Por Yliana Zeballos Fernández (Psicóloga, magíster en Derechos de Infancia y Políticas Públicas. Directora del Área de Familia, Cuidados, Género y Generaciones de la Intendencia de Lavalleja).

Setiembre fue un mes especialmente significativo para reflexionar sobre la diversidad, las desigualdades, los derechos y la responsabilidad que tenemos como sociedad de construir espacios de convivencia más inclusivos y respetuosos.

Pero también fue una oportunidad para reafirmar una convicción que orienta nuestro trabajo desde el inicio de esta gestión: las políticas públicas deben trascender las fechas conmemorativas y convertirse en acciones sostenidas que transformen la vida cotidiana de las personas.

Desde julio de 2025 venimos impulsando un proceso de fortalecimiento del Área de Familia, Cuidados, Género y Generaciones, con el propósito de ampliar su presencia territorial, consolidar equipos de trabajo, promover la articulación interinstitucional y contribuir a una mirada transversal de los derechos en la gestión departamental.

Entendemos que las desigualdades no se expresan de la misma manera en todas las personas ni en todos los territorios. El género, la edad, las condiciones socioeconómicas, la discapacidad y el lugar donde vivimos inciden en las oportunidades de ejercer nuestros derechos.

Por eso, uno de los desafíos centrales ha sido avanzar en la descentralización de las acciones, acercando el trabajo del equipo técnico a localidades como Villa del Rosario y Mariscala, así como a distintos barrios de Minas. Porque vivir fuera de la capital departamental no debería significar menos oportunidades de acceso a orientación, acompañamiento y servicios.

En esta misma dirección promovimos la creación de la Red Departamental de Referentes de Género por Municipio, una iniciativa que busca fortalecer las capacidades locales, generar espacios de escucha y construir respuestas más próximas a las realidades de cada comunidad.

Durante el Mes de la Diversidad desarrollamos, junto al Consejo Departamental de Diversidad, la actividad «Diversidad, violencias y respuestas institucionales», que reunió aportes académicos, experiencias institucionales y testimonios que nos invitaron a reflexionar sobre los discursos de odio, las distintas manifestaciones de violencia y la responsabilidad de las instituciones en la garantía de derechos.

Estas instancias adquieren especial importancia cuando comprendemos que reconocer la diversidad no significa únicamente tolerar las diferencias, sino asumirlas como parte constitutiva de una sociedad democrática.

También hemos venido trabajando en los desafíos del envejecimiento, particularmente relevantes para un departamento como Lavalleja. Cuestionar el viejismo, reconocer la autonomía de las personas mayores y abordar dimensiones como la salud mental, la sexualidad, los cuidados y la participación social forman parte de un cambio cultural imprescindible.

Otro eje fundamental ha sido la prevención de las violencias basadas en género y generaciones, promoviendo la formación, la coordinación entre instituciones y la necesidad de incorporar a los varones en procesos de reflexión y transformación de modelos tradicionales de masculinidad.

La salud mental, los cuidados y la autonomía económica también forman parte de una agenda que requiere respuestas integrales, sostenidas y comprometidas con las realidades de nuestra población.

Nada de esto puede construirse desde una única oficina ni desde una sola institución. Por eso valoramos especialmente el trabajo de los equipos técnicos, los municipios, los organismos públicos, las organizaciones sociales y las personas que participan activamente en estos procesos.

Sabemos que los cambios culturales son complejos. Implican revisar prácticas institucionales, cuestionar prejuicios naturalizados y comprender que la igualdad formal no siempre se traduce en igualdad real de oportunidades.

Desde mi responsabilidad como directora, asumo este desafío con la convicción de que gestionar políticas públicas implica mucho más que organizar actividades: significa construir equipos, establecer prioridades, generar acuerdos, escuchar a la ciudadanía y sostener procesos cuyos resultados muchas veces requieren tiempo.

El camino recorrido representa avances, pero también nos muestra cuánto queda por hacer. Fortalecer la presencia territorial, profundizar las políticas de cuidados, consolidar las redes interinstitucionales y ampliar la participación ciudadana son desafíos que requieren continuidad.

Creo profundamente en una forma de ejercer la función pública que combine sensibilidad social, conocimiento técnico, compromiso político y capacidad de diálogo.

Porque, en definitiva, una sociedad más justa no se construye solamente reconociendo derechos en los discursos, sino generando las condiciones para que todas las personas puedan ejercerlos plenamente.

Ese es el sentido de nuestro trabajo y el compromiso que queremos seguir construyendo colectivamente en Lavalleja.