Ayer, la bancada de ediles del Frente Amplio ofreció una conferencia de prensa, en la que reafirmó no sólo la decisión de la Junta de aprobar -con votos de ediles del FA y de una edila blanca, Verónica Machado- la colocación de una Placa de Memoria frente a la sede del Batallón de Infantería Nº11 de Minas, sino que además reivindicó la forma de resolución del tema, que fue cuestionada por ediles del Partido Nacional (PN).
Mauro Álvarez, presidente de la Junta Departamental, recordó que en la noche del miércoles se trató en la sesión ordinaria un informe en mayoría (con votos del FA) de la Comisión de Nomenclator, porque a pesar de que el FA es minoritario en la comisión, los dos representantes del PN no asistieron a la reunión. La de Nomenclator “es una de las tantas comisiones que la oposición tiene mayorías en la Junta Departamental. Por lo tanto, en el caso de que la oposición no concurra a esa comisión u otras que son mayoría, las comisiones no podrían funcionar”.
Alvarez dijo que el tratamiento del informe en la sesión del miércoles se hizo de acuerdo al reglamento de la Junta, por solicitud de la comisión. “Por lo tanto, desmiento totalmente que se haya hecho eh mal el uso del reglamento”, dijo Álvarez.
Por otro lado dijo que para aprobar el informe “se requería la cantidad de 16 votos, es decir, mayoría absoluta de componentes del cuerpo”. “De acuerdo a los informes del señor asesor letrado de la Junta Departamental que constan en las en los antecedentes de los informes presentados por la Comisión de Nomenclátor. El día martes ya lo tenía la comisión, no es de responsabilidad ni de este presidente ni de los ediles del Frente Amplio que no hayan tenido acceso a esa información. Si tú no vas a una convocatoria, a una comisión formalmente citada dentro de la normativa vigente a la Junta Departamental, no nos parece correcto que se haga un cuestionamiento sobre que no conocían parte de del expediente”, dijo, aludiendo a cuestionamientos del PN en cuanto a que no habían tenido acceso a los informes del asesor letrado. “El expediente tuvo ida y vuelta, hace meses que anda la vuelta, todo el mundo sabía lo que se iba a votar y el no conocer algo no te exime de la responsabilidad que tenés como edil departamental de concurrir como corresponde a las comisiones”.
Luego, Álvarez citó el numeral 3 del artículo 37 de la Ley 9.515, que establece que “queda prohibido a los intendentes” y sin perjuicio de otras limitaciones que establece la ley y el numeral 3 dice, “levantar monumentos estatuas o autorizar su erección en sitio de uso público, salvo que así lo resolviesen los dos tercios de la Junta Departamental”. “La pregunta es: ¿en qué momento y quién les dijo que una placa es un monumento o en qué momento se les dijo que la placa es una estatua?” “Yo creo que ni siquiera Kafka, en su libro de La metamorfosis, logró llegar a una conclusión tan compleja como para no saber distinguir entre lo que es una estatua o un monumento, de la instalación de una placa. Por lo tanto, nosotros consideramos y de acuerdo también al informe del asesor letrado de la Junta Departamental, que no se aplica en este caso lo preceptuado por el artículo 37 numeral 3 de la Ley Orgánica de los los Gobiernos Municipales de 1935. Por lo tanto, lo que se requería, insisto, es una aprobación por mayoría absoluta de componente del cuerpo, es decir, 16 votos. Y cabe señalar que fue aprobada no por 16, sino por 17 votos, porque hubo un voto del Partido Nacional que defendió el proyecto, que defendió la iniciativa, lo argumentó y además a viva voz votó afirmativo”. La edila nacionalista que votó a favor fue Verónica Machado, quien hizo una emotiva fundamentación de su voto apelando a sus raíces wilsonistas.
“NO QUIEREN VOTAR LA PLACA”
Por otro lado, el edil Miguel Sanz argumentó que más allá de los cuestionamientos formales (acerca de eventual incumplimiento de normas viales con la colocación de la placa, por ejemplo) hechos por ediles del PN, a él le dio la impresión de que la mayoría de los ediles de ese partido “no quieren votar la placa”. Agregó que la bancada de ediles del FA tuvo el mayor de los cuidados de cumplir a rajatabla con leyes y reglamentos y que por eso él mismo no participó de la sesión, ya que al haber tenido a un familiar directo preso en el cuartel podría haber estado inhabilitado a participar de la sesión. “Hasta en eso buscamos la forma de que no hubiese problemas, porque yo sabía que no lo iban a votar, pero nosotros no tenemos problema ninguno”.
