Como se informó en la edición de ayer de Primera Página, el senador comunista Óscar Andrade estuvo en Minas. Ofreció una conferencia en Casa Margaret Burgueño del Frente Amplio, acompañado de Luisa Mazzoni, Mario Perdomo y Miguel Sanz. Lo que sigue es lo que quedó de la conferencia sin publicar en nuestra edición de ayer.

EDILES

Andrade se refirió a la situación de los ediles, en referencia a la polémica por la gran cantidad de asesores y pases en comisión que tienen los ediles montevideanos: “eso hay que discutirlo, así como los pases en comisión, pero no es eso lo que está haciendo tambalear la democracia hoy. Lo que está haciendo tambalear la democracia que es mucho más peligroso en nuestra valoración -capaz que es una valoración equivocada- es el vínculo que podría existir entre algunos representantes de los partidos políticos y el narcotráfico. Después, el gasto principal que tiene el Uruguay no es ni cerca el gasto de representación política. Uruguay gasta siete puntos del PBI (Producto Bruto Interno) en exoneraciones tributarias, en gasto fiscal, 6,9 puntos del PIB. Y no se revisan desde el 2016. Se hizo un compromiso este semestre, que tiene que terminar con un estudio del gasto fiscal, porque es muchísimo, son 5.400 millones de dólares. No tengo problemas en revisar el gasto de representación, pero donde estamos gastando sideralmente sin que nadie ponga el tema arriba de la mesa es ese 6,9 puntos de gasto tributario del PIB, que es suficientemente impactante. Fíjate que ahora vamos a destinar 30 millones de dólares a la infancia, incrementables, se puede pasar a ser 50, 70 y 90 millones. Acá hay 5.400 millones de dólares”.

CLIENTELISMO

“Discutamos el clientelismo, algunos instrumentos votamos el año pasado de la regulación del sistema político, pero lo más grave sigue es el vínculo del crimen organizado y el narcotráfico rozando actividades de representación política. Tuvimos discusión de ley de financiamiento (de los partidos políticos), hay que ver si dada esta situación no madura un acuerdo que diga ‘blindémonos’. Para mí sería esperable. (…) De este hecho del edil, de los asesores ñoquis, de las vinculaciones con el narcotráfico y el lavado de dinero ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo urgente? Que no se llegue a la elección que viene, sin tomar medidas con el vínculo financiero, sin blindarte con mecanismos de mayor control sobre el pase en comisión. Antes que llegara el Frente Amplio, los ingresos del Estado no eran por concurso y por sorteo, pasaron a ser por concurso y por sorteo, hubo esfuerzos de transparencia, se creó la JUTEP, está la ley ahora para el ingreso de las intendencias, o sea, se han dado mensajes en esa dirección. Antes de que llegara el Frente Amplio un legislador tenía tres años de seguro de desempleo una vez que culminaba, lo bajamos a un año y ahora planteamos un proyecto para bajarlo a seis meses. Esas son buenas señales, no va a cambiar eso financieramente, no mueve la aguja, son mínimos, son gestualidades, pero parece que están bien. Como en su momento el dejar de cobrar la partida de diarios y está bien, pero eso que está bien no es el centro hoy. Está bien que lo discutamos, pero si solo discutimos eso nos estamos olvidando de algo que es más peligroso, como es una red de lavado que utilizaba a un asesor de un integrante del directorio del Partido Nacional ¿Qué partido está vacunado de eso? Ninguno, vacunémonos. Es evitar que financiamientos de actividades criminales terminen financiando la actividad política. Y hoy no estamos vacunados. Avancemos en esa dirección. Espero y quiero lograr consenso sobre esto”.

EDILES DE LAVALLEJA

Mario Perdomo pidió acotar “una aclaración en la defensa del edil de Lavalleja”: “los ediles son todos honorarios. Me parece importante hacer esta aclaración, porque queda como en la nebulosa de que los ediles cobran o tienen partidas. No, acá en Lavalleja son honorarios, trabajan mucho, invierten mucho tiempo, no tienen asesores y no perciben beneficios. Son realmente muy sacrificados”.

