En el desarrollo de la sesión especial en la Junta Departamental de Lavalleja con “Ediles por un día –Personas Mayores”, luego de la exposición en Asuntos Previos hubo un cuarto intermedio y al volver a sala expusieron las personas mayores sobre diferentes temas.
LOS DERECHOS NO CADUCAN
Solange Santos expuso sobre “Marco normativo y conceptual de los derechos de las personas mayores”.
Expresó: “Autoridades presentes, representantes de las organizaciones sociales y hoy protagonistas de esta jornada. Hoy nos convoca una actividad con un profundo significado democrático, ‘Ediles por un día’. Que como personas mayores, ocupemos estos lugares, estemos haciendo uso de la palabra, presentando propuestas y expresando nuestras preocupaciones, es una oportunidad para reafirmar un principio fundamental: las personas mayores somos sujetos plenos de derechos y protagonistas de la vida política y comunitaria. No estamos aquí solamente para hablar sobre las personas mayores, estamos aquí para ser escuchadas, reconocer nuestra experiencia, garantizar nuestra participación en las decisiones que afectan nuestras vidas y las de nuestras comunidades. Porque la ciudadanía no se pierde con la edad, los derechos no caducan y la participación no puede depender de la etapa de la vida que transitamos. El punto de partida de esta jornada es la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, un instrumento internacional fundamental para nuestro continente y que Uruguay ratificó durante el mediante la Ley 19.430 en 2016. La Convención establece una perspectiva que debemos incorporar en nuestras decisiones, nuestras instituciones y nuestras prácticas. Las personas mayores tenemos derecho a vivir con dignidad, autonomía independencia, igualdad y sin discriminación por razones de edad. No se trata de considerar a las personas mayores únicamente desde sus necesidades de asistencia o protección. Se trata de reconocernos como personas con capacidad de decidir, de participar, de aportar conocimientos y de intervenir activamente en la construcción de la sociedad. Esta perspectiva nos exige superar el viejismo, es decir, los prejuicios estereotipos y prácticas discriminatorias por el solo hecho de ser viejos. También nos exige revisar aquellas decisiones que aún sin proponérselo nos terminan excluyendo de los espacios, servicios y oportunidades. La Convención reconoce, entre otros, el derecho a la participación e integración comunitaria, a la salud, a la cultura, a la recreación, a la accesibilidad y a la movilidad personal. Estos derechos están relacionados entre sí. No alcanza con que un derecho esté reconocido en una norma si las condiciones materiales, sociales o institucionales impiden ejercerlos. Por eso, hablar de derechos humanos en la vejez significa preguntarnos si todas las personas pueden ejercerlos efectivamente sin barreras económicas, físicas, tecnológicas o sociales”.
CULTURA Y SALUD MENTAL
Uno de los temas que se abordaron es el acceso a la cultura y su importancia para la salud mental.
