El plan del gobierno anterior presentaba varios problemas que describimos a continuación.

Se visualiza una falta de priorización estratégica basándonos en lo expuesto por el plan:

  • Las 61 localidades no fueron elegidas con criterios técnicos de la Gerencia de OSE. La propia Gerencia de Saneamiento dejó constancia escrita de que no participó en la selección.
  • No hubo análisis costo-beneficio, análisis socioeconómico, evaluación ambiental ni consideración de infraestructura existente.
  • 31 de las 61 localidades tienen menos de 5.000 habitantes, y 12 tienen menos de 2.500 habitantes.
  • Más de la mitad de las localidades no alcanzarían ni el 50% de cobertura al finalizar las obras, existiendo casos donde el saneamiento cubriría solo entre el 10% y el 20% de la localidad.
  • El costo por conexión nueva llegó a ser hasta 10 veces el costo habitual de OSE: en Castillos (Rocha) alcanzó US$ 56.429 por conexión; en Cardal (Florida), US$ 53.893; en José Pedro Varela (Lavalleja), US$ 45.319. Para referencia, una casa de Mevir de dos dormitorios cuesta entre US$ 43.000 y US$ 70.000.

Se detectan deficiencias técnicas y de diseño, que incluso ya habían sido informadas por los técnicos en su momento

  • Los pre-diseños se hicieron con imágenes de drones y sistemas de información geográfica, sin trabajo de campo ni relevamiento social. Esto llevó a proyectar redes donde ya había servicios, interferencias con otros servicios y la omisión de sustitución de redes de agua potable que se rompen al excavar.
  • No se consultó a regiones de OSE, intendencias, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Vivienda ni MTOP.
  • Algunos predios destinados a plantas de tratamiento eran inundables.
  • Las plantas de tratamiento terciario tenían una solución tecnológica única para todas las localidades, con alta dependencia de un solo proveedor y sin experiencia previa en Uruguay para este tipo de efluentes.
  • Las plantas se dimensionaron con visión de cortísimo plazo: donde la cobertura post-obra sería inferior al 40%, solo se previó un margen de crecimiento del 25%; donde superaba el 50%, apenas el 5%. El criterio de OSE es diseñar para el 100% de la población con horizonte de 30 años.
  • Varios proyectos no cumplían los requisitos ambientales de Dinacea, generando obras adicionales no previstas.
  • No se consideraron los tiempos de gestión de trámites ambientales, que son complejos y no se resuelven de un día para otro.

El plan presenta problemas contractuales y de gestión:

  • El contrato preveía ejecutar todo en 3 años más 2 de operación y mantenimiento, lo que implicaba una inversión de más de US$ 120 millones por año. El promedio histórico de OSE en saneamiento de los últimos 5 años fue de US$ 35 millones anuales: el plan exigía multiplicar por más de 3 esa Capacidad.
  • No hubo identificación ni reserva de predios para las infraestructuras, convirtiendo las expropiaciones y servidumbres en el camino crítico que retrasó la ejecución.
  • No se firmaron acuerdos previos con las intendencias para cronogramas de obra ni reposición de pavimentos, lo que en algunos casos bloqueó directamente el inicio de las obras (como ocurrió en Artigas, donde se tuvo que abandonar la obra por falta de acuerdo).
  • Las conexiones intradomiciliarias fueron retiradas del contrato por el Directorio anterior (reduciendo el monto de US$ 431M a US$ 407M), sin asignar recursos alternativos. Sin esas conexiones, los hogares no acceden al saneamiento aunque la red esté construida, y hay riesgo de que los sistemas de tratamiento no funcionen correctamente por falta de caudal mínimo.

Es evidente la Insuficiencia de financiamiento:

  • El préstamo de Fonplata es de US$ 325M, pero el total de compromisos asumidos por OSE asciende a US$ 583M: US$ 407M del contrato + US$ 72M de imprevistos y ajustes paramétricos + US$ 26M de conexiones intradomiciliarias + US$ 50M de plantas de tratamiento de Mercedes y Dolores (que no estaban en el contrato) + US$ 28M de aporte local. El monto sin financiamiento asegurado es de US$ 260 millones.
  • Adicionalmente, OSE tiene una deuda financiera de US$ 457M (2025), equivalente prácticamente a su facturación anual, y en 2024 y comienzos de 2025 tomó préstamos solo para capital de trabajo: US$ 10M en marzo 2024, US$ 10M en mayo, US$ 20M en mayo, US$ 17M en noviembre y US$ 55M en febrero 2025.

