Al conmemorarse el Día Internacional de Lucha contra el Maltrato y Abuso Sexual hacia Niñas, Niños y Adolescentes, el Sistema Integrado de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) presentó su informe 2024 en el cual detalla que detectó e intervino en 8.924 situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes en Uruguay, lo que representa un promedio de 24 situaciones por día.

«Nosotros reportamos desde hace mucho tiempo las situaciones de violencia atendidas, que son diferentes de las situaciones de violencia por denuncias», aclaró al comienzo de la entrevista con Primera Página Dominical. Agregó que «son las que el sistema, las que el SIPIAV, pudo captar, que por lo general se dan tanto en la educación, como en la salud, y también en todos los dispositivos que INAU tiene en el territorio: CAIF, Club de Niños, Casas Jóvenes y centros locales». Evaluó que el informe presentado visualiza «un incremento del 9%» de los casos y que, en comparación con el relevamiento realizado en 2023, «tenemos un incremento de 24 situaciones por día, ya que anteriormente teníamos 22».

Las situaciones de violencia, por el daño que imprimen a niños, niñas y adolescentes, sumado a los procesos de trabajo con ellos y sus familias, «son largos en el tiempo», por lo que, «si bien mejoramos en la detección, en abordar en las primeras instancias las situaciones de violencia, todavía tenemos grandes debes en la materia, como en los seguimientos a largo plazo, porque, en definitiva, los recursos humanos o los recursos que tenemos son menos de los que deberíamos tener y la demanda es mayor». Eso determina que, en muchos casos, «trabajemos sobre la urgencia y que algunas situaciones que terminan a más largo plazo se complejicen».

Violencia estructural

A modo de estrategia de atención, se procura que «esas infancias o esos adolescentes queden insertos en los dispositivos de protección socioeducativos». Por ejemplo, «si no están en la escuela, que vuelvan a ella, o a enseñanza media, o si son más chicos a los CAIF, como forma de tener institucionalidad y que queden dentro de ese marco para poder hacer los correspondientes seguimientos» de sus situaciones.

Si bien Mizrahi reconoce algunos avances, admitió que las situaciones de complejidad «son cada vez mayores, sobre todo las de vulnerabilidad social o, en definitiva, situaciones que se enmarcan dentro de la violencia estructural, que tiene que ver con la pobreza», frente a la cual «no solamente necesitamos de los sistemas de respuesta específicos de técnicos que trabajamos con la violencia, sino de políticas públicas que inserten políticas universales».

En ese sentido refirió a «una batería de herramientas» que tiene que ver con «posibilidades de vivienda, con otras oportunidades para poder abordar las situaciones de violencia que son situaciones acerca de cómo nos relacionamos desde el punto de vista interpersonal», porque «es el abuso de poder que se ejerce en las familias, donde los niños y los adolescentes quedan en niveles de desprotección». El informe establece que el 90% de los casos «tiene que ver con familiares directos de quienes ejercen violencia», lo que genera en los niños, niñas y adolescentes «que demoren en decodificar qué está pasando, en poder decirlo a algún referente adulto protector, que a veces puede ser un miembro de la familia o en los centros educativos, en la salud o en los territorios donde INAU trabaja, con club de niños, casas jóvenes o CAIF».

Reparación de daños

La directora del Sistema Integrado de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia señaló que son procesos que «a esos niños les generan un daño», por lo cual debe intensificarse la acción para establecer respuestas efectivas, justamente, «para la reparación de daños, aspecto en el cual tenemos un déficit muy grande en lo que hace a la salud, a la atención de salud mental y en procesos terapéuticos».

Sobre este tema, confirmó, dialogó con la ministra de Salud Pública, doctora Cristina Lustemberg, a efectos de que el sector salud, tanto público como privado, «comiencen a dar respuesta, no en plazos tan largos como ocurre ahora, a niños, niñas y adolescentes».

