1El viernes a la noche se trató en la Junta Departamental de Lavalleja (JDL), en sesión extraordinaria, como único punto del orden del día: Tribunal de Cuentas (TC) de la República: resolución nº 999/2026, dictamen referente a Presupuesto de la Intendencia Departamental de Lavalleja (IDL), período 2026-2030. La sesión contó con la presencia 29 ediles, 16 del Frente Amplio, diez del Partido Nacional y tres del Partido Colorado.
DIO COMIENZO
El presidente Mauro Álvarez, hizo la apertura de la sesión y la secretaria Andrea Cóccaro leyó el dictamen referente al presupuesto de la IDL, 2026-2030. La resolución adoptada por el TC, considerando: se cumplió lo dispuesto por la Constitución; que las conclusiones y evidencias obtenidas son las que se expresan en dictamen que se adjunta. Por lo cual se expide, señalando la opinión del TC, “el proyecto de presupuesto quinquenal de la IDL ha sido preparado en forma razonable de acuerdo con los supuestos efectuados por el organismo y se presenta de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes”, haciendo excepción en varios numerales, así como solicita observar determinados numerales, y tener presente lo expresado por otros numerales, todos detallados en el informe.
DICTAMEN
El TC lo que hace es “expresar una opinión sobre dicho proyecto, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos de la Constitución”.
El legislativo departamental en sesión de fecha 22 de marzo 2026 aprobó en general con modificaciones por mayoría de 18 votos en 31 de los presentes en sala.
La JDL remitió las actuaciones a efectos de recabar el dictamen de este tribunal ingresando oficialmente en sesión del 8 de abril de 2026, fecha en la que se solicitó información complementaria interrumpiéndose el plazo que dispone el tribunal para emitir su dictamen. El 29 de abril 2026 se remitió la información solicitada.
RECURSOS
Las estimaciones de ingresos para los ejercicios 2026-2030 se resumen en pesos uruguayos a valores del 1º de enero de 2026. Se dio lectura al detalle expresado. Explica que la IDL proporcionó las bases de cálculo para los ingresos de origen nacional, no detallan las mismas el cálculo correspondiente al El Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS). Por tal motivo, no es posible determinar la razonabilidad de la estimación del mencionado recurso. El proyecto de presupuesto se presenta estructurado por programas y formulados a nivel de objetos. No se presentan las unidades físicas de metas y objetivos correspondientes a las inversiones proyectadas para el periodo 2026-2030. En lo referente al grupo cero, se constató una disminución de un 33% respecto a 2024 en el monto de las asignaciones presupuestales, correspondientes a las retribuciones zafrales y temporales, objeto de gasto 031. Dicha disminución en la proyección realizada para 2026 contempla la discontinuidad de aproximadamente 250 contratos. Está sin determinar a nivel normativo las partidas por concepto de compensación presentadas, en contravención a lo dispuesto en la Constitución.
Los recursos previstos para el periodo 2026-2030 son equivalentes a las erogaciones previstas por lo que se da cumplimiento a la Constitución. Toda creación, supresión, transformación o funciones de cargos deberán ser aprobados por norma presupuestal de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución. La transformación de cargos de particular confianza no contó con la mayoría especial de tres quintos del total de componentes de la JDL. Con relación a la Contribución Inmobiliaria Rural es admisible la potestad del gobierno departamental en materia de recargos por mora, correspondiendo la competencia de las multas al gobierno nacional, salvo en el caso de obtener la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas.
RAZONABLE
En opinión del TC, el programa de presupuestos quinquenal de la IDL para el periodo 2026-2030 ha sido preparado en forma razonable de acuerdo con los supuestos efectuados por el organismo y se presenta de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, excepto por lo establecido en las numerales 2.2, 3.2 3.5 y 5.5.
EN LA JUNTA
La Comisión de Presupuesto de la JDL toma conocimiento de la resolución del TC y aconseja tratarla en sesión de la JDL. Firmado por los ediles Osorio Gadea, Francisco Gómez, Cecilia Manzione y Ana Laura Nis, También asistió a la reunión Luis Carresse quien informó que se tuvo que retirar antes de la firma pero que suscribía lo expresado.
POSICIONAMIENTOS
Seguidamente se dio la palabra a los ediles. Osorio Gadea del Frente Amplio, integrante de la comisión de Presupuesto, valoró que “las observaciones no fueron de gran magnitud, si bien son importantes, no son al fondo del presupuesto. El informe del TC dice que el presupuesto ha sido preparado en forma razonable y de acuerdo a los supuestos efectuados por el organismo y se presenta de conformidad con las disposiciones constitucionales legales y reglamentarias, a excepción de los artículos que observan. Y culmina con el destaque de que está dentro de las normas legales y constitucionales”.
