Desde el año 2023 vengo advirtiendo que la situación de la Intendencia de Lavalleja era insostenible. En ese momento, en lugar de escuchar, algunos me trataron de mentiroso o dijeron que exageraba. Hoy, lamentablemente, la realidad confirma aquello que denunciábamos, y también confirma que quienes advertimos a tiempo fuimos injustamente descalificados. En 2022 se detectó que había 3.201 contrataciones directas en ese año. SÍ vecina, sÍ vecino, tres mil doscientas una contrataciones directas en un año, administrado por el Partido Nacional.

Las administraciones de Adriana Peña y Mario García dejaron una Intendencia con graves problemas estructurales. Los números son contundentes, Lavalleja quedó como la Intendencia con más funcionarios en relación con su población (27,1 cada 1.000 habitantes), fue la tercera que más incrementó su plantilla durante el año electoral (+12%) y alcanzó un preocupante 98% de designaciones directas sobre el total de ingresos de personal.

En este período de gobierno, a cargo de la administración frenteamplista de Daniel Ximenez, solo ingresaron diez personas, y todas lo hicieron por arrendamiento de servicios, sin contrato de función pública. Nosotros no generamos este escenario, pero sí nos toca enfrentarlo con enorme responsabilidad y con una carga que otros dejaron.

Las consecuencias de esas decisiones las estamos viviendo hoy. Más del 60% de los ingresos de la Intendencia se destinan al pago de salarios, lo que limita seriamente la capacidad de invertir en obras, maquinaria, infraestructura y mejores servicios para la gente. Además, la Intendencia depende cada vez más de las transferencias del Gobierno Nacional, ya que uno de cada dos pesos que ingresan proviene de esos recursos. Es una situación muy dura, que condiciona cualquier intento de avanzar y que obliga a este gobierno a administrar con una prudencia extrema lo que recibimos en herencia.

A esto se suman importantes compromisos económicos asumidos para este quinquenio como un fideicomiso que debe pagarse íntegramente en este período, inversiones millonarias comprometidas mediante convenio con el Ministerio de Ambiente y la licitación del sitio de disposición final de residuos, que representa un costo anual muy importante. Es decir, no solo se heredó una estructura sobredimensionada, sino además obligaciones financieras que condicionan el presente y el futuro del departamento. Y mientras nosotros intentamos ordenar, hay quienes prefieren mirar para otro lado o responsabilizarnos por problemas que no creamos.

Desde el primer día esta administración eligió un camino distinto, el camino de la transparencia. Nunca se ocultaron los números ni se maquilló la realidad. Por el contrario, se informó cuál era la situación económica y financiera recibida, porque entendemos que los vecinos tienen derecho a conocer la verdad, aunque sea incómoda. No todos están dispuestos a hacerlo, porque asumir la verdad también implica soportar críticas, presiones y ataques injustos.

No es una situación que apareció de un día para el otro, es la consecuencia de muchos años de una forma de administrar que privilegiaba el corto plazo por encima de la sostenibilidad, dejando a este gobierno frenteamplista con la tarea ingrata de ordenar el desorden ajeno. Bueno, ni tan ajeno, porque es nuestra plata la que malgastaron durante décadas para satisfacer sus ansias de poder, dejando a un segundo plano lo que realmente importa.

Todavía queda mucho por hacer. Pero para resolver un problema primero hay que asumirlo, decir la verdad y actuar con responsabilidad, aun cuando eso implique cargar con críticas que no merecemos. Ese es el compromiso que asumimos con todos los lavallejinos.

por Mauro Alvarez (edil del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio, MPP-FA, presidente de la Junta Departamental de Lavalleja)