Citó lo que ocurre puntualmente en la ciudad de Minas, donde «tenemos un CRL (Comité de Recepción Local) que funciona, donde también contamos con equipos de trabajo de toda la interinstitucionalidad, pero tenemos un déficit importante en el abordaje de lo que es la reparación de daño de niños, niñas y adolescentes. Y como se da en Lavalleja, se verifica también en otros departamentos, donde también tenemos este déficit», subrayó.

Violencia sexual

Mizrahi consideró como un tema central «realizar una campaña de sensibilización» sobre la temática, para que esta problemática «no solo esté en la agenda pública y política cuando se presentan los datos, sino que sea parte de una política pública constante, de un abordaje constante de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes».

En torno a la violencia sexual, el informe 2024 del SIPIAV sitúa en 1963 las situaciones atendidas por esa causa. «Es una cifra muy importante, el 22% de la cifra total, y ahí lo que también necesitamos es mejorar y retomar, sobre todo en la enseñanza, lo que es la educación sexual, porque es brinda herramientas a las niñas y a los adolescentes para manejarse, entender, poder decodificar cuándo están abusando de ellas, porque nosotros, los adultos, pensamos que el abuso sexual es entre adultos, y en el caso de las infancias y las adolescencias son situaciones que por lo general se dan con familiares directos, situaciones que comienzan con un acercamiento, con lograr confianza, para que después, desgraciadamente, se apoderen del cuerpo de las niñas y adolescentes».

«Tenemos una feminización en todo lo que es la violencia sexual, porque los ofensores, en su mayoría, actúan hacia adolescentes mujeres. Es otro tema a seguir trabajando y a seguir profundizando, y tenemos que pensar en codificando. Estamos inmersos en ese trabajo en la actualidad, en los modelos de atención, en cuestionar si lo que estamos haciendo es correcto, tener capacidad de evaluar y saber cuáles son los debes para replantearnos la tarea», continuó Mizrahi.

Violencia digital y violencia vicaria

En el último tiempo han quedado evidenciados nuevos tipos de violencia, entre ellos la digital y la vicaria, a través de hechos trágicos y de enorme impacto en la opinión pública. Consultada al respecto, Mizrahi expresó sobre la violencia digital que «trabajamos con la Facultad de Psicología y con el Fondo de Educación. Los niños y los adolescentes manejan y se contactan mejor con dispositivos que los adultos que los atienden. Entonces, capacitar a esos adultos para poder trabajar la violencia digital es importante». El informe de 2023 ya se había referido a este tema. «La violencia sigue siendo la misma. Lo que ocurre es que adquiere otras formas de llegar a las niñas y a los varones, sobre todo porque captan de forma diferente a las adolescentes y también a los varones, en redes, donde no conoces quién es la persona con la cual estás interactuando, si son mayores de edad o no y cómo utilizan las redes sociales, sobre todo para poder captar en situaciones de explotación sexual y de abuso». Al respecto sumó la coordinación que se realiza con el Ministerio Interior, «que tiene un monitoreo desde ese lugar. Por eso insistimos en capacitar, porque son nuevos desafíos a los que debemos dar respuesta».

En cuanto a la violencia vicaria, afirmó que «es una de las formas más importantes de violencia de género, cuando para dañar a la pareja o expareja terminan asesinando a los niños. Tuvimos cuatro casos en 2024. Es un trabajo que tiene que ver con la detección. Cuando hay violencia de género, pensar en que en esa familia, si hay niños, niñas y adolescentes, son también víctimas, y a partir de ahí, ver cómo podemos protegerlos. Otro dato que muestra lo cruel de estas situaciones es que 620 niños transitaron en el 2024 por los albergues para violencia de género de Inmujeres y de INAU. La violencia es referida a la mujer, pero, por lo general, en esas familias hay niños y terminan dejando su casa, pasando a un albergue, con un sufrimiento mayor, abandonando los centros educativos a los cuales concurrían. Por todo eso es que debemos pensar o repensar las respuestas. Con los temas de violencia, y más tratándose de un tema cultural y tan arraigado en la sociedad, debemos pensar en cómo mejoramos los sistemas de respuesta, ya que por lo general llegamos cuando la violencia ya está instalada. Tenemos que tratar de ver cómo se detecta, porque, a su vez, existe una cronicidad alta que tiene que ver con el tipo de violencia de género y generaciones, porque son violencias que se dan en el ámbito familiar. Para que los niños y los adolescentes puedan decirlo, saben que rompen un secreto familiar y que eso es de alto impacto en la familia. Por ello, a veces, lo naturalizan como parte de su vida cotidiana y les cuesta mencionarlo o decirlo a familiares que sean adultos referentes o en los lugares por los cuales transitan, que son los centros educativos y, en menor medida, la salud».