LO QUE DIJIMOS
Verónica Machado, del Partido Nacional, señaló que “celebramos el trabajo de la Junta, especialmente todos los argumentos que la bancada del Partido Nacional expresó de temas importantes y que veíamos que se estaban contraviniendo por la forma que venían redactados del ejecutivo departamental y se pudieron eliminar algunos artículos (…) que si no iban a venir observado. Después algunas otras observaciones: no se detalló correctamente el cálculo de algunos ingresos, la falta de obras se ve reflejado cuando dice que no se presentaron metas y objetivos físicos de las inversiones proyectadas, qué se hará, cuántas obras, eso lo marcamos y acá lo vemos reflejado en las observaciones del TC, hay compensaciones que ya habían sido observadas con anterioridad. La discusión presupuestal que requería mayorías especiales se aprobó con mayorías simples. Cuando vimos estas observaciones, dijimos: ‘Teníamos razón y qué bueno que el TC esté dando la base en lo que se sostuvo acá’; no era algo caprichoso, se tenía argumentos. La bancada del Partido Nacional por unanimidad va a apoyar las observaciones del TC”.
OBSERVACIONES Y DIFERENCIAS
Así siguieron los reclamos, cuestionamientos y señalamientos de los ediles del Partido Nacional y el edil Néstor Calvo del Partido Colorado, lo que generó tensión y rechazo por la bancada del Frente Amplio. Hubo un cuarto intermedio, se llamó al asesor legal Serrón, se siguió discutiendo, hasta que el presidente Álvarez solicitó al segundo vicepresidente Calvo que asumiera la presidencia para poder hablar desde su banca.
RESPONSABILIDAD
Álvarez manifestó: “Tengo la posibilidad de responder a alusiones personales, pero creo que la intención que tenemos esta noche es de discutir políticamente y no atacar a las personas. He sido uno de los ediles en los últimos 15 años que he dicho y he asumido la responsabilidad de poder ver las observaciones del TC. Y lo sigo haciendo”.
ES POLÍTICO
“El TC es político. Ahí está Francisco Gallinal.
¿Es un funcionario de carrera del TC? Y así con todos, no tengo los nombres de todos. Tenemos un ministro del TC que es de apellido Aumento. ¿Es funcionario de carrera? No, no es funcionario de carrera, son cargos políticos. Y son los que en definitiva hacen la resolución. Así que tiro por tierra aquello de que los integrantes del TC no sean políticos. Sí, son políticos y en definitiva esto es que acordaron políticamente”.
DECIR NO
“Ahora, el artículo 225 de la Constitución establece que la Junta Departamental puede no estar de acuerdo con los dictámenes del TC. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la inconstitucionalidad al no estar de acuerdo con el TC? No veo nada inconstitucional. Inconstitucional sería que lo prohíba la Constitución. O que la Constitución diga que dice el TC hay que cumplirlo a rajatabla. Hay una Asamblea General que no se puede olvidar, que está prevista también en el artículo 225 de la Constitución, que va a tomar esto y es lo que está planteando desde el Frente Amplio con respecto al 5.5, porque no estamos de acuerdo con lo del TC. Ahora resulta que no está de acuerdo con el TC, no es constitucional. Sí, es constitucional no estar de acuerdo. Es constitucional lo que termina diciendo la moción presentada por el presidente de la comisión. Y es que se remita a la Asamblea General. Si me dicen que eso no es constitucional, los invito a leer la Constitución porque lo dice en el artículo 225, justamente la Constitución. Esto es tan claro, señor presidente, que no admite dos lecturas. Porque dice, si no se aceptan va a la Asamblea General y es lo que va a hacer. En otro departamento, no voy a dar el nombre, donde tiene 28 votos el oficialismo, planteó exactamente lo mismo o muy parecido. No aceptar las observaciones de TC y remitir a la Asamblea General. Eso está previsto constitucionalmente”.
LA CONSTITUCIÓN
“No nos estamos llevando por delante la Constitución. Nos llevaríamos por delante la Constitución si la Asamblea General ahora dice: ‘No, le erraron’. Ahí sí, si lo seguimos haciendo.
Cosa que en la rendición de cuentas 2023-2025 hicieron y en el proyecto de presupuesto 2021 - 2025 también hicieron y ahí no gobernaba el Frente Amplio. Le dijeron al TC: ‘Sí, sabe que tenés razón con las observaciones’, pero hicieron lo que quisieron. ¿Y eso también entonces tenemos que decir que es inconstitucional? La inconstitucionalidad de las leyes la decreta la Suprema Corte de Justicia”.
MOVILIDAD
“Es clara la posición del Frente Amplio y es muy claro el artículo 62 de la Constitución, en cuanto a declarar la movilidad de sus funcionarios, de calificar los cargos políticos de confianza, se requerirá 3/5 del total de componente. Acá lo que se está haciendo son transformaciones. Lo otro: están diciendo como al pasar que se están aumentando cargos de confianza o que se está beneficiando los cargos de confianza. Son cambios de nominaciones.
