La existencia continuada, por muchos años, del sistema de trabajo zafral en la Intendencia de Lavalleja (IDL), parece haberse naturalizado.
Una parte importante de los trabajadores de la IDL son
zafrales. Algunos han trabajado allí por meses, o lo hacen esporádicamente.
Otros, al parecer, han estado en esa situación por años.
Y es algo a lo que nadie debería acostumbrarse.
El trabajo zafral a veces es necesario, y a veces
imprescindible. Para atender una necesidad imperiosa para que una institución,
que necesita sacar adelante una tarea urgente. Para atender una situación
socioeconómica imperiosa, por ejemplo con el sistema de jornales solidarios que
se estableció recientemente en todo el país, con contratos precarios, por unos
seis meses, para miles de uruguayos cuya situación económica se ha visto
seriamente deteriorada en el último año y medio.
Es necesario, no obstante, que todos, desde los gobiernos
-nacional, departamental, locales- hasta los vecinos, pasando por los
principales afectados por el sistema, los propios trabajadores zafrales, no
normalicemos el sistema, y hagamos lo que esté a nuestro alcance para
minimizarlo, y para utilizarlo sólo de manera esporádica, o cuando sea
estrictamente imprescindible.
En primer lugar, porque es un sistema que no respeta los
derechos de los trabajadores, comenzando por el derecho a una estabilidad
laboral. Muchos de nosotros hemos escuchado hasta el hartazgo las historias de
personas que deben esperar, cada pocos meses o cada mes, para renovar sus
contratos.
Aún si la asignación de los cargos para mano de obra no
especializada se hace por estricto sorteo -hay historias y versiones sobre
reparto de cupos para trabajadores zafrales entre agrupaciones políticas, al
menos en el pasado reciente-, la precariedad laboral de estos trabajadores es
absoluta, y debería ser inaceptable, para todos. (Una nota al margen: si la
asignación de cupos de los cargos para trabajadores zafrales se hiciera en
todos los casos por estricto sorteo, sería inexplicable que haya casos de
zafrales que han permanecido en sus cargos a veces por muchos años. Salir
favorecido en tantos sorteos consecutivos requeriría más suerte que la
necesaria para ganar el pozo mayor en el 5 de Oro).
Estos trabajadores tienen contratos por poco dinero,
generalmente por salarios inferiores a los que reciben los funcionarios
presupuestados, por las mismas tareas, o por tareas similares. Contratos que no
contemplan derechos por los que los trabajadores han luchado por décadas o
siglos, en el país y en el mundo. Por ejemplo, hace tan sólo unas semanas se
definió la forma en que los salarios se ajustarán en la Intendencia de
Lavalleja, en la presente administración. Los trabajadores presupuestados
ajustarán por inflación sus salarios semestralmente. Los zafrales, sólo una vez
por año. Los trabajadores presupuestados recibirán una partida especial en
enero del año 2022. Los zafrales no.
Los trabajadores zafrales no cobran salario vacacional, ni
aguinaldo, ni tienen ninguno de los muchos otros derechos que cualquier
trabajador en el país en esas condiciones debería tener.
Cobran -se definió en el último presupuesto- sólo $ 89 por
hora de trabajo, sin derecho a cobrar horas extras.
Los trabajadores zafrales no tienen carrera funcional, no
ascienden en sus cargos, porque no forman parte de un escalafón que permita
hacerlo. No importa cuán buenos sean en su trabajo, no importa cuánto se
esfuercen, no importa si se capacitan y estudian. Seguirán en el mismo cargo y
cobrando lo mismo, mientras tengan la suerte de mantenerlo.
¿Hay que terminar con el sistema, despidiendo a todos los
trabajadores zafrales?
Claro que no. No hay que despedir a ninguno de ellos.
Lo que hay que hacer es comenzar a regularizar y dignificar
su trabajo.
Los trabajadores zafrales deberían comenzar a disfrutar,
para empezar, de los mismos derechos laborales que tienen sus compañeros
municipales. Por otro lado, el gobierno departamental debería comenzar a
transitar el camino de regularizar el trabajo y la carrera funcional de estos
trabajadores, que no merecen menos respeto y dignidad que ningún otro. El
gobierno departamental -al igual que otros que lo utilizan en otros
departamentos del país- debería comenzar a transitar un camino que lleve al fin
de este sistema, indignante e indigno.
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