Como gobierno del Frente Amplio, el planteo es mucho más serio y responsable, desde el punto vista técnico, económico y financiero. A continuación se detallan los puntos más relevantes de lo que planea hacer este gobierno

Renegociación del contrato (propuesta ajustada del PUSU original):

  • Se mantiene el contrato vigente (US$ 478M con IVA) pero con rediseño localidad por localidad, incorporando criterios técnicos, ambientales y de densidad poblacional reales.
  • Se priorizan localidades de más de 6.000 habitantes; las de entre 2.500 y 6.000 se analizan caso a caso; las de menos de 2.500 no tendrán redes colectivas (conforme al Plan Nacional de Saneamiento) salvo excepciones. Pero hay propuestas que las atienden, como el plan de barométricas que se describirá más abajo.
  • La propuesta ajustada incluye 29 localidades en el marco del contrato PUSU, entre ellas: Progreso, Las Piedras Sur y Norte, Pando, Santa Rosa, Sauce, Tala, Toledo-Suárez (Canelones); Colonia del Sacramento, Tarariras, Colonia Valdense, Nueva Helvecia, Nueva Palmira (Colonia); 25 de Mayo (Florida); Minas (Lavalleja); Aiguá (Maldonado); Guichón y Quebracho (Paysandú); Young (Río Negro); Rivera; Rocha y Lascano; Salto; San José de Mayo, Ecilda Paullier y Libertad (San José); Mercedes (Soriano); Tacuarembó.
  • Se incorporan al contrato obras que no estaban previstas y son urgentes: planta de tratamiento de Mercedes (más de US$ 35M entre planta y redes); mejora de la planta de Fray Bentos; redes de Juan Lacaze; redes, tratamiento y disposición final en Atlántida (financiada por la Intendencia de Canelones, US$ 35–40M).
  • Las plantas se rediseñarán con visión de largo plazo para atender la totalidad de cada localidad, eliminando sistemas de tratamiento obsoletos que no cumplen condiciones ambientales.

Nuevas inversiones fuera del contrato PUSU: US$ 82 millones

Obras en Maldonado (San Carlos: PTAR y estación de bombeo; Punta del Este: redes; Pan de Azúcar: acondicionamiento PTAR), Juan Lacaze (PTAR), Durazno (Sarandí del Yí, barrios Moroni y La Lanera), Tacuarembó (Paso de los Toros, San Gregorio de Polanco), Flores (Trinidad, Pancho López), Treinta y Tres (Vergara), San José (Ciudad del Plata) y el sistema Santa Lucía (Santa Lucía, Ituzaingó, 25 de Agosto y Pueblo Nuevo).

Resumen financiero del plan total: US$ 585M + barométricas + conexiones intradomiciliarias

  • Intervenciones PUSU previstas: US$ 393M
  • Nuevas intervenciones dentro del PUSU: US$ 85M
  • Obras fuera del PUSU: US$ 82M
  • Expropiaciones y otros cargos OSE: US$ 25M
  • Plan de barométricas: se encuentra en elaboración
  • Plan de conexiones intradomiciliarias: se encuentra en elaboración

Mecanismo innovador de cofinanciamiento con intendencias

La Intendencia de Canelones financia la obra de Atlántida (US$ 35–40M). La Intendencia de Rivera cofinanciará el 50% de sus obras. Este mecanismo se ofreció a todas las intendencias para aliviar la carga financiera de OSE.

La planificación de esta reformulación establece, en grandes líneas, un ritmo de inversión que se detalla a continuación:

  • US$ 50M anuales en saneamiento dentro del PUSU (vs. US$ 32–33M del período anterior), más aproximadamente US$ 40M adicionales en saneamiento por la UGD de Maldonado, lo que da un total cercano a US$ 60M por año incluyendo todos los componentes, casi el doble del promedio histórico.

Se presenta el Plan de barométricas, en el que OSE adquirirá barométricas para localidades de las 61 originales donde el saneamiento por redes no sea viable, en acuerdo con intendencias, como solución intermedia hasta que llegue la red colectiva.

Dentro de lo innovador de la reformulación del plan se encuentra la coordinación interinstitucional con las Intendencias, que comprende reuniones bilaterales con la mayoría de los 19 intendentes, que ya fueron realizadas. Reunión general con todos los directores de obras de las intendencias próxima a realizarse, con seguimiento periódico por regiones de OSE, para acordar cronogramas y reposición de pavimentos. El plan es de mediano plazo, excede este período de gobierno para dar previsibilidad a OSE, empresas e intendencias.​​​​​​​​​​​​​​​​

Este es un plan mucho más robusto y serio, que además prevé una visión a largo plazo que determinará soluciones que perdurarán en el tiempo, y que reducirán incertidumbres que estaban presentes en propuestas anteriores.

Equipo de secretaría

Diputado Javier Umpiérrez

Frente Amplio