Algunos de ellos cambian el nombre, a otros se les agrega alguna palabra. Eso lo puede hacer el intendente, hasta por resolución. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que no se puede hacer a través de una norma presupuestal? Viene con la iniciativa del intendente, la Junta aprueba con mayorías, resulta que eso es inconstitucional. Ahora, si lo hace el intendente solo encerrado en su despacho, no pasa nada. Porque lo puede hacer”.
DISCREPANCIAS
“Hay sí diferentes visiones y está bien. Hay una interpretación diferente respecto a lo que el Frente Amplio marca o lo que ha dicho con lo que dijo el TC. ¿Estamos dentro de la Constitución para poder discrepar con el TC? Por supuesto. El TC no es Dios. Que va a marcar cosas, sí, que las marcó en el pasado también. Ahora, lo que hay que tener, que quizás en otras épocas no se tuvo, es voluntad de poder defender el presupuesto y de decir porqué no estamos de acuerdo y mandarlo a la Asamblea General diciendo: ‘Señores, en definitiva el Frente Amplio no está de acuerdo con el 5.5 que son esas transformaciones, pero sí aceptamos el resto, pero como no podemos desmenuzar el presupuesto -como quiso hacer una exintendenta- para mandarlo al TC, hay que mandarlo entero. Eso es lo que corresponde”.
NO DIJERON NADA
“La bancada de ediles y edilas del Frente Amplio en su momento, teniendo en cuenta el asesoramiento jurídico que no es vinculante, pero teniendo en cuenta, dijimos: ‘Si se requiere de 16 votos, se requiere de 16 votos’. De la creación de la prosecretaría general, no dijeron nada, no vino observada por el TC y fue, creo, que el único tema de que hablé, sabíamos que eso no lo iban a observar. Como también sé que estamos en la razón y tenemos argumentos jurídicos para lo que es el 5.5 o estas transformaciones que se han manifestado. Tenemos la posibilidad de decir que no estamos de acuerdo con algunas observaciones del TC y que vaya a la Asamblea General. Eso está previsto en la Constitución, por lo tanto no les permito que digan que estamos violando la Constitución. Violar la Constitución sería que venga un dictamen ahora de la Asamblea General y nos diga: ‘Esto no se puede hacer y se siga haciendo’”.
MÁS RESPETO
“Lo que voy a pedir, es que uno en su lugar de presidente trata de mantener ese temple que hay que tener. El Frente Amplio, que tiene 50 y pico de años de vida, no se llama presidente Mauro Álvarez. Por lo tanto pido también, y para que conste en las actas, porque me lo ha pedido mi bancada, pido más respeto hacia esta persona”.
NO SE CREAN CARGOS
Más adelante, en la fundamentación del voto sobre pasar a la Asamblea General, Álvarez dijo: “Mi voto fue afirmativo porque no rechazamos todas las observaciones. Voté por no aceptar una de las observaciones y pasará a la Asamblea General. No es que estemos en contra del TC, este tiene las mismas herramientas que tenemos nosotros, tenemos un asesor letrado que hace informes que no son vinculantes, al igual que los asesores del TC. Enviarlo a la Asamblea General, es donde se tiene que dirimir y voy a hacer todos los esfuerzos para que lo trate, porque sé que tenemos razón, con la misma firmeza que dije sobre la creación de la prosecretaría que no fue observado por el TC. No hay ninguna creación de cargos en el actual presupuesto, no se aumentan los sueldos a los cargos de particular confianza. Ni uno solo. Sí a la peonada, otrora se le pagaban salarios de miseria. Lo dicho, dicho está”.
MOCIONES
De Osorio Gadea: Que no se acepten las observaciones del TC en lo referido al punto 5.5. Sí se aceptan las otras observaciones. Elevar las actuaciones a la Asamblea General. Se proclamó afirmativa por 16 votos del Frente Amplio. No votaron las bancadas de los partidos Colorado y Nacional.
De María Noel Pereira: Que se aceptan en su totalidad las observaciones del TC. No se votó dado que se aprobó la anterior moción.
De Luis Carresse, Verónica Machado y Joaquín Hernández: Enviar al TC la solicitud que se expida sobre el artículo 62, en cuanto a la diferencia entre transformación y calificación, con el informe del asesor legal de la JDL, y elevar lo expresado en la sesión al TC. Votaron negativo 13 votos de los partidos Nacional y Colorado. La bancada del Frente Amplio no lo votó. Se votó afirmativo el informe de la Comisión de Presupuesto por unanimidad.
Finalizó así una sesión ordinaria de la JDL de 3 horas 26 minutos.