En la última sesión ordinaria de la Junta Departamental de Lavalleja (JDL) del miércoles -aunque esto se trató ya pasada la medianoche y era la madrugada del jueves- uno de los puntos más extensos en su tratamiento fue la anuencia para prolongar la concesión de la explotación del exmatadero municipal, hoy gestionado por la empresa privada ARROYAL S.A. La JDL aceptó observaciones del TCR y no aprobó anuencia, con los votos de las bancadas del Frente Amplio y de dos ediles del Partido Colorado (PC).

INFORMES

En el período pasado se resolvió otorgar la concesión a referéndum del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) a ARROYAL S.A. por quince años, con opción a renovarlo por quince años más.

La comisión de Legislación y Turno presentó dos informes, uno en mayoría que aconsejaba al plenario “aceptar las observaciones del TCR y dejar constancia en acta que no corresponde otorgar la anuencia solicitada”. “Esta decisión tiene sustento tanto en el dictamen por unanimidad del TCR como en el informe emitido por el asesor letrado de la JDL, los cuales coinciden en la imposibilidad legal de subsanar las observaciones formuladas. Esta posición tomada en mayoría por la comisión de Legislación y Turno no compromete la seguridad del cumplimiento de los plazos del comodato de concesión vigente, ni de la fuente laboral de los empleados de la firma concesionaria, dado que dicha concesión está vigente hasta el año 2028. Se abre un tiempo suficiente para subsanar la situación procurando el mayor beneficio para las partes”. El informe fue firmado por Enrique Foderé y Gerardo Palumbo. El informe en minoría solicitaba que el tema fuera remitido al ejecutivo departamental y estaba firmado por Carol Aviaga.

ESPACIO DE TRABAJO

Foderé dio más explicaciones sobre porqué hacer lo que dice el TCR y que fue refrendado por el asesor letrado de la JDL. Mocionó que la JDL convoque al intendente departamental “a establecer a la brevedad un espacio de trabajo conjunto que permita alcanzar una solución definitiva respecto al funcionamiento del matadero municipal. En ese ámbito de acuerdos, se procurará explorar los mecanismos legales y reglamentarios que garanticen las inversiones necesarias para el desarrollo del sector y que, al mismo tiempo, brinden certezas y estabilidad a las y los trabajadores vinculados”.

HISTORIA DE IRREGULARIDADES

Y comenzaron el debate. Luis Carresse se refirió a la historia de este negocio, que se remonta 2008, cuando el Ejecutivo decide otorgar el exmatadero municipal, sin pasar por la JDL. “Desde ahí empieza todo este tipo de irregularidades que estamos en el 2025 y seguimos arrastrando”.

Carresse se refirió que en el 2018 “tuvimos horas de debate en la JDL hasta que encontramos consenso. Siempre todos dijimos que la fuente laboral no puede parar, la empresa, esas más de cien familias, tienen que seguir trabajando”. Más adelante Carresse recordó que “una semana, diez días antes de cambiar de intendente resulta que se tiró el tema sobre la mesa, por 15 años más a partir de 2028 cuando vence el último contrato. Dijimos bien claro que esto era insostenible, que el TCR iba a observar, iba a decir por acá no, que no está bien encaminado, lo tenemos que encaminar bien. Entonces vamos a pensar en lo que tenemos que hacer porque tenemos una nueva oportunidad de dar una solución definitiva a 30 años, pero como tiene que ser”.

TRABAJO

La posición de los ediles del Partido Nacional propuesta por Aviaga es pasar los informes al intendente y que él decida. María Noel Pereira adujo las necesidades de fuentes de trabajo: “es una inversión privada, no cuesta un peso de los dineros públicos, al contrario, es gente que aporta para poder solventar los gastos públicos” y mocionó “que se reitere, se avance y que el intendente continúe con la anuencia para poder suscribir este contrato y garantizar y asegurar de una vez por todas la fuente laboral”.

ILEGALIDAD

El debate se realizó con la presencia del asesor letrado de la JDL doctor Julio Serrón, a quien Paola Rojas pidió su opinión. El abogado aclaró que su opinión era técnica. “Es claro que esta Junta mediante el decreto 3.985 le dio anuencia a la IDL a los efectos de que suscribiera el contrato con ARROYAL S.A. por un plazo de 15 años y llegado a ese plazo la posibilidad de una prórroga por 15 años más. Este decreto se votó ad referéndum del TCR, que lo observó por ilegal el procedimiento utilizado en este en este contrato, suscrito en principio en aquellos albores en el 2008, 2009. Desde el año 2018 vengo sosteniendo lo mismo, que acá existió una ilegalidad, no se cumplió con el artículo 35 de la ley 9515, no pasó el primer contrato por la aprobación de la JDL, lo cual determinó en mi humilde opinión que existiera una ilegalidad que no se puede subsanar, por lo menos bajo mi asesoramiento, en el sentido que cuando se salió de la dictadura se convalidaron muchas ilegalidades, pero esta no se podía convalidar en mi humilde opinión”.

DE NINGUNA MANERA

Serrón continuó manifestando: “El TCR, con los mismos argumentos que yo utilizara, apoyó lo que dije y en el informe que hace mención tanto el informe en mayoría como el informe en minoría, establezco claramente que de ninguna manera la JDL puede dar la anuencia. ¿Qué significa esto? Observa el TCR, viene al cuerpo, porque debe venir al cuerpo, a los efectos de que mantenemos o no mantenemos la observación. Si estamos de acuerdo en este cuerpo con lo que observa el TCR, no se le da la anuencia al Ejecutivo para que se suscriba el contrato. Es decir, necesariamente el expediente tiene que venir al cuerpo, a nuestra decisión. No es que somos ajenos”.

TANTO TIEMPO

Siguió el debate, fue extenso, finalmente se llegó a la votación, se aprobó el informe en mayoría y la propuesta de conformación de un espacio de trabajo que también integre el Ejecutivo Departamental.