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Abril de 2026
Vecinos del arroyo Casupá manifestamos preocupación por el rumbo de las decisiones sobre el abastecimiento de agua en la cuenca del río Santa Lucía. En ese contexto, y tras tomar conocimiento por la prensa de la comparecencia de autoridades del Ministerio de Ambiente, OSE y URSEA ante la Comisión de Ambiente de la Cámara de Representantes, acercamos a dichas autoridades una serie de planteos y los invitamos a recorrer la zona.
La cuenca del río Santa Lucía arrastra desde hace años problemas vinculados a la calidad y disponibilidad del agua. A esto se suman cambios recientes, como el pasaje de prácticamente nula forestación a más de 10.000 hectáreas forestadas, con el impacto en la dinámica del agua a que conlleva, así como la sequía 2022–2023 y la disminución de las precipitaciones registradas oficialmente. Todo esto ubica a la zona entre las de menor registro del país y plantea la necesidad de revisar las bases sobre las cuales se proyectan las soluciones de abastecimiento.
En este contexto señalamos que la represa prevista en el arroyo Casupá, en la cuenca alta del río Santa Lucía, fue pensada bajo condiciones que han cambiado de forma significativa, tanto por la variabilidad climática como por el aumento de la forestación en la zona. Entendemos que no es conveniente avanzar con decisiones basadas en supuestos que ya no se cumplen, y que por eso resulta necesario revisar en profundidad las alternativas disponibles.
También destacamos el valor ambiental del área prevista para inundación —que incluye uno de los montes nativos mejor conservados de la cuenca— haciendo referencia a estudios técnicos oficiales y la existencia de condicionantes geológicos relevantes. La zona donde se ubica el proyecto —asociada a la posible represa - se encuentra sobre la Cizalla del Sarandí del Yí, donde en los últimos años se registraron movimientos sísmicos de magnitud 4,4 en Montecoral, Florida en 2021 y 3,9 entre Florida y Lavalleja en 2022, algo que no tenía antecedentes en la zona. Esto obliga a un análisis muy cuidadoso en términos de seguridad.
Por todo lo anterior, solicitamos a las autoridades pausar las notificaciones vinculadas a eventuales expropiaciones y el proceso licitatorio hasta que se complete el Estudio de Impacto Ambiental y se analicen en detalle todas las alternativas. Avanzar en esta etapa podría generar perjuicios innecesarios tanto para las familias como para el propio Estado. Las áreas afectadas incluyen elementos fundamentales para la producción —como el acceso al agua, la sombra y las tierras de mejor calidad—, lo que impacta directamente en el trabajo de las familias. En su mayoría, se trata de establecimientos pequeños, de entre 26 y 150 hectáreas aproximadamente, con solo 4 o 5 de mayor porte; por lo tanto, cualquier afectación compromete directamente su sustento y requiere contemplar adecuadamente el lucro cesante.
Avanzar sin contar con el Estudio de Impacto Ambiental finalizado y sin un análisis detallado de alternativas puede generar suspicacias en distintos actores, algo que entendemos necesario evitar. Lo importante es llegar a una solución para el abastecimiento de agua con el mayor acuerdo posible. El agua es un recurso invaluable y las decisiones en este tema requieren el mayor cuidado, con soluciones sostenibles que trasciendan los gobiernos de turno.
Vecinos del Arroyo Casupá
