En el año 2024 la Cámara de Diputados dio sanción definitiva a una ley vigente, de financiación de los partidos políticos, votada por unanimidad.

Costó la unanimidad, y costó tanto que lo que quedó fue una ley muy “lavadita”, tan lavadita que los partidos políticos no sólo no están obligados a brindar información completa sobre su financiación, sino que tampoco existen castigos serios para quienes la incumplen. Un pomposo saludo a la bandera que nos puede costar muy caro.

Desde hace décadas, expertos en seguridad del país y del mundo nos han advertido, repetidamente, que el narcotráfico, como en el resto del mundo, buscaría corromper nuestro sistema político, en base a las enormes cantidades de dinero que mueve y posee.

Hace un par de semanas, gracias a una excelente labor policial, se pudo capturar y condenar a Pablo Leiva, un lavador de dinero de una banda narcotraficanete responsable de abastecer a varias bocas de droga en tres barrios montevideanos. No estamos hablando de grandes narcos. Y no estamos hablando de los grandes lavadores de dinero. Leiva, un “lavador de poca monta”, lavaba cien mil dólares semanales. O sea, US$ 400 mil mensuales. Y el mismo Pablo Leiva era asesor de un edil del Partido Nacional en la Junta Departamental de Montevideo.

Los grupos narco mueven mucho más dinero respecto al que lavaba Pablo Leiva, y cuentan con dinero de sobra para corromper todo lo que sea corruptible.

Basta dar una mirada a lo que ha pasado en otros países latinoamericanos (México, Colombia, Bolivia, por citar a los ejemplos más célebres) para sentir pavor: en México un grupo narco se jactaba hace unos años de pagar una asignación mensual de un millón de dólares al presidente de la República y otro tanto al jefe máximo de las fuerzas de seguridad responsables de combatir al narcotráfico, a nivel nacional.

Si no blindamos a nuestro sistema político contra la corrupción generada por el narcotráfico y por otros grupos criminales, corremos un riesgo muy serio de transformarnos en un narcoestado. Antes era muy importante contar con leyes y mecanismos que brinden transparencia a la financiación de los partidos políticos uruguayos. Ahora corremos riesgo de perder la vida democrática y la República si no lo hacemos, pronto.