En el caso de la violencia hacia niños y niñas y adolescentes, los centros educativos «son los lugares de mayor captación, o los centros sociales. En el caso de la violencia de género, por lo general es en el sistema de salud», analizó y también mencionó el trabajo coordinado con el Poder Judicial «en todo lo referido a los ámbitos de familia, a la protección de los niños y niñas y adolescentes, y en el ámbito penal, cuando hay sospecha de situaciones de abuso sexual o de violencia sexual hacia los niños. Ahí trabajamos con Fiscalía, con la Unidad de Víctimas, y comenzamos a hacer seguimientos».

Construir y consolidar una política de Estado

En varios pasajes de la entrevista, María Elena Mizrahi, directora del Sistema Integrado de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV), hizo mención a que es imprescindible contar con una verdadera política de Estado para hacer frente a estas situaciones. Pensamos que, en ese caso, la voluntad política de concretarlo se traduce en primera instancia en la conformación de un presupuesto acorde que permita lograr los objetivos trazados. La jerarca coincidió en que ese es el punto de partida. «Lo que planteamos en todas las instituciones del Estado -más allá de que el Estado también ejecuta con la sociedad civil- es un aporte de presupuesto para estas problemáticas, sobre todo para el tema de la reparación de daño. La ministra Lustemberg se comprometió a reforzar los equipos de violencia que tiene el sistema de salud para que acceder a la reparación de daño no se verifique en tiempos tan prolongados. Es fundamental contar con los recursos humanos suficientes. Hay zonas del país donde no se cuenta con psiquiatra infantil, por ejemplo, y tampoco con la cantidad de psicólogos necesaria, ya que posiblemente estén concentrados en el área metropolitana y no diseminados en el resto del país, sobre todo al norte del Río Negro y ni qué hablar en zonas de frontera. Son desafíos importantes para el volumen y el quantum de situaciones. Una de las cuestiones positivas es que contamos con 36 comités de recepción en todo el Uruguay -en algunos departamentos tenemos dos-, ya que cuando comenzamos con esta tarea pensábamos que con tener un comité de recepción del SIPIAV en la capital departamental alcanzaba. Hoy vemos que no y que posiblemente deberíamos tener más. Es un tema de recursos para la coordinación misma del SIPIAV, para asistir técnicamente, cómo hacemos para llegar al territorio desde la Coordinación Nacional del SIPIAV y poder contemplar la situación de los técnicos que viven en los departamentos».

Informe 2024

Los datos del Sistema Integrado de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) muestran que los albergues del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y del INAU destinados a mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos menores atendieron en 2024 a 620 niños y niñas. Por segundo año consecutivo, el tramo etario de 13 a 17 años es el que registró la mayor cantidad de casos; llegó al 38%. En la primera infancia (de 0 a 5 años), el porcentaje alcanzó el 17%. El tipo de violencia con mayor cantidad de registros fue el maltrato emocional, con un 38%; negligencia, 23%; violencia sexual, 22%; maltrato físico, 17%. En cuanto a personas agresoras, el 38% corresponde a padres y el 23% a madres. El 90% de quienes ejercen la violencia integran la familia directa o el núcleo de convivencia de quienes la padecen. Además, en 2024 hubo cuatro víctimas de edad infantil cuyas muertes se ocasionaron por violencia vicaria.