Minas, viernes 3 de julio de 2026

Querida/o: La Rendición de Cuentas presupuestal que entrará al Parlamento establece que se mantendría el 80% de las transferencias monetarias a la infancia, aunque no asistan a clases. Actualmente si el niño o el adolescente no está inscripto en un centro educativo se suspende el cobro de la Asignación Familiar (AF) y se deja de percibir otras transferencias. En marzo de este año 170.000 niños cobraron $ 2.500 como bono por inicio de clases en Educación Inicial y Primaria. Otros 21.000 adolescentes cobrarían la Beca Butiá, de $ 13.000 anuales en Educación Media Básica y de $ 25.000 en Educación Media Superior. Esto se cobra únicamente si el adolescente concurre asiduamente a clases. El cambio es propuesto por el gobierno y es coincidente con lo recomendado internacionalmente. En el Diálogo Social las cámaras empresariales y Cabildo Abierto (CA), el único partido de oposición en participar, se opusieron a esta idea. Para CA eliminar la condicionalidad implica “institucionalizar la mendicidad”. En julio de 2024 se suspendió la Asignación Familiar a 5.812 personas por no estar inscriptas en centros educativos, y lo mismo pasó con 3.136 personas en julio de 2025. Al mismo tiempo el gobierno implementa desde el año pasado una Estrategia Nacional de Revinculación Educativa. Se estima oficialmente que hay 320.000 niños, niñas y adolescentes (40% del total) que viven en hogares con pobreza monetaria o multidimensional. A partir del 2027 habrá un aumento de las transferencias, sobre todo a los sectores más vulnerables. Según Rodrigo Arim, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el gobierno impulsa la reforma de transferencias para la infancia “más importante” en dos décadas. Sería uno de los pilares para combatir la pobreza infantil un flagelo que ningún gobierno en el último medio siglo, por lo menos, ha podido enfrentar con éxito. (Considerando que todos han querido enfrentarlo). Ahí está el cizañero. En el primer decil (más pobre) de la sociedad cada niño de 0 a 3 años recibe, en prestaciones sociales, unos $ 5.300 pesos anuales. Esto pasaría a unos $ 10.000 anuales. Sólo con estas medidas, para el 2029 se prevé una reducción sensible en la pobreza infantil. Y hay varias otras medidas pensadas para atacar el mismo problema. Con casi la mitad de los niños viviendo en la pobreza, nuestro país no tiene futuro. (Nadie te pidió editorializar). En la Rendición de Cuentas habrá además recursos adicionales para la educación, aunque mucho menos de lo que el propio sistema educativo reclamaba. Se otorga 10% de lo que pidió ANEP (Primaria, Secundaria y UTU), 2,5% de lo que pidió la Universidad y 5% de lo que pidió la Universidad Tecnológica (UTEC). Se creará un Instituto Nacional de Rehabilitación descentralizado, para manejo de las cárceles. En seguridad se incorporan nuevos efectivos, hay mejoras en movilidad policial, en identificación biométrica y ampliación de sistemas de vigilancia. Habrá recursos adicionales para la atención de personas en situación de calle. El bono escolar pasará de 170.000 niños que lo recibieron en el 2026 a 230.000 en el 2027. Las becas en Secundaria llegarán a 30.000 estudiantes, duplicando las de 2025. Hay beneficios para cooperativas de vivienda, con medidas que reducirán sus costos. Planifican tener recursos adicionales por eliminación de beneficios para la compra de vehículos eléctricos y por la recaudación de nuevos impuestos (a empresas transnacionales y otros) ya definidos en el presupuesto el año pasado. Además se reducirán los recursos del Instituto Nacional de Colonización (INC), cosa que seguramente no cayó muy bien entre muchos frenteamplistas y entre aspirantes a colonos. El presidente Yamandú Orsi defendió la Rendición y los “avances” del gobierno en un video sobre el proyecto presupuestal. Dijo que no deben ““caer en el error de callarse las buenas noticias porque todavía no son suficientes”. 74% de la población apoya la utilización de vehículos militares en operativos de seguridad interna según encuesta realizada por la Usina de Percepción Ciudadana (UPC) a pedido del Ministerio del Interior. 14% rechaza utilizarlos. Incluso 66% está de acuerdo con que efectivos de las Fuerzas Armadas colaboren con la Policía en tareas de seguridad pública. 21% rechaza, 11% ni fu ni fa y 2% no responde. Hay un apoyo mucho mayor a esta propuesta entre las personas más pobres (90%). La gigante empresa cervecera FNC se reunirá con ministerios de Industria y Economía. FNC, que produce prácticamente toda la cerveza industrial del país, pretende evaluar si vale la pena seguir con la producción nacional de cerveza. FNC es propiedad de la multinacional cervecera Ambev, a su vez propiedad de la multinacional belga Inbev. Al parecer les sale mucho más barato traer sus propias cervezas de Argentina, de Brasil o de donde sea, antes que producirla en Uruguay. (¿Y el trabajo de los uruguayos?) Andá a preguntar en Sao Paulo o en Bruselas, a ver si les interesa ese tema. Los trabajadores cerveceros uruguayos están actualmente en seguro de paro. Un posible cierre golpeará especialmente fuerte en mi pueblo, Minas, donde está la planta de enlatado de FNC. Estamos en plenas vacaciones de invierno. Hubo bajas reservas en Colonia y otros lugares, pero en Bariloche los uruguayos se pechan en la calle. Los paquetes turísticos en Bariloche y la Patagonia argentina están muy baratos. 80% de la personas atendidas por la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía en 2025 son mujeres. 