En la sesión ordinaria de la Junta Departamental de Lavalleja (JDL) la comisión Investigadora “Presuntas Irregularidades en la Junta Departamental de Lavalleja (JDL) en el período comprendido entre diciembre 2020 y julio de 2025” emitió un informe al que se le dio lectura en sala.
INFORME
El informe expresa: “Minas 24 de febrero de 2026. Reunida la comisión investigadora presuntas irregularidades en la junta departamental en el periodo comprendido entre diciembre de 2020 y julio de 2025, analizando la documentación informamos al plenario.
El día 25 de mayo de 2025 por parte de la secretaría de la JDL se informa vía WhatsApp a los 31 ediles que debe darse inicio a los trámites tanto para telefonía celular como por chapas patentes a quienes no renovaron la banca para el próximo periodo. El cual fue visto por la señora Camila Ramírez Aviaga el día 30 de mayo de 2025 a las 16:57 horas, habiendo documentación acreditante.
Analizando la situación se constata que la señora edila Camila Ramírez Aviaga, el 15 de diciembre de 2025 adeudaba por concepto de multas, peajes y patente de rodados asociados al PED 0114. El 15 de diciembre de 2025 la Comisión Investigadora de presuntas irregularidades en la JDL en el periodo comprendido entre diciembre de 2020 y julio de 2025 realiza el siguiente informe.
Minas, 15 de diciembre de 2025, la comisión investigadora presuntas irregularidades en la JDL en el periodo comprendido entre diciembre de 2020 y julio de 2025, aconseja intimar a la ex edil propietaria del vehículo cuya patente es PED 0114 a que realice los trámites ante la Dirección General de Tránsito de la IDL para la devolución y baja de la misma con un plazo máximo estipulado de 30 días, una vez notificada, bajo el apercibimiento de que la Junta inicie acciones judiciales al respecto.
La información remitida de la IDL al respecto se encuentra a disposición de los señores ediles”. El informe fue firmado por los ediles Hugo Migliani, Miguel Sans, Paola Rojas, Luis Carresse y José Rojas. El día 17 de diciembre de 2025 la exedila Camila Ramírez realizó la entrega de la chapa y cuatro convenios por los adeudos. (Informe número 1257/2025 de la IDL). La conducta presuntamente podría ser violatoria de principios consagrados en el código de ética de la función pública”. Está firmado por los señores ediles Hugo Migliani, Miguel Sanz, Paola Rojas, José Rojas y Luis Carresse.
CON TODO
Leído el informe, Luis Carresse integrante de la comisión investigadora, hizo un abordaje de la temática.
El edil colorado dijo: “Esta comisión investigadora se basa en un tema que surgió en julio. (La exedila) el 11 de julio está gozando de un beneficio que no le corresponde y eso es una irregularidad flagrante.
¿Qué podemos tener ciertos días de consideración? Pero seis meses, es un poco mucho. Resulta llamativo que una persona que deja de ser edil en julio 2025 continúe circulando con chapa identificatoria de edil. Más aún, esa identificación se estaría utilizando mientras se generan multas de tránsito y cargos de peaje, como dice el informe. Para algunos el cargo no termina cuando termina el mandato. Sin embargo, las identificaciones oficiales no son un recuerdo ni un privilegio permanente. Son un instrumento institucional que corresponde exclusivamente a quienes ejercen la función. Las chapas institucionales deben retirarse o entregarse cuando termina la función, no cuando empiezan a llegar las infracciones, o peor aun cuando se enteran de que estamos investigando. Más allá de la consideración política o institucional del hecho, corresponde señalar que la utilización de la chapa identificatoria del edil por parte de una persona que ya no ejercer dicha función, podría configurar diversas irregularidades.
En primer lugar podría tratarse de un uso indebido de una identificación institucional. Dichas chapas no constituyen un elemento decorativo ni un recuerdo del cargo, sino un distintivo que corresponde exclusivamente a quienes se encuentran en ejercicio de la función pública”.
USURPACIÓN O APROVECHAMIENTO
Carresse continuó exponiendo: “La utilización de este distintivo podría generar ante terceros la apariencia de una investidura que ya no se posee, lo que eventualmente podría vincularse con figuras como la ‘usurpación de calidad pública’ prevista en nuestro ordenamiento jurídico para aquellos casos en que alguien se presente o actúe como el titular de una función o condición que en realidad no posee.
Si además dicha identificación se estuviera utilizando mientras se generan infracciones de tránsito o cargos de peaje, la situación podría adquirir otra dimensión en la medida en que podría interpretarse como un ‘aprovechamiento indebido de una de una condición institucional para obtener ventajas o tratamientos’ que no corresponden. Corresponderá a las autoridades competentes determinar si en este caso estamos frente a una simple irregularidad administrativa o si podrían configurarse responsabilidades de otra naturaleza.
Pero aún en el escenario más leve, lo que resulta evidente es que es una situación de estas características implica una afectación al respeto debido a la investidura pública y en las instituciones democráticas”.
“NO VI COSA IGUAL”
Recordó Carresse que “he sido edil durante 16 años y sinceramente no vi cosa igual. No recuerdo antecedentes de un tema de este tipo. La falta de respeto de esta magnitud hacia la investidura, merece al menos algunas respuestas. Nadie dentro de su propia agrupación advirtió que esto ocurría con total impunidad. Esta persona integró la plancha de ediles para el presente período, pero no resultó electa, por falta de votos. Tampoco sus líderes políticos notaron que continuaba transitando con una chapa que ya no correspondía. ¿Ese es el respeto que se tiene por las instituciones democráticas?”
A LA JUTEP
Manifestó Carresse que “paradójicamente hemos visto cómo desde esa misma agrupación se recurre con frecuencia a la JUTEP. Entonces cabe preguntarme, la JUTEP es una herramienta muy útil para aplicarla a otros, pero no para mirar hacia adentro. Porque las instituciones se defienden con discursos, sí, pero sobre todo con conductas. Las instituciones no se debilitan por las críticas, se debilitan cuando algunos creen que las normas son para los demás. Porque cuando algo así ocurre durante meses, la pregunta ya no es qué pasó, la pregunta es quién decidió callar. Solicito que las palabras vertidas en sala por este tema pasen a la JUTEP”.
TODAS POR UNANIMIDAD
Hubo varias intervenciones donde surgieron mociones que se votaron.
Se votó la aprobación del informe por unanimidad de los 31 ediles.
Se aprobaron por unanimidad las mociones de Hugo Migliani de que el informe de la comisión investigadora de fecha 24 de febrero de 2026 pasara a la JUTEP para que se analice si hubo violación de normas de ética en la función pública o de otro tipo. Luis Carresse mocionó que las palabras vertidas en sala por este tema pasen a la JUTEP. Ana Ugolini mocionó que pasaran al Honorable Directorio del Partido Nacional, junto con la moción de Carresse.