El artículo 21 de la Convención reconoce el derecho de las personas mayores a la cultura. Este derecho comprende mucho más que la posibilidad de asistir a un espectáculo o visitar un museo. Incluye la oportunidad de crear, aprender, compartir conocimientos, disfrutar de las expresiones artísticas y participar de la vida cultural de la comunidad. “La cultura puede contribuir al bienestar emocional, favorecer los vínculos, fortalecer el sentido de pertenencia y generar oportunidades para el encuentro y la participación. Por eso constituye un recurso relevante para la promoción de la salud mental y la prevención del aislamiento social. Pero para que este derecho sea efectivo debemos identificar y eliminar las barreras que limitan el acceso, entradas que no pueden costearse, edificios sin rampas ni ascensores, dificultades de transporte, falta de información accesible o actividades que no contemplan la diversidad de las personas mayores. Una comunidad que promueve la cultura para todas las edades es una comunidad que reconoce el valor de sus integrantes y crea oportunidades para que nadie quede al margen. Otro eje central es el ejercicio de la ciudadanía incluida la incluida la ciudadanía digital. La convención reconoce nuestro derecho a la participación e integración comunitaria y a intervenir en los asuntos públicos en condiciones de igualdad. Esto supone poder expresar opiniones, organizarse, formular propuestas, ser escuchadas y participar en los procesos de tomas de decisiones. La democracia no se agota en el acto de votar, también se construyen los espacios donde se discuten las prioridades de un departamento, se definen los servicios que necesita una comunidad y se decide cómo se distribuyen los recursos públicos. En este sentido, ‘Ediles por un día’ representa una oportunidad para acercar a nosotros y a todas las personas mayores a los mecanismos institucionales de participación y para que nuestras propuestas sean consideradas en la agenda departamental. Hoy, además, la ciudad ciudadanía se ejerce cada vez más en entornos digitales, acceder a la información pública, realizar trámites, comunicarse con las instituciones y participar en espacios virtuales son posibilidades que deben estar al alcance de todas las personas. Sin embargo, la transformación digital también puede generar nuevas dificultades cuando faltan dispositivos, conectividad, formación o asistencia para usar las tecnologías. Promover la ciudadanía digital no significa exigir que todas las personas se adapten a la tecnología sin apoyo. Significa garantizar oportunidades de aprendizaje, información accesible, acompañamiento cuando sea necesario y alternativas presenciales que eviten nuevas formas de exclusión. La edad no debe con convertirse en una barrera para informarse, expresarse ni participar”.
TERRITORIOS
“La posibilidad de ejercer ciudadanía también depende del territorio que habitamos. Una plaza, una vereda, una parada de ómnibus, un centro cultural o una oficina pública pueden facilitar la autonomía y el encuentro o convertirse en obstáculos que restringen la vida cotidiana. El artículo 26 de la Convención reconoce el derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal. Garantizar ese derecho requiere atender las condiciones del entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. Por eso, hablar de espacios públicos accesibles y amigables con las personas mayores implica pensar en veredas transitables, cruces seguros, iluminación adecuada, bancos para descansar, baños accesibles, señalización clara y lugares donde sea posible encontrarse y permanecer con seguridad. También implica considerar el transporte urbano, su cobertura, frecuencia, accesibilidad seguridad y adecuación a las necesidades de quienes lo utilizan. El transporte no es solamente un medio para desplazarse, es una condición que permite acceder a la salud, la cultura, la educación, los vínculos afectivos, las actividades recreativas y los espacios de participación ciudadana. Cuando una persona no puede trasladarse de manera segura y accesible, sus oportunidades de participación se reducen. Por eso la planificación urbana y el transporte deben incorporar la perspectiva de las distintas edades y de las diferentes condiciones de movilidad. Construir territorios amigables con las personas mayores no significa espacio exclusivo para nosotros, significa crear entornos que reconozcan la diversidad humana y permitan que todas las personas vivan, circulen y participen en condiciones de igualdad”.
CUIDADOS
“En ese marco es necesario reconocer la importancia de los cuidados y los apoyos desde una perspectiva de derechos humanos. El informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su 54º periodo de sesiones en 2023 sobre la importancia de los cuidados y el apoyo desde una perspectiva de derechos humanos contribuye a situar esta cuestión en la agenda internacional. Los cuidados no deben entenderse exclusivamente como una responsabilidad privada de las familias ni como una tarea que recae principalmente sobre las mujeres. Son una dimensión fundamental de la vida y requiere corresponsabilidad entre el Estado, las familias, la comunidad y los distintos actores sociales. El Plan Nacional de Cuidado 2026-2030 de Uruguay reafirma el compromiso con el derecho al cuidado, la calidad de los servicios y una organización más equitativa y corresponsable. Su perspectiva de curso de vida nos recuerda que los cuidados y los apoyos deben responder a las necesidades de las personas respetando su dignidad, sus decisiones y su autonomía. Recibir cuidado cuando se necesita no debe significar perder la capacidad de decidir sobre nuestra vida. Del mismo modo, requerir apoyos no puede convertirse en una razón para excluir a alguien de la participación social o política. Los temas que abordamos hoy se relacionan además con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y sus objetivos de desarrollo sostenible. La salud y el bienestar, la igualdad de oportunidades, la reducción de las desigualdades y la construcción de ciudades y comunidades inclusivas, seguras y sostenibles son objetivos que interpelan directamente a los gobiernos y a la sociedad. La Agenda 2030 nos plantea un desafío que sigue plenamente vigente, avanzar hacia un desarrollo que no deje a nadie atrás. Para saber lo realidad, deben incorporar las necesidades, las voces y los aportes de las personas mayores en la planificación y evaluación de las políticas públicas. En Uruguay el Tercer Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez 2026-2030 constituye un marco nacional para orientar las políticas públicas, desde una perspectiva de derechos humanos promoviendo la autonomía, la participación, la igualdad y la no discriminación. Su proceso de elaboración incorpora aportes de las personas mayores, organizaciones de la sociedad civil e instituciones de todo el país. En esa misma línea, la publicación ‘Territorios que participan, aportes departamentales para el Tercer Plan Nacional de Envejecimiento y Vejeces’ reconoce la importancia de recoger las realidades, las necesidades y propuestas que surgen en los territorios. Esta dimensión territorial es fundamental.
