A todas luces, al astillero español Cardama no construirá los dos buques patrulleros oceánicos (OPV, sigla por su nombre en inglés, Offshore Patrol Vessel) que desde hace décadas nuestro país necesita para tener una vigilancia y control mínimos sobre nuestras aguas continentales. El gobierno ya anunció la rescisión del contrato y el inicio de acciones legales para recuperar los US$ 30 millones que el Uruguay ya pagó al astillero español.

El proyecto de tener este tipo de barcos OPV tiene al menos décadas. Nuestra Armada tiene por un lado buques o lanchas patrulleras pequeñas, óptimas para vigilancia en el Río Uruguay u otros ríos, y en parte del Río de la Plata. Cuenta además con algunos buques guardacostas. En el año 1991 nuestro país compró tres buques más grandes, fragatas francesas de las décadas de 1950 y 1960, que ya eran viejas cuando pagamos por ellas. En el 2007 nuestro país compró dos buques adicionales de este tipo a Portugal, también construidos en la década de 1960. No sabemos si están aún en servicio, pero cuando eran nuevos su velocidad máxima era de menos de 50 km por hora.

Ni las lanchas patrulleras, ni los guardacostas, ni estas viejísimas fragatas pueden cumplir el rol de patrullar nuestras aguas, que gracias a la acción de nuestro país por décadas (a través de investigación científica y trabajos cartográficos del fondo marino, sobre todo) tienen una extensión enorme… y que están completamente desprotegidas, para empezar de la pesca ilegal.

O sea: desde hace décadas nuestro país necesita buques patrulleros oceánicos, o sea buques medianos con mucha autonomía, veloces, capaces de estar en aguas oceánicas por períodos prolongados, capaces de llevar helicópteros y tecnología moderna para la localización de otras embarcaciones así como comunicaciones eficientes y de buena calidad.

Desde hace muchos años hay un tácito acuerdo político de todos los partidos acerca de la necesidad de contar con estos buques. Con dos de estos buques, que no son lanchas, y no son baratos.

En el gobierno anterior comenzó un proceso licitatorio con un llamado internacional a astilleros, y el país logró que empresas reconocidas mundialmente presentaran propuestas, entre ellas astilleros surcoreanos, chinos y europeos, que dominan este mercado. La oferta más barata y conveniente, como era de esperar, fue de un astillero chino, con una vasta experiencia en la construcción de este tipo de buques.

Pero hubo problemas: al gobierno de Estados Unidos de entonces no le gustó nada que un astillero chino construyera estos buques para Uruguay, y lo hizo saber de una manera más o menos solapada, más o menos abierta. Y entonces nuestro gobierno de entonces decidió que no habría ninguna licitación internacional, sino un llamado a interesados que se tramitaría de la manera más adecuada.

Y vaya si lo hicieron. Fue a este segundo llamado (que no fue una licitación) a la que se presentó un antes desconocido astillero español, Cardama, que nunca antes había construido un buque de este tipo, sino tan sólo pesqueros y otro tipo de naves.

Y Cardama, cuando los oficiales y técnicos de la Armada hicieron un anáslisis sobre las capacidades de cada astillero para construir los OPV, quedó en último lugar, como era previsible. El propio comandante en jefe de la Armada de entonces dijo que Cardama era la peor opción, aunque fuese la más barata, porque no estaba en condiciones de construir los buques.

Aún así, y mediante una votación entre los principales jefes de la Armada -un mecanismo que no está previsto en ningún reglamento para compras de la Armada o del Estado- en la administración anterior se definió elegir a Cardama.

Luego de esto, el desbarranco: hos sabemos que Cardama presentó dos garantías cruciales del contrato que eran falsas, incobrables, inaceptables para cualquier gobierno o empresa. Una de ellas, garantía de una empresa fantasma que nunca se iba a hacer cargo de pago alguno a nadie. En lugar de los 45 días establecidos en el contrato para presentar garantías, Cardama se tomó seis meses para una de ellas. Y el proceso de construcción de los OPV ha sido una pesadilla, para el astillero y para nuestro país. No se cumplió ningún plazo, los buques no tienen motores -la empresa Caterpillar rescindió el contrato con Cardama para fabricarlos- y los informes de técnicos de la Marina uruguaya y de una consultora internacional son lapidarios en cuanto a múltiples irregularidades, fallas y problemas en la construcción y en cuanto a la capacidad del astillero para hacer el trabajo.