La Ley 18.471, que llevó dos años de trabajo a la Comisión Honoraria de Bienestar Animal, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), también regula las especies de animales que están habilitadas para compañía, considerándolos bienes de propiedad privada sujetos a una normativa especial. Dicho estatuto atribuye responsabilidades a quienes tengan animales a su cargo, sean o no sus propietarios, como mantenerlo en condiciones físicas y sanitarias adecuadas, dándole alojamiento, alimento y abrigo en condiciones adecuadas según su especie.
En torno al tema, Javier Umpierrez, diputado frenteamplista
por Lavalleja, y en su momento presidente de la Comisión Nacional Honoraria de
Tenencia Responsable y Bienestar Animal, consideró que existen grandes
carencias en cuanto a una política nacional y departamental, en este sentido.
DIFÍCIL IMPLEMENTACIÓN
Umpierrez insistió que si bien se creó la ley que Uruguay no
tenía ,“ha sido difícil implementarla”. “Primero, dicha ley creaba una comisión,
que en esa época se llamaba Comisión Nacional de Bienestar Animal (CONABA); no
tuvo funcionamiento (2015) porque no tenía recursos humanos. Se aprendió de esa
experiencia y al período siguiente esa comisión se convirtió en la Comisión de
Tenencia Responsable y Bienestar Animal (COTRIBA), con un gerente como Nino
Pintos, quien trabajó muchísimo en torno a la temática, pero donde a pesar de
que aparecieron algunos recursos humanos, faltaron los recursos económicos”. “Ahí
se intentó tomar una política pública con algún avance”, acotó.
CRECIMIENTO EXPONENCIAL
Afirmó que ha crecido exponencialmente la cantidad de
perros. “En Uruguay en 2015 se calculaba 1.300.000 perros, casi un can cada dos
personas, pero se calcula que en la actualidad hay alrededor de dos millones de
perros. Para el Uruguay es muchísimo. Creo que, si no hay un involucramiento
firme de las Intendencias y Municipios, que es bueno aclarar, fueron creados
con ese espíritu de trabajar en las políticas más de cercanías, por ejemplo, en
el levantamiento de los residuos, en el alumbrado, en el tránsito y el
bienestar animal que es una problemática de todos los días de las localidades
pequeñas. Considero que se está fallando en la elaboración de políticas públicas
consensuadas. En Minas no hay una campaña de concientización social, que creo
son muy importantes porque hacen razonar a la gente, cosas que no las tiene en
la agenda común”.
Recordó que hay una ley que da “ciertas obligaciones al
tenedor de perros y una de ellas es el chipeado del animal, que tiene como
objetivo saber de quién es el animal y si sucede algo con un lector se sabe de
quien ese animal”.
QUIENES ANTES NO, AHORA SÍ.
Años atrás, recordó Umpierrez, “en una jornada donde se
trataba la temática, estaba la intención de quienes son hoy gobierno de decirle
todo que no al Frente Amplio (FA) sobre todas las políticas que se pretendía
hacer. Ese día fuimos muy maltratados por gente que fue a la instancia pura y
exclusivamente abuchearnos y a contradecirnos en vez de intercambiar para ver
los pro y los contra de una posible solución. Estaban contra el chipeado de los
animales, algo que hoy lo están impulsando. Creemos en una política que tenga
como objetivo transparentar y relacionar el animal con una persona. Si bien en
la actualidad se está microchipeando una cantidad de perros, hay que hacer políticas
de concientización departamentales, hay que buscar espacios públicos para los
animales para que la gente pueda ir con ellos”. “Ese es el camino”, reflexionó.
EL PROBLEMA DEL ESTADO
Sobre la creación del Instituto Nacional de Bienestar
Animal, recapacitó que es “otro paso que se dio, pero antes, nosotros
propusimos se crearan las Comisiones Departamentales de Tenencia Responsable y
Bienestar Animal (CODETRIBA), integradas por el Ministerio de Ganadería
Agricultura y Pesca (MGAP), la Intendencia, el Ministerio de Salud Pública
(MSP) y el Ministerio de Interior y ahí intentar hacer una política
departamental que trabajara sobre estos temas. El problema está en que el
Estado tiene muchos funcionarios, pero nunca los destina a trabajar en los
lugares necesarios. Por ejemplo, la IDL puede tener dos o tres funcionarios
preparados para trabajar en este tema, que cuando aparece un perro problemático
en algún barrio, hacer el trabajo de saber de quién es, trabajar junto con un
policía y alguien del MGAP preparado para la tarea y alguien del MSP. Pasa que
no se está trabajando en la política. Creo que hay una dificultad, una es la
falta de compromiso y la falta de difusión sobre la problemática”. “Caminos hay
para encontrar una solución”, concluyó Umpierrez.
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