Sobre el mediodía de ayer, en el Complejo Ángel Ugarte de barrio Estación de Minas, las máximas autoridades de la Intendencia Departamental de Lavalleja (IDL), entre ellas el intendente Daniel Ximénez, la secretaria general Arianna Bentos, y la directora de Gestión Humana y de Recursos Materiales Carol Prates, comunicaron la no continuidad de 44 contratos a partir del 1º de enero de 2027 y asumió la responsabilidad política que la decisión implica.
De esta manera se estableció que el gobierno de Lavalleja “profundiza el proceso de reorganización de la IDL con una definición: la estructura, los equipos y los recursos de la institución deben responder a las necesidades del departamento”, todo lo cual “orienta las decisiones sobre personal, la mejora en la atención al público y los cambios en los mecanismos de ingreso y de desarrollo de los funcionarios”.
RESPONSABILIDAD POLÍTICA
El hecho de no dar continuidad a 44 contratos es una decisión que “se adoptó considerando las necesidades actuales de cada área, las funciones comprendidas en los contratos y la organización prevista para atender los servicios, a partir de la evaluación de las respectivas direcciones”. De esta manera, Ximénez “asume la responsabilidad política por esta definición y reconoce sus consecuencias para las personas y para sus familias”. La administración sostiene que cada decisión “debe tener fundamentos que puedan explicarse, comunicarse con respeto y contemplar la atención de las situaciones particulares” y que administrar la IDL “implica responder simultáneamente ante quienes trabajan en ella y ante los vecinos que necesitan sus servicios”, y que esa responsabilidad “exige definir qué tareas debe cumplir la institución, cómo organiza sus equipos y qué compromisos puede sostener con los recursos disponibles”.
La mencionada reorganización “abarca la distribución del personal, los procedimientos de trabajo, los controles, los ingresos y la carrera administrativa”, a la vez que su continuidad “requiere de decisiones concretas y de resultados que puedan verificarse”.
A modo de ejemplo, se hace mención al “plan piloto de ampliación de la atención al público”, en el cual, “mediante una reorganización de turnos, se extendieron las posibilidades de atención sin incrementar la carga horaria individual de los funcionarios”, incluyendo también el inicio del relevamiento de cargos, funciones y destinos, la redistribución de personal “según las necesidades de los servicios y la elaboración de los manuales de procedimientos de Gestión Humana y de Recursos Materiales”.
OPORTUNIDADES Y DESARROLLO
El proceso incluye “una agenda de oportunidades laborales y de desarrollo dentro de la institución”, por cuanto un llamado “permitió contratar a cinco trabajadores que anteriormente se desempeñaban como zafrales”. Además, se impulsa un llamado para veinte cargos de Peón II previstos en el presupuesto, dirigido a trabajadores zafrales, y se prepara el llamado interno para Administrativo IV.
En paralelo, “avanzan procedimientos profesionales y docentes, junto con el desarrollo de un nuevo sistema de calificaciones y las etapas necesarias para los futuros concursos de ascenso”. Se destaca también que tres estudiantes de UTU “ya se incorporaron a la institución en lo que constituye su primera experiencia laboral”, mientras “otras dos pasantías están en proceso”.
Las medidas procuran “dar mayor claridad sobre cómo se ingresa, qué responsabilidades corresponden a cada función y qué oportunidades existen para desarrollarse”, al considerar que “el esfuerzo, la formación y la experiencia de los funcionarios necesitan de procedimientos que permitan reconocerlos y aprovecharlos en beneficio de los servicios”.
RELACIÓN CON ADEOM
En cuanto al relacionamiento actual entre el gobierno departamental y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM) de Lavalleja, se afirma que la administración “reconoce la autonomía de la organización sindical y su responsabilidad de representar a los trabajadores”, habiéndose establecido “reuniones bipartitas periódicas y mecanismos de registro de los planteos, acuerdos y compromisos, cuyo seguimiento debe fortalecerse”.
Agrega que el diálogo “exige respuestas y cumplimiento” y que, a su vez, cada compromiso que asuma la Intendencia “debe tener un alcance definido y un respaldo que permita sostenerlo y explicar sus consecuencias a la ciudadanía”.
El gobierno departamental plantea que la reorganización “debe evaluarse por la calidad de la atención, el funcionamiento de los servicios, las oportunidades de desarrollo de los funcionarios y el uso de los recursos públicos”, porque sobre esos resultados y sobre las tareas que todavía están pendientes, “la administración debe rendir cuentas a Lavalleja”.