76% de los casos atendidos en el 2025 están vinculadas a delitos de violencia basada en género y en su mayoría incluyen violencia sexual. 36% de las víctimas son niñas, niños y adolescentes y 75% de ellos son víctimas de delitos sexuales. El gobierno busca fortalecer el vínculo con la India. El gigante asiático pronto abrirá una embajada en Montevideo y se maneja que Yamandú Orsi haga una visita oficial. Sería el primer presidente uruguayo en hacerlo, en toda la historia. José Antonio Kast, presidente de Chile, visitó nuestro país. En un desayuno con empresarios reclamó que se equilibre la balanza de inversiones entre ambos países. Existen US$ 1.800 millones de inversiones chilenas en Uruguay y US$ 500 millones de inversiones uruguayas en Chile. (Yo invierto, y con mucha alegría, si encuentro una cabañita barata en el sur, a orillas de un lago, cerca de Coyhaique). Muy gracioso, usté. La DGI puso la lupa en Airbnb. Los operadores de plataformas digitales de arrendamiento de inmuebles deberán informar a la DGI los datos de las operaciones. Encuesta de Cifra. 49% de los uruguayos piensa que la situación económica del país es mala, el más alto desde 2019. Entre votantes del FA 25% la considera buena, 40% ni fu ni fa y una proporción similar la ve mala. Entre el resto la evaluación es más negativa. Sólo 10% considera que la situación económica actual es mejor que hace un año. 40% cree que la situación será peor en 12 meses, para 34% será igual y 21% espera que sea mejor. El número de pesimistas se duplicó en tres meses y los optimistas se redujeron un tercio. Y esto en un país con inflación que no llega al 4%, el desempleo que no supera el 8% y crecimiento (moderado, pero crecimiento al fin) del salario real. Según Cifra, la persistencia de la alta informalidad en el trabajo promueve el pesimismo. Otra encuesta, de Factum. 56% desaprueba gestión del presidente Yamandú Orsi. 24% aprueba, 20% ni fu ni fa. En el FA 52% aprueba, 23% desaprueba y 25% ni aprueba ni desaprueba. Entre votantes coalicionarios 86% desaprueba, 2% aprueba y 12% ni fu ni fa. Es el nivel más bajo de aprobación del presidente desde que asumió y llama la atención que sólo poco más de la mitad de sus votantes la apruebe. Bajó la nafta, 5%. Super quedó en $ 88,67 (unos US$ 2,2 por litro). Gasoil $ 58,68, supergás $ 93,56 por kg. El salario real subó 1,29% en mayo respecto al mismo mes de 2025, según el Instituto de Estadística (INE). El gobierno gravará con el impuesto Imesi a los autos eléctricos a partir del 1º de enero de 2027. Será para autos eléctricos cuyo valor de importación supere los US$ 19.000, o sea que será para los de alta gama. El impuesto será de 5% para autos entre US$ 19.001 y US$ 27.000 y de 9% para los que superen ese precio. Los demás seguirán exentos. En el caso de los híbridos la tributación será diferente. El desempleo subió un poco (0,1%) en abril y llegó a 7,6% según el INE. Hay 142.000 personas desocupadas. Nuestro gobierno envió un avión Hercules con 15 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela, devastada por un fuerte terremoto. La central sindical PIT-CNT inició campaña para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales sin pérdida salarial, con la consigna “Más tiempo, más vida”. El canciller Mario Lubetkin ordenó reducir gastos en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) por “difícil coyuntura económica”. Una circular firmada por él prohíbe la provisión de vacantes en adminsitrración y servicios en las embajadas. La central sindical PIT-CNT no logra integrar a los trabajadores de las plataformas tecnológicas. El sindicato de Uber llegó a tener 200 socios pero se desarmó antes de ingresar a la central. El principal dirigente se jubiló y se mudó a España. En este caso hubo oposición interna de parte de la Unión de Trabajadores del Transporte (UNOTT). Pedidos Ya, la plataforma que reparte comida y muchas cosas más, con 2.000 trabajadores, tiene unos cien en el sindicato, que aún no integró tampoco al PIT-CNT. El prosecretario de Presidencia Jorge Díaz anunció que el gobierno volverá a ampliar denuncia contra el astillero español Cardama. Las autoridades recibieron nuevos materiales desde España que demuestran de manera fehaciente que hubo falsificación de documentos en la elaboración de las garantías. El gobierno busca por otro lado concretar la compra de dos buques patrulleros oceánicos. Una de las opciones es colombiana, con un astillero que ofrece dos buques nuevos por USS 120 millones. En este caso podría darse una acuerdo entre gobiernos, lo que evitaría cotizaciones excesivas y eventuales coimisiones, que suelen aparecer en este tipo de compras estatales. Tesla anunció su llegada a Uruguay con sus coches eléctricos pero no se sabe aún si se instalará en Montevideo o en Punta del Este. Nuevo convenio colectivo para trabajadoras domésticas. Tendrán nuevo sistema salarial con tres categorías: general, cocina y cuidados. El salario mínimo (para ocho horas diarias) será de $ 31.178 en general, $ 32.875 para cocina y $ 33.935 para cuidados. Llegó el frío de verdad y anuncian que podría nevar en estos días, así que cuidate. (¿Cómo, no vas a hablar de fútbol?). Ay m’hijo, el dolor por la eliminación de Uruguay con dos empates y una derrota caló hondo en mí. Creo que ahora hincho por Marruecos pero no estoy seguro. A mi hijo chico lo conquistaron los brasucas con su samba. (Más bien, que gane un sudamericano, aunque si llegan a ser los de cruzando el charco, habrá que bancarlos cinco años más, mamita). El abrazo de siempre

Juan Antonio Minuano