómo se administraron los recursos públicos, corregir eventuales distorsiones y evitar que las compensaciones dependan de relaciones políticas, familiares o decisiones discrecionales.

Entre otras medidas se busca elaborar un inventario completo de compensaciones, revisar la fundamentación jurídica de cada partida, establecer criterios generales para su otorgamiento, determinar plazos de vigencia y mecanismos de evaluación, evitar la duplicación de conceptos, incorporar controles periódicos, transparentar el costo global del sistema y evaluar eventuales responsabilidades administrativas, si correspondiera.

Así, se busca conocer qué criterios se utilizaban para definir quién recibía una compensación, cómo se determinaban los montos, qué significaba concretamente una compensación “por eficiencia” y su existían evaluaciones o indicadores que acreditaran esa eficiencia. Además pretenden aclarar porqué algunas personas recibían dos compensaciones bajo el mismo concepto, porqué determinadas partidas extraordinarias se mantuvieron o transformaron en permanentes y sabsr cuántos familiares de integrantes del Ejecutivo recibieron compensaciones, cuál fue el costo acumulado durante toda la administración y si existieron observaciones de los organismos de control.