El diputado del Frente Amplio (FA) por nuestro departamento Javier Umpiérrez hizo declaraciones con respecto a la construcción de una represa en Casupá. El legisador recordó que “la idea de una represa en el arroyo Casupá se estudia desde 1970. En ese año, un estudio financiado por la OEA ya recomendaba construirla. Después vinieron otros estudios, otros gobiernos, otras promesas y la obra nunca se hizo. En 2014, OSE y la CAF firmaron un convenio para avanzar en serio. Entre 2016 y 2017, en el gobierno del presidente Tabaré Vázquez, se elaboró el proyecto básico y el Estudio de Impacto Ambiental. El documento está fechado el 2 de octubre de 2017, con la firma de la consultora Typsa. No es un invento de ahora, es un expediente que tiene casi diez años. En diciembre de 2019, pocos meses antes de irse, Tabaré Vázquez hizo algo que pocos recuerdan. Llamó al presidente electo Luis Lacalle Pou y le entregó en mano una carpeta con dos propuestas. Una era la planta de tratamiento de lodos para el Santa Lucía. La otra era la represa de Casupá. Vázquez lo dijo clarito en aquella conferencia: ‘Ante una claudicación de la represa de Santa Lucía es necesario que el país tenga una reserva para atender las necesidades de agua que tiene el 60% de la población. Y estimó la inversión en unos 150 millones de dólares para las dos obras. La CAF ya había autorizado en ese momento un préstamo de 80 millones para Casupá. Lacalle Pou recibió la carpeta. Y después, su gobierno decidió congelar el proyecto”.
ELIGIÓ EN SU LUGAR ARAZATÍ
Umpiérrez dijo que “en lugar de Casupá, el gobierno anterior apostó a Arazatí, también llamado Proyecto Neptuno, tomar agua del Río de la Plata, en San José, y potabilizarla. Fue una idea presentada en 2020 por un consorcio privado (Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast) y aceptada por el gobierno. En noviembre de 2022 OSE llamó a licitación y adjudicó la obra a ese consorcio, que pasó a llamarse Aguas de Montevideo. Primero, el agua del Río de la Plata es salada buena parte del año. En plena sequía, cuando más se necesita, es cuando más sal entra. Por eso el proyecto tuvo que inventar un pólder, una especie de laguna artificial de 4 hectómetros cúbicos dentro del río, para tratar de guardar agua dulce. Un invento caro para tapar un problema de origen. Segundo, el costo. El contrato que se terminó firmando el 23 de enero de 2025, a pocos días de que el gobierno anterior se fuera, comprometía al Estado a pagar entre 900 y 1.000 millones de dólares en 17 años y medio. OSE factura unos 550 millones de dólares por año. Es decir, se hipotecaba a la empresa pública por casi dos años enteros de recaudación para una planta que, según el propio Ministerio de Ambiente, solo iba a cubrir un tercio de la demanda del área metropolitana. Y tercero, se firmó a pesar de que ya se sabía que el gobierno que venía no estaba de acuerdo. Se firmó en plena transición, después de perder la elección. Eso, en cualquier casa, se llama dejar un problema atado”.
SENTARSE A NEGOCIAR EN SERIO
El diputado frenteamplista comentó que “cuando asumió el presidente Yamandú Orsi no se podía simplemente romper el contrato. Romperlo de un día para el otro le hubiera costado al Estado unos 100 millones de dólares solo por rescisión, sin contar juicios por lucro cesante y litigios internacionales. Por eso el gobierno hizo lo que había que hacer, sentarse a negociar. Y negociar en serio. Después de meses de reuniones, con el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, el ministro Edgardo Ortuño, el presidente de OSE Pablo Ferreri y el empresario Alejandro Ruibal por el consorcio, se llegó a un acuerdo el 18 de julio de 2025. Se dejó sin efecto Arazatí. En su lugar, el mismo consorcio va a construir una planta potabilizadora nueva en Aguas Corrientes, al lado de la actual, con capacidad de 200.000 metros cúbicos por día, más una séptima línea de bombeo y una planta de tratamiento de lodos. El costo del contrato bajó de 364 a 213 millones de dólares. Y el ahorro total para el Estado, contando todas las obras de agua potable para el área metropolitana, es de más de 150 millones de dólares. Con ese ahorro, y con plata propia, el gobierno pudo retomar lo que estaba congelado, Casupá. Eso no es improvisación. Eso es gobernar con responsabilidad”.
CASUPÁ EN NÚMEROS CONCRETOS
Umpiérrez informó que “Casupá es una obra con proyecto, con financiamiento y con licitación en marcha. Va a estar en el límite entre Florida y Lavalleja, sobre el arroyo Casupá, a unos 10 kilómetros del pueblo de Casupá. La presa va a ser de hormigón compactado con rodillo, de 750 metros de largo y 30 metros de altura máxima. El embalse va a cubrir 2.127 hectáreas y va a guardar 118 millones de metros cúbicos de agua bruta. Para que se entienda: casi el doble que Paso Severino, que hoy guarda 67 millones y es nuestra principal reserva. Esa reserva nos permite tener hasta 60 días de agua asegurada en una sequía severa y garantizar el abastecimiento del área metropolitana hasta 2045. Estamos hablando de casi dos millones de personas, el 60% de la población del país. El financiamiento ya está aprobado: la CAF aprobó el 10 de octubre de 2025, un préstamo de 130 millones de dólares, de los cuales 110 millones son para la obra y 20 millones para expropiaciones. Ya hubo dos desembolsos, por unos 10 millones en total”.
Aceptó que “sí, hay un impacto”. “Hay que decirlo sin vueltas. Se van a inundar unas 2.000 hectáreas y se van a expropiar cerca de 100 padrones. Se van a talar unas 400 hectáreas de monte nativo, que es el 20% del área a inundar. Para eso el proyecto prevé vivero con la Intendencia de Florida, rescate de ejemplares, revegetación con especies nativas y un área protegida asociada a la represa. Y la CAF exige ocho salvaguardas ambientales y sociales, que ya están presentadas. Ninguna obra de este tamaño es sin impacto. La pregunta es si el país puede seguir sin reserva de agua. En 2023 casi nos quedamos sin agua potable. En Montevideo se abría una canilla y salía agua salada. Eso ya pasó. No podemos darnos el lujo de que vuelva a pasar”.
LACALLE POU DIJO QUE ERA NECESARIA
El entrevistado fue claro al expresar que “acá hay algo que se dice poco y hay que decirlo con todas las letras. En febrero de 2024, en una gira por Casupá, el propio expresidente Luis Lacalle Pou reconoció que la represa era necesaria. Y no fue solo eso. Cuando asumió, él mismo contó que sobre su escritorio le habían dejado dos carpetitas. Una decía: ‘si tenés tiempo y conseguís la plata, la represa de Casupá’. Él sabía que el proyecto estaba, que estaba estudiado y que estaba financiado. También lo dijo su gerente general de OSE, Arturo Castagnino: ‘Casupá no está descartada. Casupá es necesaria’”, dijo el diputado.