Las condiciones de envejecimiento, no son idénticas en todos los departamentos ni en todas las localidades. Las posibilidades de acceder a servicios, trasladarse, participar en actividades culturales y contar con redes de apoyos pueden ser diferentes según el lugar donde se vive. Por eso, las políticas nacionales necesitan dialogar con las realidades departamentales y locales. Y ese diálogo requiere escuchar a quienes conocen esas realidades porque las viven cotidianamente. La participación de las personas mayores no debe limitarse a ser consultadas. Es necesario generar condiciones para que nuestros aportes puedan incidir efectivamente en las decisiones, en la definición de prioridades y en el seguimiento de las políticas públicas. Esta jornada nos invita a reflexionar sobre el papel de la Junta Departamental y de los gobiernos locales en la garantía de los derechos. Las instituciones tienen la responsabilidad de generar espacios de participación accesible, escuchar las demandas de la población, analizar propuestas y trabajar para que los derechos reconocidos en las normas se traduzcan en respuestas concretas. Pero esta tarea también involucra a la comunidad, a las organizaciones sociales y a cada uno de nosotros, una sociedad que reconoce el valor de las personas mayores es aquella que construye vínculos solidarios, cuestiona los prejuicios y promueve la participación en todas las etapas del curso de vida. Quienes hoy asumimos el papel de ediles, tendremos experiencias, conocimientos y perspectivas que merecen ser escuchadas. Sus intervenciones pueden ayudarnos a identificar problemas, reconocer barreras y pensar soluciones para construir un departamento más justo, accesible e inclusivo. Por eso, el valor de esta actividad no debería medirse únicamente por su realización. También debería medirse por la capacidad de las instituciones de escuchar sus resultados, considerar las propuestas y dar continuidad a los planteos que aquí se formulan. Para finalizar, que esta jornada sea mucho más que una representación simbólica, que sea una oportunidad para fortalecer la ciudadanía, ampliar la participación y hacer las instituciones a las personas mayores. Que cada propuesta ayude a comprender que el acceso a la cultura, la salud, al cuidado de la salud mental, la participación ciudadana, la accesibilidad de los espacios públicos y un transporte adecuado no son privilegios ni concesiones. Son dimensiones de una vida digna y del ejercicio efectivo de los derechos humanos. Y que, al concluir esta actividad, no quede solamente el recuerdo de haber ocupado por un día, una banca en la Junta Departamental, sino el compromiso de seguir participando, proponiendo y construyendo ciudadanía todos los días. Porque una democracia es más fuerte cuando todas las edades tienen voz, cuando todas las personas pueden ejercer sus derechos y cuando ninguna queda al margen de las decisiones que construye el presente y el futuro de su comunidad. Muchas gracias”.
Se aprobó por unanimidad la moción de Santos, que vaya lo solicitado a las comisiones de la JDL.
