La doctora Verónica Machado, edila del Partido Nacional (PN), elevó un pedido de informes en torno a una modificación dispuesta por la administración municipal respecto a la manera en que se efectúan obras viales en Solís de Mataojo, variante que fue observada por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR).
Machado, alcaldesa de Solís de Mataojo en dos períodos consecutivos, refirió al proyecto para la reparación de calles de Solís de Mataojo, donde, en principio “se estableció un monto estimado de $ 11.071.220 con cargo al Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), proyecto que no fue observado por el Tribunal de Cuentas, siendo aprobado por la Comisión Sectorial en el mes de marzo, dando comienzo su ejecución con mano de obra de la Intendencia, como estaba previsto”. Cuestionó que el actual Ejecutivo Departamental dispusiera “la contratación directa por excepción de una empresa privada para la ejecución de las obras por un monto de $ 25.462.297, ad referéndum del Tribunal de Cuentas”, dejando constancia que “las obras comenzaron a fines de octubre, antes de que dicho órgano emitiera su dictamen”.
El TCR, mediante Resolución N°2757/25, de fecha 5 de noviembre, observó el gasto, “en atención a que no se presentó el correspondiente proyecto a ejecutar y los fundamentos detallados de su conveniencia, como indica la norma, y por carecer de disponibilidad presupuestal”.
Machado cursó un pedido de informes al Intendente Daniel Ximénez donde solicitó “copia íntegra de la resolución que dispuso la suspensión de la ejecución de las obras por parte de la Intendencia Departamental de Lavalleja para la reparación de calles de Solís de Mataojo, a efectos de conocer la razón de dicha suspensión que llevó a otorgar en forma directa a una empresa privada la ejecución de las mismas. Informes técnicos que avalan la necesidad de suspender la ejecución de las obras iniciadas y las ventajas de la nueva decisión; razones por las cuales las obras se iniciaron antes de que el Tribunal de Cuentas emitiera su dictamen, cuando la resolución que habilita la contratación es ad referéndum del mismo; indique si las observaciones establecidas por el Tribunal de Cuentas por resolución N°2757/25, de fecha 5 de noviembre, fueron subsanadas o si continúan vigentes y, en su caso, qué medidas se adoptarán; copia íntegra del expediente N° 16384/2025 de la IDL, así como del contrato efectuado con la empresa SERVIAM S.A, número y fecha de inscripción de la obra en el Banco de Previsión Social; detalle los motivos de oportunidad y conveniencia que llevaron a sustituir el proyecto original aprobado por $U 11.071.220, por la contratación directa de una empresa privada por un monto que asciende a $U 25.462.297 (-$U 18.644.202 obra + 4.101.742 IVA + 2.716.353), duplicando la cifra del proyecto original que se deja sin efecto”.
“PROCEDER CONTRADICTORIO”
En diálogo con Primera Página, Machado profundizó sobre el tema. Declaró que el anterior gobierno nacional, “estableció que el 15% del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), obligatoriamente, debe ser destinado a territorios municipalizados -donde hay municipios-”. Recordó que en 2023 se inauguraron obras en barrio El Chispero, de Solís, “realizadas por funcionarios municipales. Quedaron en perfecto estado, tanto técnica como estéticamente”.
Para este año se optó por el arreglo de calles que se encontraban en malas condiciones en Solís. La IDL “nos presentó el proyecto, lo firmamos y fue enviado a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en febrero. Fue aprobado por la Comisión Sectorial, sin observaciones del Tribunal de Cuentas”.
En abril comenzaron a ejecutarse las obras; en julio asumieron las nuevas autoridades departamentales. “En ese momento había un 30% de la obra certificado y otro 30% en ejecución. La nueva administración debía continuarla”, opinó, pero “nos sorprendió que se contratara a una empresa privada”, ya que “el proyecto se presentó en tiempo y forma, con mano de obra municipal, que es excelente, y con un costo menor que el de una empresa privada”, prosiguió.
“No se valoró lo que se había hecho”, afirmó al evaluar la decisión de la actual administración. Aclaró que “en ningún momento afirmo que el dinero se haya malgastado”, sí que “no se procedió de manera adecuada”. Confió en que el informe del Ejecutivo que responda a su solicitud establezca “de dónde salió el dinero para la modificación instrumentada”, ya que “se trataba de una inversión de 11 millones de pesos y pasó a tener un costo de más de 25 millones de pesos (incluyendo IVA y leyes sociales), dineros que irán a una empresa privada, siendo que bien podían haber quedado en la comunidad”.
“¿QUÉ ESTÁ PASANDO?”
La legisladora departamental dijo no comprender “por qué se duplicó el gasto” y dejó en claro que “no presumo, ni especulo” con eventuales motivaciones, sino que aguarda el informe “para conocer qué pasó”. En términos más generales, analizó que “por un lado, la administración afirma que necesita dinero, una línea de crédito”, y que por otro “no hay límites para el gasto”. Cuestionó que se registren “contrataciones directas por 100 mil pesos mensuales”, porque “si no hay dinero, si no se sabe si se llegará con presupuesto a fin de año, deben tomarse precauciones que aquí no se aplican. No entendemos qué está pasando. El proceder ha sido contradictorio”, expresó.
LA RESPUESTA DE LA IDL
Desde la administración departamental se hizo saber a Primera Página que las variantes responden a una “reformulación de proyectos” y que la misma “acelera la ejecución de obras a través de fondos nacionales de OPP”. Los cambios fueron realizados “con el objetivo de asegurar la mayor ejecución posible de los fondos disponibles, priorizando obras que generen impacto directo en la calidad de vida de la población”.
Al producirse la asunción del nuevo gobierno, se afirma desde la IDL que “solo se había ejecutado un 30% de los fondos previstos, los cuales se pierden a fin de año si no se ejecutan”. Por ese motivo “se reorientaron prioridades y se aceleró la planificación y ejecución de proyectos estratégicos en todo el territorio”.
En el caso que nos ocupa, la IDL “ejecuta un plan integral de obras viales en Solís de Mataojo”, el cual “abarca 35.000 metros cuadrados de calles, con mejoras en infraestructura urbana y de servicios esenciales”, incluyendo “tratamiento bituminoso con niebla, reparación de pluviales, cordón cuneta, construcción de badenes de hormigón, bacheo en la Ruta 8 y la sustitución de cañerías de agua de hierro”. El objetivo del plan es “optimizar la transitabilidad, el drenaje y la infraestructura urbana en procura de mejorar las condiciones para los habitantes de Solís, enfatizando en la concepción descentralizadora de los recursos y en la inversión por el desarrollo integral de Lavalleja”.
A su vez, las fuentes consultadas remarcan que este plan “se lleva adelante a través del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), administrado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), con una financiación del 85% por parte del FDI y un 15% por parte de la Intendencia de Lavalleja” y que distintos aspectos se ejecutan “con la colaboración conjunta del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y Obras Sanitarias del Estado (OSE)”.
