Hace unos días los diputados colorados Gabriel Gurméndez, Juan Martín Jorge y Álvaro Quintana presentaron un proyecto de ley para eliminar la fabricación de pórtland por parte de Ancap.
Para presentar su propuesta argumentan que se trata de “una actividad estructuralmente deficitaria que ha insumido durante años recursos públicos sin lograr revertir su falta de sustentabilidad económica”.
Recuerdan que en el último quinquenio ANCAP “ha registrado pérdidas de magnitud, acumulando resultados negativos por más de 100 millones de dólares en el último quinquenio y aproximadamente 800 millones de dólares a valor presente durante las últimas dos décadas”. Para los diputados estas cifras “reflejan una situación estructural que no ha podido ser revertida mediante sucesivos esfuerzos de reorganización, inversión y modernización”.
El proyecto propone que los funcionarios del sector cementero de ANCAP sean redistribuidos en otras partes de esa empresa o en otras reparticiones del Estado.
Nosotros tenemos otra propuesta para los tres diputados.
Les proponemos a los tres legisladores que en lugar de proponer acabar con la producción cementera estatal, apoyen el proyecto de ley ya existente que establece que todas las dependencias del Estado utilicen el cemento de ANCAP en todas las obras que realicen. Y que apoyen la reconversión de la producción cementera del Estado, con inversiones sí, para que los costos puedan bajar y la producción pueda volver a ser rentable.
El cemento producido por el Estado permite tener un control parcial de una industria estratégica para el país, como lo es también la petroquímica y la industria petrolera, como lo es la generación de energía, todas actividades que son desarrolladas por el Estado en nuestro país.