¿DEBERÍA TENER SUELDO UN EDIL?

Se le preguntó a Andrade si el edil debería cobrar, a lo que respondió, que “en lo personal, yo no estoy de acuerdo. Hubo una propuesta en la reforma constitucional del 94 que el edil tuviera sueldo y no tuvo los votos. Pero eso es una discusión diferente. En eso podés abrir ese debate. Ahora en ningún caso, aunque tengas esa discusión, es razonable que tengas asesores sin tarea. Es muy difícil de controlar qué hace el asesor, porque es asesor del edil. Quien tiene que controlarlo es el edil, no lo controla alguien afuera, porque el que contrata es el edil. Repito, no es ni de cerca el problema. Lo grave acá es que había millones de dólares de lavado, una de las drogas que es la pasta base que está reventando algunos barrios, vinculado a los barrios donde tenés más niveles de violencia y criminalidad, vinculado al sistema político. Se está investigando ahora cómo era la responsabilidad en el lavado de dinero”.

CONCURSOS Y SORTEOS

“Desde que estoy en la acción de la política, considero que las lógicas clientelares fueron mucho más duras antes que ahora. Antes nos llamaba menos la atención, pero eran mucho más duras que ahora. Hay que trabajar sobre eso y de hecho no hemos trabajado sobre eso, porque estuvimos cinco años para ponernos de acuerdo con una ley para el ingreso por concurso y sorteo a la gestión pública a nivel municipal porque precisábamos mayorías especiales”.

CONFLICTO DEL PUERTO

Al preguntarle sobre el conflicto de los trabajadores del Puerto de Montevideo, Andrade dijo: “Es raro lo que está pasando, porque se llegó a un acuerdo en el puerto. No teníamos conflicto en el puerto, tenía convenio colectivo, teníamos conflicto en la playa de contenedores de una empresa del puerto, o sea no había un conflicto general en el puerto. Y este conflicto en el puerto tenía implicancias económicas. ¿Qué es lo que nos viene pidiendo la oposición hace dos o tres meses? Que militarizáramos el puerto, declarando ‘medidas prontas de seguridad’, que lo que se termina haciendo es que si hay huelga, despedís al huelguista y lo sustituís. El resultado más probable es que en vez de un conflicto en una empresa del puerto, tuvieras un conflicto en todo el puerto. Este creo que es el objetivo último de algunos actores, porque el Partido Colorado acaba de presentar la declaración de esencialidad permanente de los servicios públicos, que es la prohibición del derecho de huelga para los trabajadores públicos. Me parece que estas medidas, que no son nuevas en Uruguay, las tomó el gobierno de (Jorge) Pacheco Areco en el año 67-68 -gobernar vía medidas prontas de seguridad y estado de excepción-, lo que pasó fue que más de 5.500 trabajadores presos, muchos sufrieron maltrato y tortura y ese clima interno de una forma represiva de atender la demanda sindical. La esencialidad se puede usar, sí, cuando está en riesgo la vida, cuando tenés un hospital y tenés riesgo la salud, cuando está en riesgo la seguridad, las cárceles, esos son servicios esenciales, la normativa internacional es muy clara. Puede haber temas que no son esenciales que se transformen en esenciales: la basura no se puede dejar durante muchos meses sin juntar, genera focos infecciosos que ponen en riesgo la salud y la vida de la gente. Hay que ser muy cuidadoso de utilizar esta medida. Celebro que se haya llegado a un acuerdo por cinco años en el puerto, donde se reconocen algunos elementos que han estado poco en la discusión, algunos trabajadores pedían que se les garantizaran 21 jornales por parte de una empresa que tuvo más de 100 millones de dólares de ganancias el año pasado. No parece ser un planteo tan exorbitante, el que derivó en el acuerdo del puerto. Entonces, celebro que el camino que se ha elegido sea el acuerdo y no la esencialidad, no la militarización”.