Álvarez se refirió a cuando, en ocasiones anteriores se colocaron otras placas, se requirió de 21 votos para hacerlo. “El error está dado en lo que se venía haciendo siempre, porque como siempre se hizo así, se creía que se iba a seguir haciendo de esa manera. Ha habido, por ejemplo, otras experiencias, cuando nosotros propusimos poner una placa a Julia Arévalo en Barriga Negra, se nos dijo que se requerían 21 votos. Y en realidad no se requerían 21 votos. El problema es que toda la vida se hizo así, más que nada por una cuestión de costumbre y no porque realmente la ley lo marque”. “Como bancada tenemos la convicción de que hicimos las cosas conforme a derecho. Que se pueda recurrir, está bien, es un derecho que también tienen y eso en un estado de derecho como el nuestro tienen todas las garantías para para hacerlo”.
CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA Y PADRONES “TOPEADOS”
Por otro lado, el edil Francisco Gómez se refirió al tema de los más de nueve mil padrones del departamento (de un total de más de 44 mil) que tienen su contribución inmobiliaria “topeada” o congelada desde hace más de 20 años. “Esa situación genera una inequidad, porque estamos hablando de que hay un montón de contribuyentes que abonan los tributos que le corresponden en forma correcta, el monto adecuado al valor catastral de su propiedad, a los ajustes que se hacen año a año, y hay otros que no. Entonces, esta fuerza política que gobierna el departamento de Lavalleja entendió que siguiendo un principio de justicia tributaria había que dar respuesta a esto y resolver esta situación”. Según Gómez, cuando se discutió este tema en la Junta “se notaba a algunos ediles de la oposición como desconocedores de esta temática cuando eran ellos quienes gobernaban y tenían pleno conocimiento de esta situación”.
El edil aclaró además que es mentira que estos nueve mil padrones tengan que, abruptamente, pagar por el valor actualizado de la Contribución Inmobiliaria. Se creará, dijo, “un tribunal de quitas” con “una perspectiva social”. Así “la Dirección de Servicios Sociales va a formar parte del equipo técnico que va a analizar determinadas situaciones, por ejemplo las condiciones de habitabilidad que tenga esa vivienda. Hay que analizar si las personas que viven allí conforman un hogar monoparental que tiene hijos chicos, o que es una mujer que esté sin trabajo, un hombre que está sin trabajo, una abuela que por alguna razón se tuvo que hacer cargo de menores de edad y todo eso para cuando se se establezca nuevamente un convenio para el pago de ese de ese tributo, se haga de una forma razonable y una forma humana, es decir, en ningún momento se le va a cobrar el 100% que tiene que pagar realmente ese contribuyente. Y una de las cosas que también se busca es cortar con las especulación”.
Por otro lado se refirió a algunas personas que son propietarias de muchos inmuebles “y no pagan sus tributos en tiempo y forma, justamente por la especulación, porque cuando llegan estos espacios de las amnistías lo que hacen es acogerse a ellas y en definitiva terminan pagando mucho menos”.
EL CLEARING DE INFORMES
Por último, Mauro Álvarez se refirió a una denuncia que la bancada de ediles del PN realizó la semana pasada, acerca de un convenio firmado entre la IDL y la empresa Equifax SA (Clearing de Informes), diciendo que ahora la IDL “expropiará” a quienes tengan deudas por Contribución Inmobiliaria. Álvarez señaló la existencia de una resolución de la IDL del año 2011, firmada por la actual diputada del PN Adriana Peña como intendenta y por Alejandro Giorello como secretario general, para contratar a la empresa Equifax (Clearing de Informes, “por una razón de buena administración”. “Quiere decir que cuando el Partido Nacional hacía este tipo de resoluciones eran por buena administración y resulta que cuando lo hace el Frente Amplio es porque quieren matar al contribuyente o a los deudores. Entonces, yo creo que se está midiendo con diferentes varas y se están diciendo cosas que no corresponden”. Además, Álvarez dijo que hay una fuerte diferencia de cristalinidad entre el gobierno actual y los anteriores del PN, porque esta resolución del año 2011 recién acaba de conocerse, luego de 15 años. “Sin embargo, las resoluciones del señor intendente (ahora) están llegando en tiempo y forma y todos los ediles departamentales en tiempo real estamos sabiendo cuáles son las decisiones que toma el intendente. Para que vean, uno no es que esté buscando para reivindicar lo de ahora con el pasado, hay que mostrar también la diferencia de modelo de gestión. Un modelo de gestión donde reinaba la opacidad frente a un modelo de gestión que lo que reina es la transparencia, que se puede criticar, por supuesto, porque tenemos diferentes visiones. Ahora, esto no resiste archivo”. El edil recordó que en el pasado incluso tuvo que apelar a medidas judiciales para acceder a resoluciones de la IDL.
“Por una cuestión de principios el intendente departamental está haciendo una gestión transparente. Tan transparente que por primera vez en la vida pasaron todos los directores de áreas y directores generales por la Junta Departamental. Nunca en la vida había pasado eso”.
Álvarez destacó asimismo que en los gobiernos anteriores la inmensa mayoría de los pedidos de informe no se respondía, y ahora la IDL responde prácticamente la totalidad de los pedidos de los ediles.
